El saneamiento legal y la construcción de la carretera que utiliza diariamente Las Bambas costaría al Estado peruano alrededor de S/ 2,000 millones de soles. Este dinero provendrá de los impuestos que se recauda.
Sin embargo, ¿este es, realmente, un gasto socialmente eficiente?, ¿por qué no invertir todo este dinero en educación o salud? La responsabilidad de Las Bambas para asumir los costos de construir la carretera quedó “al margen” cuando se convirtió en vía pública. Las negociaciones de los anteriores gobiernos, extrañamente, no lo previeron u omitieron. No obstante, en adelante, una opción razonable podría ser que la construcción y el mantenimiento de la carretera incluya el cobro de un peaje.
La carretera del corredor minero del sur andino abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en una longitud de más de 400 km. Actualmente, esta carretera está en el foco de la atención nacional debido al bloqueo que mantuvo por más de 50 días la comunidad de Fuerabamba, en la zona de Yavi Yavi, impidiendo el paso de los camiones de transporte de mineral de Las Bambas. En su recorrido, sin embargo, existen en realidad 149 centros poblados y 72 comunidades[1].
La primera fase para alcanzar una solución duradera a este conflicto es concluir con el saneamiento físico legal de esta vía, ahora nacional. En este proceso es una condición ineludible atender a todas las comunidades que fueron afectadas, no sólo a Fuerabamba, de otro modo estaremos próximamente frente a nuevos conflictos.
Para la apertura y ampliación de ciertos tramos de la carretera, que actualmente utiliza Las Bambas, se utilizaron tierras de distintas comunidades y como corresponde en toda obra se debió haber comprado o expropiado las tierras, como se ha hecho; por ejemplo, con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o estaciones del Metro de Lima.
Se requiere alcanzar un justiprecio por la tierra y para ello se podría recurrir a una tasación independiente, pero, ante todo, es necesario un proceso transparente De hecho, sería muy valioso para la resolución de este conflicto que finalmente la empresa Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba hagan público el contrato de transferencia del fundo Yavi Yavi. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) señaló que cuenta con S/ 300 millones para el saneamiento legal de los terrenos de 38 comunidades comprometidas por la carretera.
La segunda fase para atender este conflicto es realizar el asfaltado de la carretera. Según informe del MTC de noviembre de 2018, el asfaltado de la carretera costará S/ 1,752 millones de soles. Los 370 vehículos de Las Bambas que transitan por esta carretera no asfaltada, produce ruido, vibración, polvo, congestionamiento y accidentes de tránsito.
Todo esto viene generando un gran malestar y protestas, lo que obligó a la empresa a regar la carretera, pero esto es insuficiente. Además, las comunidades se quejan de que la empresa está tomando agua de sus manantiales sin consultarles.
En la segunda modificatoria del Estudio Ambiental (EIA), de 2014, la empresa no incluyó en la solicitud que iba a realizar el cambio de mineroducto por transporte terrestre. Solo cuando el Ministerio de Energía y Minas le pregunta por la forma de transporte, incorpora irregularmente el cambio. Esto hizo que no se identificaran los impactos del transporte ni las obligaciones para mitigar o evitar los daños ocasionados.
Se ha señalado constantemente que el mineroducto ya no tenía sentido comercial cuando las unidades mineras de Antapaccay y Las Bambas dejaron de tener al mismo propietario en el 2014[2]. Sin embargo, en el EIA inicial de Las Bambas de 2011, la empresa no solo se había comprometido al mineroducto, sino también a construir y asfaltar una carretera alterna para el transporte de suministros. Este último compromiso se eliminó en la segunda modificatoria del EIA; es decir, desapareció, ¿por qué?
En el caso de Antamina en Áncash, principal productor de cobre hasta el 2015, para sus operaciones se comprometió a invertir en un mineroducto hasta el puerto de Huarmey y además en el asfaltado de una carretera alterna. Lo cierto es que esta empresa ha logrado que sus diversos conflictos sociales se mantengan en un nivel de baja intensidad.
En el Convenio Interinstitucional de 2016 entre Las Bambas y el MTC, la empresa se compromete a financiar los estudios técnicos para la carretera que ascendían a S/ 15 millones, monto bastante menor a la inversión total requerida.
Asimismo, en enero de 2019, en la tercera modificatoria de su EIA, aunque la empresa señala que no tiene por qué asumir la remediación de los impactos, pues la carretera es una vía pública, también ofrece voluntariamente asfaltar algunos tramos, pero solo con base negra, que de acuerdo a especialistas del Estado es inadecuado técnicamente para el transporte pesado. Cada camión de Las Bambas para el transporte de concentrados tiene un peso de 87 toneladas con carga. Este ofrecimiento paradójicamente fue aceptado por el SENACE.
Algunas voces señalan por qué no se usa el canon para asfaltar la carretera. Las Bambas recién en el 2020 empezará a pagar canon, por su parte, las regalías son pagadas desde el 2016. Sin embargo, para financiar el monto de la construcción de carretera e indemnizaciones se requerirá destinar durante tres años todo el canon y regalías de Apurímac. Solo con las regalías se utilizarían ocho años de este aporte, ¿es justo que Apurímac financie una carretera que usa, principalmente, la empresa para el transporte minero, en lugar de invertir en su propio desarrollo?
Si bien Las Bambas utilizó su stock de concentrados, almacenados en el puerto de Matarani, para atender sus ventas, los 52 días de bloqueo podrían haberle costado S/ 1,300 millones de soles de menores ingresos. Si a esto le sumamos los costos de mantenimiento de la carretera, vía regado, durante 18 de años de vida de la mina ¿no sería más razonable reorientar estos recursos para cofinanciar y darle una solución conjunta con el Estado al tema de la carretera?
El cobro de un peaje en esta vía nacional puede ser la solución para que quienes realmente la utilizan financien los S/ 2,000 millones que requiere su saneamiento legal y asfaltado, además de los futuros costos para su mantenimiento ¿la empresa y otras más, estarán de acuerdo?
[1] Cifra aproximada.
[2] Las Bambas pasa en propiedad de Glencore a MMG.