La penalización del aborto aun se mantiene de pie en el Perú, a pesar de ello, las acompañantes siguen coordinando y resistiendo para que más mujeres decidan sobre su maternidad. Una lucha continua y presente en muchas regiones del país.
Por Ghiomara Rafaele
“Una amiga me contó que para acceder al aborto pagó ¡mil soles! Eso es el sueldo de muchas personas, yo no lo podía creer. Cuando mi amiga vio mi reacción me dijo: «más caro me hubieran salido los pañales”.
Quien narra este momento es Fiorella*, una activista por el libre derecho a decidir que se enmarca en la lucha por un aborto legal y seguro de la Asamblea de Mujeres de Ucayali.
Y es que muchas veces, el acceso a un aborto escapa de los bolsillos de las mujeres a nivel mundial. Algunas no se pueden costear los gastos de una intervención quirúrgica, tampoco el acceso a las tres dosis de cuatro pastillas de misoprostol que es parte un tratamiento de aborto seguro informado públicamente por la Organización Mundial de la Salud Por ello, varias de las mujeres en Ucayali recurren a las hierbas.
“En el mercado hay bastante venta de hierbas, es parte de nuestra cultura ancestral shipiba koniba. Una vez fui a preguntar porque tenía un atraso menstrual y como no tenía mil soles para pagar, mejor me dirigí ahí. Pregunté y me dijeron que sí. Eran S/48”, recuerda Fiorella.
Ella a través de un seminario universitario logró fundar, en compañía con otras activistas, la Asamblea de Mujeres de Ucayali, lo que permitió que posteriormente más mujeres diversas empiecen a unirse y formar parte de este espacio que aún debate la postura proaborto. Las más jóvenes se muestran receptivas a cualquier cambio y son ellas las que motivan una libre elección de la maternidad. Algunas mujeres mayores prefieren no tocar el tema.
“Varias compañeras dejaron el espacio cuando hablamos del aborto. Es el elefante rosado que está en la habitación. Para lograr una mayor libertad, formamos un espacio aparte”, menciona.
Fiorella describe que siempre fue muy rebelde, no se quedaba callada con nada. “Desde niña era así, me indignaba las comparaciones que hacían entre los varones y nosotras. ¿Por qué no le dicen lo mismo a ellos? ¿Por qué nosotras no y ellos sí?».
Poco a poco fue encontrando información, al principio en Facebook, luego en libros y empezó a autodenominarse feminista. Entendió, posteriormente, que el feminismo no es para todas, para ella era una respuesta para sus preguntas, para su dudas, pero «no a todas les toca el corazón de la misma manera».
A veces siente que las personas le miran y le quieren decir ‘Asesina’ con los ojos. «Las entiendo, yo también estuve ahí, es por la falta de información», dice Fiorella, mientras recuerda su infancia y adolescencia atravesada por una educación religiosa y marcada por una postura en contra del aborto. Pero todo cambió cuando ingresó a la universidad. En su casa de estudios derribó las paredes, sus estigmas y comprendió que las mujeres son las dueñas de su propio cuerpo y que ninguna debe ser obligada a gestar, parir y maternar.
Eso también lo comprendió Camila*, obstetra en Pucallpa, quien cada que puede ayuda a mujeres a interrumpir su embarazo. Desde hace 29 años es personal de salud y cree que no se le puede obligar a las mujeres a ser madres. “Estaba en mi SERUM en una zona rural y llegó una mujer en shock, tenía una hemorragia. Mi jefe me dijo: ayudémosla. Ahí aprendí a hacer un legrado. Luego nos contó que había abortado porque ya no podía tener más hijos, ella no podía acceder a métodos anticonceptivos porque vivía en el campo”, cuenta Camila.
La penalización y la persecución legal no solo atraviesa a las mujeres que abortan y las acompañantes, sino también al personal de salud. Camila recuerda un caso del año pasado. Una obstetra le había brindando misoprostol a una paciente, ella tuvo una fuerte hemorragia, se dirigió a un establecimiento de salud, el médico que recibió a la paciente la hizo confesar, este mismo médico denunció a la obstetra que fue detenida por la policía. “Me generó rabia, cómo nuestros colegas pudieron denunciarla”, expresa Camila.
