Víctimas del Sodalicio piden audiencia con el papa León XIV y exigen la publicación del decreto de disolución

Campesinos de la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos —despojados de sus tierras comunales por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)— y víctimas de abusos sexuales y psicológicos de esta misma organización se unieron para pedir una audiencia con el papa León XIV. Además, exigen que el Vaticano publique los decretos de supresión de esta organización.

En enero de 2024, el fallecido papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), organización religiosa fundada por Luis Fernando Figari en 1971. La medida se tomó tras conocerse el informe de la misión Scicluna-Bertomeu, integrada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, quienes recogieron en 2023 los testimonios de las víctimas de esta organización. Sin embargo, hasta la fecha no se han hecho públicos los decretos que ordenan su disolución.

“En nombre de toda mi comunidad y en nombre de todos los peruanos, le pedimos al papa León XIV que nos dé una oportunidad para tener una entrevista con él y contarle el dolor del campesino”, señaló Marcelino Inga, integrante de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos.

Las víctimas destacaron la importancia de conocer en su integridad las razones que llevaron a suprimir la orden religiosa. Estos documentos podrían ser clave para individualizar responsabilidades y encaminar una reparación concreta a los afectados.

VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE CATACAOS

Según los testimonios brindados en la conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), alrededor de 200 familias fueron afectadas por la Asociación Civil San Juan (ACSJ) —organización fundada por el sacerdote José Antonio Eguren y vinculada al Sodalicio—. A estas comunidades les fueron arrebatadas cerca de 10 000 hectáreas mediante documentos fraudulentos.

Los documentos judiciales del caso “La Gran Cruz del Norte”—una banda criminal condenada por asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento real, entre otros delitos— revelan que la ACSJ realizó pagos a la empresa fachada de esta organización criminal para invadir terrenos, que luego fueron adquiridos por la misma asociación para desarrollar proyectos inmobiliarios.

Los comuneros denunciaron haber sido criminalizados por defender sus tierras. El atropello por parte de la ACSJ fue “bastante salvaje», afirmó Inga, quien explicó que cada comunero enfrentó entre 15 y 25 denuncias por usurpación.

Entre las representantes de la comunidad también estuvo Fiorella Martínez, viuda de Guadalupe Zapata Sosa, asesinado en diciembre de 2011 cuando tenía 26 años. El comunero dejó en la orfandad a dos hijos de 3 años y 6 meses de edad. “Estoy pidiendo y exigiendo también una reparación para mis dos menores hijos, la devolución de las tierras de nuestra comunidad San Juan Bautista de Catacaos”, reclamó Martínez.

SOBREVIVIENTES DE ABUSOS

Los sobrevivientes que denunciaron abusos psicológicos, sexuales y físicos por parte del SVC también ofrecieron sus testimonios. Entre los presentes estaban Renzo Orbegoso, Martín Pérez del Solar, José Enrique Escardó y Martín Scheuch —quien participó virtualmente-, quienes relataron los años de silencio, impunidad y sufrimiento que han enfrentado.

«El silencio es estrategia del victimario. Así se lo dije al papa Francisco y también a monseñor Prevost, ahora papa León XIV. La Iglesia no puede mantener esa estrategia del silencio con las víctimas», señaló Escardó.

Los afectados pidieron que se respalde la labor de monseñor Jordi Bertomeu, encargado de la comisión que investigó los abusos sexuales cometidos por miembros del SVC. Asimismo, solicitaron que el informe de la misión Scicluna-Bertomeu sea remitido a las autoridades estadounidenses, pues allí podrían haberse cometido actos de corrupción.

Tanto los comuneros de San Juan Bautista de Catacaos como las víctimas de abusos sexuales coincidieron en que la Iglesia debe asumir su responsabilidad y no truncar el camino iniciado por el papa Francisco. Exigieron transparencia, justicia y una reparación efectiva para todos los afectados.