La defensa legal de los familiares de víctimas y heridos de las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas y Policía pidieron a los colegios de abogados que se unan para proteger las investigaciones que están en las fiscalías de derechos humanos y en la Fiscalía de la Nación en donde está la carpeta que investiga a Dina Boluarte, Alberto Otárola y sus ministros.
Por Jair Sarmiento
Los abogados de las víctimas y heridos de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte han denunciado acoso y amenazas por parte de individuos y mafias a través de llamadas telefónicas o incluso desde las redes sociales. Así lo manifestaron ayer durante la conferencia de prensa en la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno.
«Hacemos un llamado a todos los colegios profesionales, específicamente a los colegios de abogados de todo el Perú, a unirnos. no solamente para recuperar la democracia sino para proteger las investigaciones que están en las fiscalías de derechos humanos, en la fiscalía del el equipo especial que se creó para las víctimas de las protestas sociales y también en la Fiscalía de la Nación, como es el caso de la carpeta 277, donde está investigada Dina Boluarte, Alberto Otárola y sus ministros», manifestó César Quispe Calsín, abogado de las víctimas de la masacre del 09 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.
«Felicitaciones a militares»
Asimismo, Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los asesinados y víctimas de las masacres 2022 y 2023, relató en la conferencia que un documento fue dejado en la puerta de su hogar en donde habría unas presuntas felicitaciones a militares que participaron en la represión contra las protestas que se dieron en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac.
Los deudos y víctimas señalaron que es inaceptable que actos de violencia contra la población sean celebrados de esta manera, ya que representa una afrenta a la memoria de quienes perdieron la vida y a todos aquellos que continúan sufriendo las secuelas de la violencia militar y policial.
A pesar de los intentos del régimen por intimidar y detener las protestas en su contra, los familiares anunciaron que marcharán a Lima el 27,28 y 29 de julio para seguir exigiendo justicia y sanción para los militares, policías y altas autoridades responsables.
Formalización de 18 investigaciones
La Fiscalía informó que ya se han formalizado 18 investigaciones preparatorias contra 154 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas del Perú por las muertes y lesiones en agravio de 267 ciudadanos ocurridas durante las protestas que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.
Según el Ministerio Público, esta es la cantidad de agentes o soldados investigados por la represión: Ayacucho (27), en Puno (26), Cusco (22), Apurímac (21), Lima (12), Ucayali (2), Selva Central (3), Arequipa (3) y en La Libertad (2).