Su postura es firme: aborto para todas. No está de acuerdo en la condena a las mujeres por decidir no ser madres. Tampoco está de acuerdo con la criminalización al personal de salud, “deberían atender y corregir. Salvarlas es la prioridad y, también, prevenir infecciones”.
Camila conoce que esas infecciones son frecuentes. Hace más de treinta años le contó otro personal de salud que las mujeres llegaban con troncos de yuca en la cavidad vaginal, con bombillas de hierbas y sondas que generaban contracciones.
“Yo no los vi, pero me contó ese personal de salud. Ahora todo es diferente, una tiene que estar en constante actualización. Antes solo manejaba el legrado, ahora conozco otras alternativas”, declara.
El trabajo como activista también es importante, en especial si se busca minimizar los casos de embarazo adolescente mediante acciones de prevención en una de las regiones con el mayor número de tasa.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la región Ucayali incrementó en casi 45% los nacimientos en madres menores de 15 años del 2020 al 2021 y, según el Centro de Emergencia Mujer (CEM), sus tasas de atenciones por casos de violencia sexual contra niñas (10 a 14) y adolescentes (15 a 19) se han incrementado.
Por ello, realizar actividades de prevención y cuidado en colegios de Callería, Yarina, San Rafael y Manantay distritos y comunidades de Pucallpa es primordial. Sus actividades van desde brindarles conocimientos para el uso de métodos anticonceptivos hasta el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Pero si hablan del aborto repiten lo que la mayoría de mujeres piden a nivel nacional y mundial: aborto seguro, libre y en un establecimiento de salud, aunque en el Perú siga la criminalización del acceso a la libre elección de la maternidad.
La capacitación no solo se enfoca en fortalecer los conocimientos de los estudiantes sino también a líderes estudiantiles para que repliquen la información.
“Es importante fortalecer el conocimiento de las y los adolescentes para que de manera libre puedan elegir sus métodos anticonceptivos, puedan conocer sus derechos sexuales y reproductivos y de esa manera tomen buenas decisiones en torno a su sexualidad”, declara Andrea*
¿Pero qué pasa si una adolescente o una mujer no accedió a una educación sexual, queda embarazada y decide no continuar con su embarazo?
Una de ellas, Rita* de Serena Morena, una organización que brinda acompañamiento virtual a mujeres que abortan ¿No sabes qué hacer al enterarte del embarazo y quieres interrumpirlo o conocer opciones? Ellas te guían. Lo primero que necesitas es tu ecografía, luego contactarte con ellas mediante un correo electrónico y de ahí, ellas te contactan. Son las que rompen la pantalla y te brindan una mano en momentos difíciles.
“No solo estamos enfocadas en la autonomía corporal, sino también realizamos acciones políticas en la sociedad y también apoyamos a las mujeres en su decisión: decidan continuar o no con su embarazo”, declara Rita.
Serena Morena se encuentra en siete regiones del Perú, entre ellas, Ucayali, y mediante un servidor web te informan sobre el proceso recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los protocolos necesarios que se encuentren avalados por un sustento científico.
Rita repite estas palabras al pie de la letra, pero sabe que uno de esos momentos especiales para ella como acompañante fue poder estar con su mejor amiga cuando tomó la decisión.
“Me sentí atravesada con muchas emociones. La acompañé cuando tenía 4 o 5 semanas, ella estaba en provincia y en casa de su familia. Fue difícil, pero todo salió bien. Lo bueno es que tuve la información a la mano y la compartí con ella. Hicimos que su proceso fuera más ameno”, narra Rita.
Son mujeres que atraviesan todo tipo de criminalización y ayudan a otras a conocer sus derechos sexuales, las acompañan cuando deciden no continuar con el embarazo y no juzgan las decisiones que han tomado otras mujeres. Son acompañantes y activistas que luchan por un futuro en donde todas seamos libres de elegir la maternidad.
*Los nombres de las acompañantes, activistas y personal de salud fueron modificadas debido a la criminalización imperante sobre las mujeres que deciden sobre su maternidad en nuestro país.
