Los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima denunciaron abusos por parte del alcalde y empresario Rafael López Aliaga en su primer día como burgomaestre tras despedir a un centenar de empleados con contratos indeterminados. Laboralistas consultados señalan que esta medida es despido arbitrario.

Por Jair Sarmiento

El 2 de enero del 2023, a las 6:30 a. m., Jorge Huapaya, empleado edil con contrato administrativo de servicios (CAS), llegó a las puertas de la Municipalidad de Lima para retomar sus labores, pero no lo dejaron entrar. Le mostraron una carta de finalización de contrato, le pidieron que acepte y firme, pero se negó. En Año Nuevo se enteró que estaba despedido junto a otros cientos de trabajadores de la comuna a pesar de que sus contratos eran indefinidos. Esa fue la primera acción de la gestión del alcalde de Lima y empresario Rafael López Aliaga.

Jorge señala que había escuchado rumores de que podían ocurrir despidos masivos como pasó en el periodo del exalcalde Luis Castañeda Lossio, y por eso, junto a sus compañeros, asistieron a trabajar el lunes, pese a que ese día era no laborable compensable para empleados del sector público. 

“En el segundo periodo de Castañeda pasó lo mismo, botaron a la gente sin ningún aviso, a los CAS de aquel tiempo tampoco se les notificó. Hoy nosotros tenemos una Ley (N° 31131) que nos respalda, por eso nosotros nos sentíamos seguros, pero igual nos botaron”, comenta.

La Ley 31131 precisa que el contrato administrativo de servicios (CAS) es de tiempo indeterminado, y por lo tanto no tienen una fecha fija de finalización, salvo que el trabajador haya sido contratado para labores de necesidad transitoria o de suplencia.

Trabajadores en las afueras de la Municipalidad de Lima. Foto: Difusión

Antes de los ceses masivos, Jorge cuenta que a finales del 2022, la Municipalidad de Lima envió un correo citando a los trabajadores públicos CAS para la firma de las adendas a plazo indeterminado, es decir, sus contratos no serían temporales. 

A mediados de noviembre, en paralelo a la comisión de transferencia de la gestión municipal, él y sus compañeros hicieron cola desde las 8 a. m. en el Teatro Municipal. Unos pocos lograron ingresar y firmar, pero un momento después, la Municipalidad dio la orden de suspender este proceso. Jorge y otros colegas se enteraron que el aún electo Rafael López Aliaga y el alcalde Miguel Romero Sotelo estaban reunidos en el Palacio Municipal, y a partir de allí se ordenó paralizar todo.

Esto se puede corroborar a través de las propias palabras de López Aliaga: “El primer día que vine a la Municipalidad de Lima (…) se estaba convocando a tener contratos con tiempo indeterminado a más de 3 000 a 4 000 personas. Entonces ese fue el motivo por el cual yo pedí parar toda la transferencia y hablar a solas con el alcalde Romero y decirle que así no juega Perú”, dijo en conferencia.

Además de ese episodio, Jorge cuenta que al día siguiente despidieron a Paola Araoz, jefa del Área de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) de la Municipalidad de Lima. “Y pusieron a otra persona en el puesto. Esto no puede ser casualidad”, afirma.

A Jorge y sus compañeros les dijeron que sus adendas serían enviadas a sus respectivas áreas, pero nunca pasó. “Muchos enviamos cartas para que nos den esas adendas, pero no obtuvimos ninguna respuesta y bueno, pasó lo de ahora, el primer día de trabajo nos botan”, explica. 

Jorge Huapaya denuncia que los despidos se habrían dado a trabajadores CAS que iniciaron en 2019. Foto: Archivo personal

Incluso algunos de sus colegas que lograron firmar sus adendas en plazo indeterminado, porque llegaron antes de la paralización, también los despidieron y nos los dejaron entrar.

“Nosotros, los CAS del 2019 en general, son los que han botado, me parece”, señala Jorge, quien tiene casi tres años en la Municipalidad de Lima.

A Abrahan Chinchay, trabajador CAS, también le negaron la entrada a su oficina. “No no estás en la lista, amigo, ¿quién te invitó?”, le dijo el personal de la Municipalidad de Lima. 

“Con esa frase como que da a entender que habían quienes estaban siendo elegidos a dedo”, señala Abrahan.

María Bernabel, trabajadora CAS y madre gestante, menciona que aquel día una de sus compañeras en condición de embarazo mostró su fotocheck, y personal de la comuna limeña se lo ‘arranchó’ de las manos. “¡Imagínese! Hicieron eso en el estado que nos encontramos”, manifiesta.

María y otras trabajadoras CAS gestantes y lactantes crearon un grupo para pedir ayuda en el Congreso. “No solo es un tema laboral, también atentan contra nosotras por nuestra condición de mujeres”. Ya se han reunido en la Comisión de Trabajo con la congresista Sigrid Bazán.

