Escribe Daniel Meza.
Mientras la gran prensa del Brasil ha venido mostrando portadas de lo que sería un gobierno opresor y corrupto sucumbiendo ante una valerosa multitud ciudadana –cual si fuese la Primavera Árabe–, la verdadera historia resulta mucho más compleja y preocupante. Un grupo de funcionarios con graves cargos de corrupción por el caso Lava Jato –léanse el vicepresidente Michel Temer, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y decenas de parlamentarios– están muy cerca de expulsar del cargo a una presidenta elegida democráticamente y hacerse del poder, de un modo muy cuestionable.
¿Cómo llegamos hasta aquí? La crisis desencadenó cuando se abrió la investigación del escándalo Lava Jato, entramado en el que funcionarios del gobierno y la petrolera estatal Petrobras recibían –de parte de firmas de construcción– suculentas coimas con el fin de orientar licitaciones por un monto que ascendería a 10.000 millones de reales (aproximadamente $3.000 millones). En él están implicados, además del partido de gobierno (Partido de los Trabajadores, PT), varios de oposición, con tendencias liberales y conservadoras. Estos últimos, en los últimos meses, cuando empezaba a caer uno a uno los participantes del llamado ‘Petrolão’ (desde políticos hasta altos empresarios como Marcelo Odebrecht), cuya mitad por lo menos de miembros son condenados o procesados por corrupción y/o lavado de dinero por Lava Jato, han venido apresurando el fin del gobierno de Dilma mediante un proceso de ‘impeachment’ o juicio político.
La presidenta es –irónicamente– una de las escasas personalidades políticas de alto rango que no es procesada por corrupción o lavado de activos.
Por otro lado el gobierno de Rousseff, valgan verdades, sí es responsable de manejar erráticamente las cuentas del estado (Brasil enfrenta una crisis económica sin precedentes) y sí es responsable de incurrir en las ‘pedaladas fiscales’, maniobra en la que el gobierno maquilló cuentas del Estado para solventar programas sociales sin afectar los indicadores económicos. Por esto la presidenta es acusada por la oposición de cometer un “crimen de responsabilidad”, al presuntamente haber avalado esta maniobra.
Esta crisis económica, sumada al escándalo de Lava Jato, ha hecho tambalear a tal punto el mandato del PT, que la Cámara de Diputados ha encontrado en las ‘pedaladas’ la excusa perfecta para abrirle un proceso de ‘impeachment’ a Rousseff, el cual se confirmará en votación este 11 de mayo en el Senado.
CUESTIONABLES ARGUMENTOS
¿Es esto motivo para expulsar a Dilma Rousseff? De acuerdo a voces autorizadas independientes, si bien el ‘impeachment’ es una figura constitucional, no hay razón suficiente que amerite su uso contra la presidenta.
“Afirmar que la remoción de Dilma es legítima porque se cumplió con los procedimientos legales oscurece el hecho de que estos fueron utilizados de manera forzada con una finalidad antidemocrática. Fue forzado porque no se demostró –ni se intentó demostrar– que los cargos contra la presidenta por las ‘pedaladas fiscales’ constituían un ‘crimen de responsabilidad’. Esta comprobación es una condición necesaria para el juicio político”, sostiene Germán Lodola, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella. “Si esta decisión de política fiscal llegara a constituir un delito, sería además un delito menor que en condiciones normales jamás produciría la salida de un presidente”, indica Lodola.
En esa misma línea, el jurista brasileño Fabio Kónder Comparato, Doctor en Derecho de la Universidad de París y catedrático de la Universidad de Sao Paulo, opina que “el presidente de la Cámara de Diputados y sus ayudantes forjaron groseramente la existencia de un delito de responsabilidad de la Presidenta Dilma Rousseff”. Para el especialista, las ‘pedaladas fiscales’, de acuerdo a la ley, no constituyen dicho delito: “todas las definiciones penales se refieren estrictamente a ‘operaciones de crédito’ (…) y ‘las pedaladas’ no tienen nada que ver con ello. Son retrasos en la transferencia de fondos a bancos, que luego fueron registrados en la rendición de cuentas del gobierno federal”, esclarece Comparato.
LOS MOTIVOS REALES
Al caer en cuenta que no hay motivo suficiente para la remoción de Dilma del cargo, lo real aquí es que –como dice Celso Rocha de Barrios, sociólogo brasileño de la Universidad de Oxford– “la destitución brindará una distracción conveniente mientras otros políticos intentan limpiar sus propias oficinas”.
La impopularidad de Rousseff por el tema económico la ha convertido un blanco fácil no solo para la ira pública, sino también para quienes están en las antípodas del PT en lo político, las clases más pudientes del Brasil que no tienen el poder desde que Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones por primera vez, hace más de una década. No es casualidad que el empresariado brasileño celebre y apoye la impugnación.
Para el periodista Glenn Greenwald, premio Pulitzer 2014, es claro que la campaña anti-Rousseff es “incitada por los intensamente concentrados, homogenizados, y poderosamente corporativos medios de comunicación, financiados principalmente por los ciudadanos más pudientes que albergan animosidad hacia el PT y todo lo que tenga que ver con programas anti-pobreza”, y añade, “esta campaña, de adineradas facciones que aún no toleran los resultados de las elecciones democráticas, engañosamente marchan bajo el lema de la anticorrupción”.
El historiador francés Laurent Vidal considera que la situación que atraviesa Rousseff es el reflejo de la discriminación social que históricamente ha existido en Brasil. Esta hoy se manifiesta ante el debilitamiento del PT, partido que llegó al poder gracias a las clases brasileñas más excluidas, las mismas que en buena parte lograron salir de la pobreza durante los gobiernos petistas.
Esta situación “esconde principalmente una forma de desprecio social que se instaló en el corazón de los brasileños. El excluido hoy no es solo aquel que sufre de carencias materiales, también es aquel que no es reconocido como sujeto digno de pronunciarse sobre una elección política y social”, analiza el académico de la Universidad de la Rochelle de Francia.
El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reconoce que el poder económico brasileño está detrás del proceso de impugnación, al que ha llamado “golpe blanco”, y ha comparado con los casos de Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay. Pérez advirtió que los políticos que apoyan el ‘impeachment’ de Dilma tienen varios procesos penales en curso por corrupción, lo que indica que “la corrupción no es la variable determinante, lo que en verdad está en juego son las políticas de Estado y quién las debe realizar”.
No es el objetivo de este artículo defender al gobierno del PT. Al igual que otros procesados, Lula da Silva deberá responder ante la justicia por los cargos que se le imputan. La molestia de muchos sectores con el gobierno es totalmente comprensible por una gestión económica con serias falencias. Ello, sin embargo, no justifica el atropello de la democracia que Temer, Cunha y compañía están perpetrando, haciéndose pasar por justicieros. Es evidente aquí que acaudalados sectores del Brasil encontraron en este caos su mejor oportunidad para usurpar el poder.
(AP Photo/Eraldo Peres)
