Foto: Andina
Escribe Carlos A. Bedoya
Cuando el ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, dijo hace unos días que el salario mínimo de 850 soles era adecuado y que en el corto plazo no se subiría, le estaba hablando especialmente a las decenas de miles de trabajadores de Plaza Vea, Vivanda, Economax, Inkafarma, Cineplanet, Oechsle, Promart, Real Plaza, Bembos y muchas más empresas del grupo Intercorp liderado por el magnate peruano Carlos Rodríguez-Pastor Persivale.
La gran mayoría de estos trabajadores ganan el salario mínimo, uno de los más bajos de América Latina, y bastante rezagado nacionalmente en términos de inflación, productividad y crecimiento económico.
Pero no se trata de un tema estrictamente técnico como lo pinta el ministro Grados, sino de la parte más política que tiene la economía: la distribución de la renta entre trabajadores (salarios) y accionistas (utilidades), mejor dicho entre capital y trabajo.
Un aumento del salario mínimo de 850 a 1000 soles como reclaman las centrales sindicales afectaría directamente la renta de familias como los Rodríguez-Pastor, considerada por Forbes en el 2015 la más rica del Perú. Solo el patrimonio del patriarca superó ese año los 2 mil millones de dólares.
Y con el cuento de la inversión se justifica que Carlos Rodríguez-Pastor no baje la velocidad del crecimiento de esa fortuna, aunque eso signifique que miles de otras familias que trabajan para él vean disminuir el valor real de sus ingresos día a día.
Eso no pasaría de ser una ideología perversa de represión salarial, sino fuera porque el ministro Alfonso Grados ha sido durante 8 años (entre mayo del 2007 y abril del 2015) nada menos que vicepresidente ejecutivo de operaciones de Interbank. De hecho, salió de allí para ser gerente administrativo de la campaña presidencial de PPK.
Una vez ganada la elección, sin ser laboralista, ni tener experiencia en la gestión pública, Grados se hizo del ministerio de Trabajo. Algo muy conveniente para su exjefe, que además es muy amigo de PPK. Hasta el primer ministro, Fernando Zavala, ha sido por años miembro del directorio de Interbank. Una mezcla de dinero y poder bastante pertinente para los negocios.
En tal sentido, es coherente que Grados haya emitido dos decretos para ajustar las inspecciones y los arbitrajes laborales en favor de los empleadores como bien explicó Enrique Fernández-Maldonado en su columna: ¿reforma o profundización? publicada en Diario UNO.
Son muchas las denuncias por horas extras no pagadas y amenazas frente al reclamo en el grupo aludido. Solo una de sus empresas tiene sindicato (San Miguel), y en 2013 despidieron a los trabajadores que intentaron formarlo en Plaza Vea, a pesar de que allí laboran más de 10 mil personas. Estos decretos son solo un adelanto de la reforma laboral que se viene, cuyo objetivo es garantizar mano de obra barata juvenil a la gran empresa pues la agroindustria, las Mype, y la exportación no tradicional ya tienen sus propias leyes antilaborales.
