Perú deberá responder a la Corte IDH por tortura sexual de policías contra persona LGTB

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) será la instancia en la que el Gobierno peruano tendrá que responder por la detención ilegal y tortura sexual contra Azul Rojas Marín, en lo que se considera un caso de violencia hacia las personas LGTB.

Es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), traslada un caso a la Corte IDH.

El 25 de febrero de 2008 en Casa Grande (Trujillo), Azul Rojas fue detenida cuando caminaba hacia su casa, por miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes supuestamente realizaban un control de identidad en la zona.

Los policías la agredieron verbalmente por su orientación sexual y luego físicamente. La sometieron a diversas formas de violencia y violación sexual.

Los responsables no han sido procesados ni si quiera una sanción. La víctima fue descalificada y su testimonio puesto en duda tanto por operadores de justicia en la actuación probatoria como en el marco de las decisiones que dieron lugar al sobreseimiento de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul, según sus representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS, organización británica que lucha contra la tortura y Promsex.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se presentó el caso, consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT.

Además, consideró que existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay. La Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y además que se encuentran presentes elementos constitutivos de la tortura.

La CIDH sometió el caso –ocurrido hace 10 años- a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018 porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura sexual de la que fue víctima.

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