Este miércoles 15 de febrero, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra siete dirigentes y cercanos al Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) a quienes la Fiscalía acusa de realizar actos de terrorismo por exigir una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución. Con esta decisión, se marca un precedente grave contra los movimientos, organizaciones y colectivos sociales que exigen el cambio de la constitución fujimorista.

Por Jair Sarmiento

Anoche se marcó un precedente grave no solo contra el Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), sino contra todos los movimientos, organizaciones y colectivos sociales que exigen una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución. En tal sentido, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra los siete miembros del primer frente histórico del Perú, fundado en 1966.

Los dirigentes que serán investigados por 18 meses son Rocío Leandro, Alejandro Manay, Piero Giles, Estefany Alanya, Fernando Quinto, Clido Canales y Alex Gómez. En el caso de Yulisa Gómez se ordenó comparecencia con restricciones.

Hay que aclarar que hace poco los familiares y abogados de los miembros del frente relataron sus historias a Wayka, donde denuncian las detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.

El Fredepa, que fue perseguido por las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno, vuelve a ser estigmatizado y criminalizado en medio de una estrategia de ‘terruqueo’ que viene siendo promovido por las altas autoridades en el Perú contra aquellos que exigen, principalmente, la renuncia de Dina Boluarte y justicia para los más de 40 asesinatos que carga su régimen militar y autoritario.

Tanto la Fiscalía como la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) han tenido la misma postura sobre este caso. “Nueva Constitución, que es la bandera de lucha de los frentes de defensa o los organismos generados por Sendero Luminoso…”, mencionó repetidas veces la Fiscalía durante una de las audiencias.

«El que por primera vez habló de cambio de Constitución fue Abimael Guzmán Reynoso en el año 2000», dijo hace poco el director de la Dircote, general José Zavala.

Los abogados de los miembros del Fredepa mostraron su inconformidad con la decisión del juez Raúl Justiniano, por lo que presentaron su recurso de apelación de acuerdo con ley.

Cabe recordar que el requerimiento de prisión preventiva fue solicitado por la fiscal provincial Ketty Garibay Mascco. Wayka accedió a este documento en donde se les imputa el delito de terrorismo a través de «argumentos» sorprendentes que, según la defensa legal de los detenidos, son absurdos y no tienen sentido.

¿Fredepa es Sendero?

En un primer lugar, según la Fiscalía, el Fredepa es un organismo generado de Sendero Luminoso, y que este grupo terrorista le dio la venia de su creación.

Sin embargo, según la tesis “Servir al Pueblo de todo Corazón” de la antropóloga Mercedes Crisóstomo Meza, esta organización no fue creada o impulsada por SL o por Abimael Guzmán. 

Para ello, la especialista da dos razones, primero, “porque Guzmán funda el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso hacia fines de 1969 e inicios de 1970 y el Frente de Defensa se funda en 1966, tres años antes de la creación del PCP-SL; segundo porque cuando se formó el Frente de Defensa, Abimael Guzmán no se encontraba ya en Ayacucho”.

Durante aquellos años, Guzmán es rechazado por la lucha armada que planteaba, muy distante de las propuestas de trabajo barrial, campesino y obrero del Fredepa.

Asamblea Constituyente y Nueva Constitución

Según la Fiscalía, el pedido de una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución es un plan de Sendero Luminoso ya que dicha “consigna” se menciona dentro del acuerdo de paz propuesto por Sendero Luminoso en 1993 y “es desarrollado por el Movadef”.

Pero si nos remitimos a la definición de estos términos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), se puede entender que es una reunión de personas, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente. 

“En este entendido, la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo participativo y democrático para la reforma total o parcial de la Constitución”, precisa. Por ende, esta demanda no le pertenece ni es una estrategia de un grupo determinado y menos significa un acto terrorista.

El coloquio internacional sobre conflicto armado interno

Otro hecho que se les imputa a los detenidos es haber participado del «Coloquio Internacional- Violencia del Estado en el Perú, del Conflicto Armado Interno (1980 -2000) a la «Generación del Bicentenario», la cual, según la fiscal fue financiada por el Fredepa. Para la Fiscalía, basándose en información de inteligencia de la Dircote, este evento buscó “justificar el accionar terrorista” de SL.