“Queremos saber los descargos de la actual gestión edil porque hasta ahora no se da cuenta de eso. Sabemos que a Servir le han dado una información incompleta”, añade María. 

María Bernabel es madre gestante y pese a su condición fue despedida. Foto: Archivo personal

Los trabajadores CAS despedidos mencionan que a quienes entraron durante la gestión de Castañeda Lossio aún se mantienen en la comuna, pero también añaden que hay reemplazos, es decir, nuevos empleados públicos que serían partidarios del fallecido exalcalde de Solidaridad Nacional, investigado por corrupción.

Jorge señala que el primer día fueron 500 ceses, pero hoy podrían haber alrededor de 2.500 despidos. En total, son 3.000 trabajadores bajo el régimen CAS en la comuna limeña.

Cabe agregar que, en noviembre del 2022, la Municipalidad de Lima emitió un informe en el que detalló la lista de personal CAS con plazo indeterminado, entre ellos Jorge y Abrahan. “Entonces, estos despidos no tienen sentido”, comenta Abrahan.

PREPARAN DEMANDA CONTRA MUNICIPIO

En estos momentos, Jorge, Abrahan y sus colegas —que en su mayoría pertenecen al Sindicato De Trabajadores Municipales De Lima (Sitramun-Lima)— se están asesorando con abogados para seguir con el proceso y sobre cuándo iniciarán con la demanda contra la Municipalidad de Lima.

“Nos vamos a tener que ir a juicio”, mencionan.

Ante los señalamientos del actual alcalde, Jorge indica: “Hemos trabajado más de lo normal, nos hemos roto el lomo para sacar la gestión adelante, hemos trabajado duro para que no se caiga la gestión durante la pandemia”.

Al respecto, Alberto Huerta, jefe de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, declaró que ya han abierto un expediente de queja. 

“Hasta ahora tenemos más de 150 solicitudes de intervención y prevemos que se vaya incrementando. Nuestra intención es acercarnos a la municipalidad y exigir los motivos por los cuales se han suscitado los hechos, para ver si es un tema presupuestal o desconocimiento normativo, aunque estamos suponiendo esto último”, comentó Huerta.

Según el vocero de la Defensoría, han recibido denuncias mayormente de trabajadores CAS con contrato indefinido.

Además, precisó que “la norma no distingue en qué momento de gestión municipal sirvió el trabajador, no mira si fue de Lossio o  de Muñoz, no mira eso, si no estaríamos haciendo un trato diferenciado, y en materia laboral, eso está prohibido”, explica Huerta

Por su parte, Víctor Gómez, secretario general del Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores (SUIT) de Sunafil, señala que los inspectores están atados de manos respecto al sector público, ya que su entidad no puede intervenir. 

“La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) se encarga de ver estos temas, pero debería haber una modificación o proyecto normativo para que la Sunafil pueda fiscalizar el sector público ya que el CAS es un régimen perverso dentro del Estado”, comenta. De igual forma, rechazó los ceses en la Municipalidad de Lima. “El señor López Aliaga debería revertir esta decisión”, acotó.

DESPIDOS ARBITRARIOS

Para Rosa Varillas, abogada laboralista, los trabajadores CAS que han laborado desde el 2019, de manera ininterrumpida, no pueden considerarse transitorios ya que han estado en labores permanentes e incluso no sería necesario una adenda para que sus contratos sean a plazo indeterminado.

“La decisión del alcalde es totalmente atentatoria a la ley y a la sentencia del TC que declaró constitucional los contratos CAS a plazo indeterminado. Y los despidos solo se pueden dar por causa justa comprobada, a través de un proceso disciplinario, pero en ninguno de estos casos hubo tal, por ende esto configura como despido arbitrario y los trabajadores tienen el derecho de demandar y ser repuestos”, comenta.

Sin embargo, Varillas menciona que esta situación genera afectación a los trabajadores y sus familias, ya que tienen que esperar a que haya un reconocimiento judicial y la reposición de sus puestos puede tardar meses en donde no generarían ingresos.

Varillas señala que esta práctica ocurre en diferentes municipalidades y entidades públicas a nivel nacional con el fin de colocar personal afín a los intereses de la gestión electa.

Servir ha manifestado que “en caso los/as servidores/as CAS consideren que han sido desvinculados contraviniendo el marco normativo vigente, podrán apelar esta decisión. (…) De advertirse que incurren en incumplimientos, se emitirán recomendaciones o medidas correctivas”. 

Para la especialista, Servir es la entidad que tiene que resolver esta situación, pero antes debe tener una respuesta más activa frente a un hecho que ya es nacional.

Otro laboralista consultado explica que han pasado años y lamentablemente Servir no ha implementado una potente fiscalización laboral ya que no poseen inspectores especializados en ello, por lo que debería ser Sunafil la entidad que intervenga en el sector público.