La semana pasada, la jefa del régimen, Dina Boluarte, inauguró una exposición dedicada a la modernización de las fuerzas armadas, defensa civil y la policía. En esa feria la Direccion Contra el Terrorismo (Dircote) tenía un stand en el que se afirma, sin pruebas, que el Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) es controlado por Sendero Luminoso. Esto en un contexto donde siete dirigentes ayacuchanos de esta organización son acusados de terrorismo, sin indicios contundentes. El caso está en investigación y aún no hay sentencia ni condena.
Por Jair Sarmiento
“Nuestros militares y policías están al lado de los más necesitados y merecen nuestro reconocimiento”, decía Dina Boluarte en la inauguración del Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, conocida por las siglas SITDEF.
Este evento se realizó en el Cuartel General del Ejército del Perú (El Pentagonito) en San Borja, Lima.
En tal encuentro de uniformados, estaba el stand de la Direccion Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en donde se instaló un pequeño “museo” del conflicto armado interno en el Perú, pero con una visión totalmente parcializada.
En este se pudo ver cómo es que en uno de los paneles se criminaliza y estigmatiza las protestas asociándose con actos terroristas, en específico, las últimas que se han desarrollado a nivel nacional en contra del régimen militar y policial de Boluarte.
“Agitar el odio, propagar la confrontación: La sistemática búsqueda de estallidos sociales, la tenebrosa fórmula del extremismo violento”, era el título de uno de las partes de esta muestra de la Dircote.
En otra parte de esta exposición, se puede ver otro panel en donde estigmatizan los pedidos de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. “Los vencimos hace tiempo, pero su odio sobrevivió (…) y hoy están en las calles escondiéndose entre la gente”, se lee en una de estos carteles.
Las imágenes que contiene estas palabras son las de un terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán.
Recordemos que durante el contexto de las movilizaciones contra el regimen, se hicieron esas demandas legítimas. Sin embargo, en algunos casos, estas han sido criminalizadas por las autoridades, usándolas en contra de dirigentes de movimientos como el Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), a quienes la Fiscalía, encabezada por Patricia Benavides, acusa de terrorismo.
Uno de los carteles que más llamó la atención se titulaba “Seguimos luchando por la paz”, ahí donde se menciona al Fredepa y el caso de sus dirigentes investigados y detenidos.
La Dircote de la PNP afirma que este frente creado en los anos 60’s, mucho antes del conflicto armado interno, es una manifestación “bajo inspiración y control de Sendero Luminoso”.
Wayka ya ha desmontado este argumento en una nota previa en donde la tesis “Servir al Pueblo de todo Corazón” de la antropóloga Mercedes Crisóstomo Meza, constata que el Fredepa no fue creada o impulsada por SL o por Abimael Guzmán.
Otro detalle que se ve en el cartel en donde abordan las protestas de 1969 en Ayacucho donde cientos de estudiantes de Huanta se levantaron en huelga indefinida contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado para buscar la abolición de un decreto que multaba a los alumnos que desaprobaban cursos. Esto también lo aborda el propio gobierno en una nota de su página web.
Pero para la Dircote, “el sangriento experimento senderista” azuzó a la población para realizar estas marchas, en específico, el Fredepa. Por último, afirman que el Fredepa es un “espacio de acogida a terroristas excarcelados”.
Sin pruebas, la Dircote terruquea al Fredepa y sus dirigentes. Cabe agregar que solo siete miembros de esta organización están siendo acusados por terrorismo, y hasta ahora no hay indicios ni elementos de convicción que prueben que estas personas son parte de un brazo de SL, en ese sentido, tampoco una hay una sentencia o condena para calificarlos como terroristas.
Solo el caso de Rocío Leandro Melgar, quien fue procesada por terrorismo, es necesario precisar que fue condenada por un ‘tribunal sin rostro’, pasó 11 años de su vida en prisión, y fue inculpada por el asesinato de Pedro Huilca, sin embargo, luego fue liberada, ya que se demostró que el Estado, durante la dictadura fujimorista, fue quien asesinó al dirigente sindical.