Sin embargo, este encuentro, en donde participaron personalidades como Lurgio Gavilán, fue financiado por la Universidad Le Havre Normandie, de Francia, y organizado por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), entre otras instituciones.

Anouk Guine, profesora de la Universidad Le Havre e investigadora del conflicto armado en el Perú desde el 2010, señaló a Wayka que el evento no fue improvisado, tuvo que pasar por un proceso y filtro académico muy exigente.

En tal sentido, comentó que el apoyo del Fredepa solo fue a nivel logístico ya que los ayudaron a encontrar un local en Ayacucho, además, confirmó que algunos miembros fueron ponentes, pero que previamente sus propuestas independientes fueron evaluadas por el comité científico.

Sobre el caso contra los dirigentes del Frente, indicó que, de nuevo, «estamos en una caza de brujas contra todo aquel que critica un poder ajeno».

«Lo que está pasando ahora nos recuerda, en muchos aspectos, las horas mas sombrías de la dictadura fujimorista, podemos decir que estamos bajo un régimen cívico militar, pero maquillado con otras estrategias de golpe, las formas de aplastar al enemigo han cambiado. Lo que si es inédito es la respuesta del pueblo, la resistencia del pueblo que aprendió que tiene memoria, justamente que vivió esa dictadura, y que ahora esta respondiendo de manera histórica y muy valiente», explicó Guiné.

Wayka pudo hablar con uno de los ponentes que participaron, el cual mencionó que la persecución a dicho evento inició debido a que uno de los temas que se abordaron fue el tema del terrorismo de Estado, un término con amplia data histórica y con estudios que prueban las violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante años en los gobiernos del Perú.

En tal sentido, recuerda cuando en octubre del 2022, el exjefe de la Dircote, José Baella, terruqueó dicho coloquio internacional diciendo que se buscaba «confundir jóvenes». En aquel tiempo, los organizadores del coloquio rechazaron tales acusaciones a través de un pronunciamiento.

El joven académico que prefirió mantenerse en el anonimato manifiesta su preocupación por la investigación respecto a la violencia, la memoria y la represión histórica.

«Términos terroristas»

Alejandro Manay Pillaca es profesor de Historia y docente de Filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Es parte del Fredepa. Así, fue parte de la Mesa 5 de dicho coloquio en donde se hablaron de los antecedentes de las luchas sociales, insurgencias y violencia de Estado. 

Durante su ponencia, calificó de guerra interna al periodo de violencia en el Perú, y por ello, según la Fiscalía, es un indicio de afiliación terrorista ya que este término fue usado por SL. Pero si uno revisa material académico histórico e incluso si uno lee los tomos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), podrá hallar tal expresión.

Según inteligencia de la Dircote, Rocío Leandro fue solo público en dicho coloquio, pero según el programa del evento fue como expositora para hablar sobre “Estigmatización, criminalización y persecución a dirigentes sociales”. Su ponencia fue luego de la participación de la excongresista, poeta y profesora, Rocío Silva Santisteban.

Fernando Quinto es ingeniero agrónomo y tiene mucha cercanía con la problemática social del campo, según su padre. Por esa razón, participó como expositor y habló sobre “Una Nueva Constitución para democratizar la sociedad peruana: Experiencias a partir de las luchas sociales en Perú y Chile” en el coloquio mencionado.

Durante su ponencia habló de la estigmatización a luchadores sociales y dirigentes revolucionarios, y mencionó el término conflicto armado interno. Eso le basta a la Fiscalía para relacionarlos a SL y afirmar que busca “descontextualizar la realidad de los hechos ocasionados por delincuentes terroristas”.

Quinto Cuba se pronunció contra el Operativo Olimpo, en donde se detuvo a 77 personas por supuestos vínculos con SL y, en poco tiempo, se dictó su prisión preventiva. En la actualidad, las y los ciudadanos procesados del operativo Olimpo están llevando la investigación en libertad, ya que la prisión preventiva no logró ser justificada por la Fiscalía, aunque fueron encarcelados por más de un año. En su momento, diversos expertos señalaron que este caso atentaba contra los derechos humanos y el Estado de derecho. Para la Fiscalía, Quinto “justificó el accionar terrorista”.