Hace algunos días, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, anunció a la delegación peruana que estará presente en Ventana Sur; el mercado más grande del audiovisual y cine en América Latina. Se trata de un evento organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Marché du Film del Festival de Cannes, que se realiza en Buenos Aires con el fin de promover la coproducción, financiamiento y distribución internacional de obras latinoamericanas.
Una vez que Ventana Sur anuncia a los elegidos tras la postulación, el Estado peruano y el Ministerio de Cultura, promocionan al conjunto de cineastas y sus producciones, como parte de su estrategia de difusión del cine peruano. Esto se da tanto como espacio para locaciones o para obtener coproducciones. De esta manera, Promperú alquila un espacio allí -esta vez tuvo un costo de 2300 euros- para dar mayor visibilidad al tema de las locaciones, y de paso, aunque no es de su competencia, hacer una sección de Perú y promover la marca país.
Bajo esta lógica se ha apoyado años atrás a films como Canción sin nombre de Melina León, ya que por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Cultura desarrolló jornadas de capacitación dirigidas a productores y realizadores que participaron en este mercado. Este año están siendo mostrados trabajos como El viaje de Javier Heraud, La Bronca, Mi Barrios Altos Querido o La Pasión de Javier, además de incluir nuevos proyectos de animación o de films en work in progress. Todo bien hasta allí, pero también figura el debut en el cine del periodista Beto Ortiz con Público Cautivo, que forma parte de la delegación peruana.
En este año, el Ministerio de Cultura elaboró un catálogo, donde se observa la inclusión de este documental peruano. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasaría si Adolfo Aguilar lleva su Paisana Jacinta 2 a Ventana Sur con apoyo de Promperú? ¿Qué pasa si Laura Bozo quiere ser documentalista y lleva su película para ser parte de la delegación peruana en un evento internacional organizado por el Mincul? ¿Ejemplos exagerados?
En el catálogo diseñado por el Ministerio de Cultura se resume así el film de Ortiz: «Un reconocido periodista cansado de la rutina asume la misión de que un grupo de presos cambien su realidad a través del interés por la literatura, esperando en esa tarea encontrar él mismo una tabla de salvación. Ambos propósitos fracasan cuando sobreviene la tragedia y la ilusión se confronta con la difícil realidad». Más bien a partir de esta sumilla, hagamos un poco de memoria. Hace un par de años, murió asesinado el editor José Yactayo, quien estuvo trabajando con Ortiz en la edición de este documental sobre talleres de narración que dictó el periodista entre 2014 y 2015 en el penal de Piedras Gordas I. Recordemos que Ortiz entró al departamento de Yactayo para recuperar material sin permiso de las autoridades; hecho que quedó registrado en diversos medios. O sea, las imágenes del documental son fruto de este incidente y de esos privilegios. ¿Vale todo para hacer un film?
Pero hay algo más contundente, a parte de esta anécdota «heroica» de amor a doscientas horas de grabación en un penal, y tiene que ver más con esta inclusión de un personaje cuestionado dentro de una delegación que busca sacarle lustre al país y a la producción nacional. Esto no solo por las denuncias públicas de abuso a menores que nunca se aclararon, sino porque no ha existido ninguna sanción social tras la incitación al feminicidio de Ruth Thalía Sayas en su programa de televisión.
Beto Ortiz tiene la libertad de hacer cine en un país donde cualquiera coge una cámara y hace «películas», pero sí me parece cuestionable que ahora esté avalado por el Estado peruano, que lo promociona como cineasta en su catálogo y que le da cabida en un stand pagado por Promperú. ¿Qué nos quiere decir el Estado peruano sobre el feminicidio de Ruth Thalía Sayas, sobre las denuncias de abuso perdidas en el tiempo? ¿Nada? ¿Qué nos está diciendo el Estado peruano con este tipo de apoyo? Porque estamos hablando de un apoyo estatal como parte de la imagen de un país en uno de los mercados más importantes de Latinoamérica. Beto Ortiz puede hacer lo que le plazca con su película, ir a quinientos festivales, venderla en 200 cines de todo el mundo, pagar su entrada a Ventana Sur; pero acá el tema tiene que ver con la validación o legitimidad del Estado, en un evento donde hay inversión con fondos públicos, y que quizás en el fondo revela un desinterés en tiempos en que el país emprende luchas legales de alto calibre o campañas que defienden derechos elementales.
No solo se trata de atraer más producciones al Perú. El mensaje parece contradictorio, porque no es lo mismo vender locaciones que promover la imagen de un país donde todo vale, o quizás me equivoque, y el objetivo sea posicionar un país distinto; sin memoria.