Redacción Wayka
65 familias de Morococha Antigua (Junín) han estado conviviendo por más de 5 años con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera china Chinalco.
El jueves pasado, la Corte Superior de Justicia de Junín declaró fundada una medida cautelar interpuesta por los morocochinos que tiene el fin de impedir el desmantelamiento y destrucción del ornato urbano en la zona que ellos habitan que es la única que no está en ruinas en Morococha.
Son 34 hectáreas de terreno que son la ambición para el futuro del proyecto minero Toromocho y debido a esto, el Gobierno las expropió y las cedió a Chinalco. Con esto, la minera china comenzó su proyecto de ampliación (US$ 1.355 millones).
Los morochochinos presentaron una acción de amparo contra Activos Mineros, la SBN y Chinalco para conseguir la nulidad de la expropiación. En enero de este año reforzaron la demanda con una “medida cautelar de no innovar” que les ha sido concedida y que podría paralizar el proyecto minero Toromocho, asegura Carlos Castro, abogado de las 65 familias.
“Esa sería la consecuencia jurídica, porque las empresas concesionarias están obligadas a adquirir legalmente los predios superficiales sobre los cuales ejecutarán actividades de explotación. Y ese no es el caso acá”, explica Castro.
Hoy 5 de febrero, las familias de Morococha vienen realizando una conferencia de prensa para exigir el cese de hostilidades a la minera Chinalco y donde también se informará sobre las próximas acciones para lograr que se implemente la resolución a su favor.
