Aeropuerto de Chinchero: ¿Solo cuestionar la adenda?

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero ha provocado que se interpele, una vez más, a un ministro del actual gobierno. El primero, como recordamos fue el ex ministro de Educación Jaime Saavedra, quien, el 15 de diciembre del año pasado fue censurado con el voto de 78 congresistas, la mayoría del fujimorismo y aprismo. Esta vez será el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien deberá acudir este jueves 16 de marzo a las 10 de la mañana a responder un pliego de 92 preguntas al Congreso de la República.

A Vizcarra se le cuestiona principalmente que la adenda al contrato con el consorcio privado Kuntur Wasi por la construcción y operación de dicho aeropuerto no favorezca a los peruanos, y que aun así la defienda, al punto de afirmar que se generó un ahorro de casi 600 millones de dólares cuando ese monto no fue más que una pretensión del consorcio que el gobierno rechazó formalmente en noviembre del año pasado. Aunque está claro que el presente gobierno heredó un pésimo acuerdo firmado por la gestión Humala en 2014, las modificaciones incorporadas, habrían –según diversos especialistas- desnaturalizado el modelo de inversión contractual, el mismo que al ser una asociación público-privada tendría que haber mantenido como inversor principal al privado, lo que no ocurre, haciéndolo ahora el Estado, peor aún, dejando tal cual los beneficios económicos de la concesión para el privado por un horizonte de 40 años.

Diversos especialistas propusieron como una mejor alternativa en la renegociación que el Estado se encargue de la construcción y solo después licite la administración con mucha más razón si el 85% del monto de inversión de la obra la asumirá el Estado.

Además se cuestiona que directivos del consorcio sean muy cercanos al presidente y su entorno inmediato, llegando a financiar por ejemplo, su campaña presidencial (y la de la candidata Keiko Fujimori) el 2011. O que una alta funcionaria de dicho consorcio sea hermana del primer ministro Zavala, o que la gestora de intereses de dicho consorcio –según el semanario Hildebrandt en sus trece- sea una muy conocida y cercana colaboradora del presidente Kuczynski durante años: Cecilia Blume. Hasta el ex presidente chileno Sebastián Piñera, socio comprador de nuestro presidente en Exalmar, es accionista minoritario de la concesión.

No es lo único, desde la Procuradoría Anticorrupción se ha puesto la mira sobre diversos funcionarios que forman parte del equipo de la actual viceministra de transportes, Fiorella Molinelli, y que en su momento tuvieron un papel decisivo en el lesivo contrato firmado el 2014 durante la gestión anterior, entre ellos el entonces viceministro de Transportes Carmelo Zaira Rojas –firmante del contrato- ahora asesor del MTC y Yaco Rosas Romero, actual Director general de Concesiones en Transportes del MTC –quien autorizó la firma de la actual adenda-, quien fue el 2014 director de Promoción de Inversiones de ProInversión, y en su momento –como indica el semanario Hildebrandt en sus Trece- tuvo la responsabilidad de llevar adelante el proceso de selección y adjudicación del proyecto de Chinchero.

Pero eso no es todo. La ubicación del aeropuerto también se ha puesto en entredicho aunque este debate mediáticamente ha quedado bastante de lado, y viene por el hecho de que, al estar ubicado Chinchero a más de 3700 msnm, con vientos fuertes, densas neblinas y riesgos de granizo, además de no contar con una orografía adecuada, se estaría limitando seriamente la maniobrabilidad de los aviones de cualquier tamaño durante el aterrizaje, llegando incluso a limitar el tamaño de los mismos por dichas condiciones. Como referencia se puede tomar en cuenta que el único aeropuerto comercial más alto que Chinchero es el ubicado en La Paz, El Alto, con cerca de 4000msnm, el mismo que solo es usado para vuelos internos de una hora u hora y media -los vuelos internacionales desde Bolivia salen desde Santa Cruz (a 400msnm).

Pero no solo eso, está la afectación misma a Chinchero, como menciona el investigador Carlos Monge, “Chinchero es una zona de provisión de servicios ambientales para Cusco y el Valle Sagrado y es zona rica agrícolamente, arqueológicamente, culturalmente y paisajísticamente. Esa riqueza puede ser arrasada por la construcción y el funcionamiento del aeropuerto y la caótica urbanización del entorno”. De no tomar las medidas del caso respecto al cuidado del patrimonio monumental, también se estaría impactando negativamente Machu Picchu que hoy en día ya acoge la máxima capacidad que soporta su recinto. Y eso con 2 millones de turistas al año en Cusco que llegan hoy; genera válida preocupación lo que pasaría con los 7 millones proyectados. Entre las alternativas a Chinchero se propone ampliar y modernizar el aeropuerto actual o redefinir la locación en la Pampa de Anta, mucho más cercana a Cusco, a su misma altitud y con mucha mejor topografía y condición climática u Ocoruro en la provincia de Paruro, de similar forma, con menor altitud y riqueza agropecuaria y arqueológica que afectar.

Más allá de intereses políticos en juego por parte de grupos de oposición, el gobierno debe aún al país muchas respuestas para este importante proyecto, que por lo pronto sigue paralizado hasta que la Contraloría no evacúe el informe relacionado con la legalidad y pertinencia de dicho contrato. Y como vimos, no solo respecto a la adenda o naturaleza del contrato, sino a los indicios de corrupción del gobierno actual y anterior así como la viabilidad técnica de la locación propuesta.