El informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da cuenta de las denuncias de ciudadanos de Espinar por violencia policial. Durante las protestas de julio, se reportaron heridos de bala y agresiones a detenidos.
Nuevo informe presentado a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) demanda identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en la provincia de Espinar (Cusco) durante las protestas de julio de este año. El informe elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) se enfoca sobre todo en los hechos de violencia ocurridos el 22 de julio.
El 22 de julio es considerado el día de mayor represión policial en las protestas de Espinar, se registraron: seis personas con heridas de perdigones, tres heridos de bala, dos heridos por impacto de bomba lacrimógena y un joven con graves daños físicos por golpes de agentes policiales.
En conferencia de prensa, el abogado Helio Cruz, de DHSF, precisó que el 22 de julio la Policía también arrestó a 25 personas, entre los que había adolescentes y menores de edad que regresaban a sus hogares. Juan Carlos Quirita, del Comité de Lucha de Espinar, declaró que cuando lo detuvieron, los policías se llevaron su celular y su documento de identidad.
«A algunos jóvenes les robaron las zapatillas para que no pudieran irse», afirmó. De acuerdo al relato de Quirita, los detenidos fueron obligados a ponerse boca abajo, con la cara en la pista. Como reportó Wayka anteriormente, él y los otros detenidos fueron víctima de puñetes, patadas e insultos. Incluso, los rociaron con gasolina mientras escuchaban disparos al aire. La abogada Mar Pérez, de la CNDDHH, resaltó que también hay acusaciones de tocamientos indebidos por parte de las mujeres detenidas.
Exigen investigación
El informe presentado ante la CIDH concluye que la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene responsabilidad frente a la violación de derechos humanos durante el conflicto en Espinar. El documento se presentó también ante el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior (Mininter) y organismos internacionales.
El ministro del Interior, Jorge Montoya, acudió a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso para responder por las acusaciones este 17 de agosto. Sin embargo, no reconoció vulneraciones de derechos humanos por parte de la PNP.
«Sobre la intervención al camión con 25 pasajeros el día de mayor represión contra los manifestantes, declaró que no existían denuncias, ni reporte policial alguno”, comentó Lenin Bazán, congresista que preside la mencionada comisión. Pero como comentó el abogado Helio Ramos, ya se han presentado tres denuncias. «Hay falta de operatividad [de la Fiscalía], hasta la fecha no nos citan para desarrollar diligencias», lamentó.
Por ese motivo, el informe de la CNDDHH y DHSF recomienda de forma urgente que el Ministerio Público realice una investigación profunda para identificar a responsables. Además de las violaciones a derechos humanos, se denuncian los intentos de amedrentar a la médica Gloria Cárdenas, quien reportó heridas de bala en manifestantes.
Las personas afectadas también tienen derecho a recibir una reparación. Mar Pérez, responsable de la Área de defensores de derechos humanos de la CNDDHH, destacó que hasta la fecha se registran 159 muertes en contextos de protesta social. Sin embargo, no hay ninguna sentencia.
Antecedentes
Ciudadanas y ciudadanos de Espinar iniciaron una huelga el 15 de julio para exigir que la minera Antapaccay, de Glencore, entregara un bono de mil soles a cada habitante de la provincia. Pedían que se reformule el Convenio Marco, acuerdo por el que la empresa debía entregar 3% de las utilidades anuales para proyectos de salud, educación, entre otros.
