El principal gremio empresarial en Perú reafirma su oposición al Acuerdo de Escazú. Este pacto regional busca garantizar la protección a defensores ambientales y la participación ciudadana en proyectos extractivos.

Redacción Wayka

«Quiero solicitarles respetuosamente desde la posición del empresariado que está presente en Confiep la no ratificación de este Acuerdo de Escazú», expresó María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en una reciente sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Como se recuerda, la Confiep ya ha expresado su oposición al pacto regional que busca reforzar la protección a defensores ambientales y garantizar la participación ciudadana en proyectos extractivos. Este lunes, María Isabel repitió los argumentos del gremio que afirma que el Acuerdo de Escazú se opone a la soberanía del Perú.

«Nuestro país necesita seguir la línea de crecimiento respecto a derechos de información, participación pública y acceso a la justicia en puntos no solo ambientales, si no de otra índole», señaló León. Además, indicó que se debe garantizar una conducta empresarial responsable permitiendo proyectos de desarrollo «sin ningún tipo de sesgo ideológico ni de otra índole que nos mantengan sumidos en la pobreza».

Acuerdo de Escazú

De acuerdo a la presidenta de la Confiep, el Acuerdo de Escazú limitaría o dilataría emprendimientos en minería, pesca o tala. “Se abriría la puerta para que transnacionales y otros gobiernos tomen decisiones sobre nuestro territorio pensando en sus propios beneficios”, declaró.

Sobre ese punto, es importante destacar que en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú se consideran los principios de soberanía nacional sobre recursos naturales e igualdad soberana de los Estados. Por otro lado, no existe ninguna disposición en este pacto regional que haga alusión a la pérdida de territorio nacional.

Responsabilidad pendiente

El Acuerdo de Escazú se pactó en 2018 en Costa Rica y meses después, el Ministerio del Ambiente lo suscribió en representación del Perú. Un año después, el Proyecto de Resolución Legislativa N° 04645/2019-PE ingresó a la Comisión de Relaciones Exteriores para que el Congreso ratifique el acuerdo.

A poco de terminar el 2020, eso aún no ha ocurrido. Y solo durante la cuarentena por Covid-19, cuatro líderes ambientales fueron asesinados. Tres de ellos habían pedido pedido garantías para su vida en instancias locales, pero se les negaron.