Sin duda, Alan García ha tomado un papel central en nuestra joven e inestable democracia. El paquetazo que arruinó económicamente al país, su vergonzosa partida después de su primer mandato, su regreso al Palacio Presidencial dos décadas después, y ahora su suicidio tras ser envuelto en uno de los casos de corrupción más grande del país culmina este episodio político en nuestro país centrado en un personaje con tantas altas y bajas.
Y mientras seguimos reflexionando al igual que descubriendo la historia de Alan García, también existe el legado de Alan García en el derecho internacional, principalmente en el sistema interamericano de derechos humanos.
Para quienes dudan su relevancia, Alan García reconoció la validez del sistema interamericano de derechos humanos cuando él mismo presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando persecución y amenazas durante la ruptura del orden democrático el 5 de abril de 1992.
Es en el gobierno de Alan García donde se manifiestan los primeros abusos sistemáticos en contra de civiles inocentes en nombre de combatir el terrorismo. No solo se caracterizan estos primeros sucesos por su brutalidad, sino por su total impunidad y el completo respaldo del gobierno. Por ejemplo, en los casos “Durand y Ugarte” y “Neira Alegría y Otros” la Corte Interamericana responsabiliza al Estado peruano de violaciones graves de derechos humanos, entre ellos, crímenes de lesa humanidad. Los casos se tratan de órdenes explícitas del gobierno de Alan García para ejecutar a más de 200 presos indefensos en las cárceles de San Juan de Lurigancho, San Juan Bautista (El Frontón) y Santa Bárbara un 18 y 19 de junio de 1986. Mientras muchos fueron quemados vivos, los que pudieron escapar fueron fusilados demostrando que el propósito no era el control del sistema penitenciario sino aniquilación total. También se exponen en el primer gobierno de Alan García las masacres contra comunidad indígenas injustamente acusadas de terroristas. Si bien el caso Cayara no procedió en la Corte Interamericana por motivos procesales, no se disputan los hechos del 18 de noviembre de 1988, cuando miembros de las Fuerzas Armadas entraron a esta localidad departamento de Ayacucho para ejecutar a 40 personas y torturar a otras 8. Nuestra propia Comisión de la Verdad y Reconciliación luego confirmó estos hechos y el directo involucramiento del Alan García en dictar la orden de entrada en Cayara.
A parte del sistema multinacional, jurisprudencia estadounidense también ha culpado a integrantes del gobierno de Alan García. El 14 de agosto de 1985 patrullas militares masacraron a casi 50 personas de una comunidad campesina en Accomarca, Ayacucho. Más de 60 personas, entre ellas niños y ancianos, fueron cruelmente asesinados y carbonizados, mientras que niñas y mujeres fueron violadas por miembros de las fuerzas armadas. Un tribunal federal en el estado de la Florida confirmó la violaciones de tortura, casos de guerra, ejecuciones extrajudiciales, y crímenes de lesa humanidad, bajo el total respaldo del gobierno de ese entonces, o sea, el gobierno de Alan García.
Quedan en el derecho internacional las huellas de tortura, crimen e impunidad que comenzaron en el gobierno de Alan García. En un momento donde nuestro país trata de corregir los errores, es importante recordar y aprender del pasado.
