Baguazo: Poder Judicial excluye a abogados de indígenas y reaviva cuestionamientos a la nueva ley APCI

Por Lucía Castro

A casi 15 años del Baguazo, uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de la protesta indígena en el Perú, el Poder Judicial ha dado un giro inesperado que podría dejar sin defensa técnica a 16 indígenas procesados. La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua decidió excluir a tres abogados defensores por tener vínculos con organizaciones de cooperación internacional, en aplicación de la ley APCI recientemente modificada por el Congreso.

La medida ha sido calificada como una “sacada de cuerpo” por el abogado Juan José Quispe, abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL) y defensor desde el año 2009 de varios de los líderes implicados, quien considera que los jueces se rehusaron a pronunciarse de fondo sobre la inaplicabilidad de la ley y optaron por una salida administrativa.

“Nos sorprendió el tribunal con esa resolución. No se ha querido meter con este gran problema que ha generado la ley APCI. Han optado por lo más fácil: decir que los procesados busquen nuevos abogados”, señaló Quispe a Wayka.

Vulneración al derecho a la defensa

La Sala del nuevo juicio oral del caso Baguazo se instalará este jueves 24 de julio; no obstante, a pocos días de iniciar esta nueva etapa, el Poder Judicial decidió no inaplicar la ley APCI, sino más bien quitarles la defensa a los acusados y darles solo 3 días para conseguir nuevos abogados. 

“Nosotros nunca dijimos que íbamos a dejar el caso. Lo que hicimos fue alertar al tribunal que esa ley podría, en cualquier momento, impedirnos ejercer la defensa”, explicó Quispe.

La ley, aprobada en marzo de este año, prohíbe a organizaciones de cooperación internacional participar en procesos legales contra el Estado peruano. Ante su promulgación, organizaciones internacionales como IDL han interpuesto acciones constitucionales a la nueva norma por poner en riesgo la libertad de asociación y el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado peruano. 

Sin embargo, a pesar del cuestionamiento a la ley, el Poder Judicial decidió desconocer en este caso la defensa técnica provista por organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) o la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la cual es gratuita y especializada en derechos humanos, algo crucial considerando la alta vulnerabilidad de las comunidades amazónicas involucradas.

“Se está vulnerando el derecho a la defensa de las personas más vulnerables entre las vulnerables. Estas comunidades (awajún y wampi) no tienen internet, agua potable, desagüe ni energía eléctrica. Y ahora les dicen que busquen abogados privados”, cuestiona el abogado.

Asimismo, la medida contradice tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y las Reglas de Brasilia, que garantizan un trato diferenciado y un acceso reforzado a la justicia para poblaciones indígenas.

El juicio que nunca termina

El juicio actual se refiere a los hechos ocurridos la tarde del 5 de junio de 2009 en la Estación 6 de Petroperú, donde murieron 11 policías. La Fiscalía acusa a los líderes indígenas de secuestro agravado y otros delitos, y solicita cadena perpetua para todos los implicados.

Sin embargo, en una primera instancia, los acusados fueron absueltos, tras un juicio largo en el que la defensa presentó testimonios y pruebas que demostraban que los líderes no participaron en los asesinatos, sino que fueron superados por un grupo externo de manifestantes que irrumpió en la estación ese día.

“Ya tuvimos una sentencia absolutoria en primera instancia, pero la Corte Suprema anuló parcialmente esa decisión y ordenó un nuevo juicio solo para algunos procesados”, explica Quispe.

Entre los procesados del caso Baguazo se encuentra Eufemia Atamain, una de las pocas mujeres líderes presentes en la Estación 6. También estaban los líderes indígenas Simón Wipu, Pedro Tiwi y Rodolfo Atamain, pero fallecieron hace unos años a la espera de la justicia para limpiar su nombre.

Lo más cuestionable para el abogado es que, pese a ello, el Poder Judicial sigue notificando a los fallecidos, al no haberse registrado oficialmente sus defunciones en RENIEC, lo que muestra una vez más el abandono institucional hacia comunidades amazónicas río adentro.

No obstante, la comunidad acusada va a continuar resistiendo. Según Quispe, para intentar contrarrestar la decisión del tribunal, los acusados han decidido manifestar durante el juicio oral su voluntad de continuar con la defensa gratuita que les ofrecen, con la esperanza de que esta situación se pueda revertir. 

Crónica de una criminalización

Los hechos que originaron este proceso se dividieron en dos momentos: primero, el enfrentamiento en la Curva del Diablo, , ubicada en la carretera Fernando Belaúnde, provincia de Bagua, Amazonas, donde murieron 12 policías y varios civiles; y luego, horas más tarde, la incursión en la Estación 6, distrito de Imaza, provincia de Bagua,  donde ocurrió la segunda masacre. 

Los líderes indígenas habían tomado la estación pacíficamente desde abril, en protesta por decretos que afectaban sus territorios y que fueron emitidos durante el segundo gobierno de Alan García. La violencia en la estación petrolera se desató cuando otro grupo irrumpió en la tarde del 5 de junio.

Testimonios claves, como el del entonces gerente de la Estación 6, Fernando Urizar, respaldan esa versión. Urizar declaró que los líderes indígenas “no fueron los que mataron a los policías” y que incluso trataron de calmar la situación. Fotografías incluidas en el expediente muestran al apu Simón Wipiu levantando las manos en señal de calma.