La magistrada integra la sala que absolvió al agresor de Arlette Contreras del delito de tentativa de violación sexual. El año pasado participó en la anulación de la condena contra un hombre que abusaba de su sobrina desde los 13 años, por lo que el Poder Judicial le abrió una investigación.
Redacción Wayka
El 8 de julio, el Juzgado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte absolvió a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, del delito de tentativa de violación sexual. Una jueza que integra esta sala participó el año pasado en la anulación de la condena a un violador.
En diciembre, Graciela Fernández era parte de la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima Norte, junto a David Lecaros y Agustín Reymundo. Los tres magistrados decidieron dejar sin efecto la sentencia que condenaba a René La Cotera a 12 años de prisión efectiva y ordenaba su orden de captura.
Unos meses antes de la anulación, se encontró a La Cotera culpable de haber abusado sexualmente de su sobrina desde los 13 años. De acuerdo a un reportaje de Latina, el violador era buscado también en Nueva Jersey, Estados Unidos por ser parte de una red de fraude de seguros.
Cuestionada resolución
Los argumentos que dio la sala para anular la sentencia condenatoria fue que existía «una evidente contradicción» en el protocolo de pericia psicológica. Por tanto, aceptaron la apelación realizada por un abogado de oficio y ordenaron ampliar la investigación en un nuevo juicio.
Los magistrados Fernández, Lecaros y Raymundo emitieron un comunicado el 6 mayo. En este indicaron que su resolución no determinaba «si el acusado es responsable o no de los cargos incriminados menos aun se ha ordenado su libertad, en tanto que no ha estado privado de su libertad». También argumentaron que la parte agraviada no había interpuesto ningún recurso contra la anulación de la sentencia.
Sin embargo, solo un día después, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso investigar a los jueces.
«El Jefe de la OCMA al tomar conocimiento del lamentable hecho, mostró su malestar y preocupación por la anulación de esa sentencia, disponiendo acciones contraloras a fin de salvaguardar el interés superior del niño y garantizar su desarrollo integral, así como una vida digna», indica un boletín de la institución.
Sentencia para Adriano Pozo
El 18 de julio se terminará de leer la sentencia en el caso de Arlette Contreras contra Adriano Pozo, por los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual. La lectura del adelanto del fallo ya estableció la pena por el primer cargo: 11 años y reparación civil de S/ 20 mil. En cuanto al segundo delito, se determinó la absolución.
Para Contreras y su abogada, la decisión de la sala que integra la jueza Graciela Fernández resulta injusta. Estos son algunos de los argumentos presentados para absolver a Pozo del delito de tentativa de violación:
- «No debemos olvidar que la agraviada perdió la consciencia al momento de los hechos, luego despierta, encuentra algunos desgarros de sus medias, su falda levantada pero estos hechos de por sí no acreditan el delito».
- «Cuando intentó el acusado violarla a la agraviada, le habría agarrado esta la camisa, la jaló rompiendo todos los botones. Sin embargo, no se han encontrado botones en la habitación».
- «Las prendas fueron entregadas por la propia agraviada y fácilmente pudieron ser manipuladas».
- «Es poco probable que primero trate de abusar de su víctima consciente o inconscientemente y luego trate de victimarla»
- «Si bien es cierto se evidencian lesiones a la agraviada estas no son propias de unas lesiones de un posible ultraje sexual involuntario».
- Dado que Contreras es abogada, la sala consideró que la agraviada debió haber presentado una declaración y pruebas más contundentes al momento de su denuncia.
Actualmente, Adriano Pozo se encuentra prófugo de la justicia. La policía judicial de Lima Norte no recibió el oficio de captura emitido por la sala el 8 de julio, argumentando que estaba fuera del horario administrativo. La Policía Nacional del Perú abrió una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de esa decisión.
