En febrero del año pasado la Policía allanó un departamento en San Miguel e incautó cinco kilos de marihuana y equipos de cultivo y extracción. Lo decomisado pertenecía a la asociación Buscando Esperanza, formada por madres que tratan las enfermedades de sus hijos con aceite de cannabis y que han tenido resultados positivos.
A raíz de ese hecho, durante los meses de setiembre y octubre dos comisiones del Congreso (Defensa y Salud) aprobaron dictámenes similares que finalmente fueron la base y cuerpo de la primera ley peruana de marihuana medicinal, cuya característica principal, lamentablemente, es la de seguir manteniendo fuera del sistema legal a este tipo de asociaciones como Buscando Esperanza.
La ley Nº 30681 (1), ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, solo otorga tres tipos de licencias para cultivar cannabis:
- a) Licencia para la investigación científica, para las universidades e instituciones de investigación agraria y en salud.
- b) Licencia para la importación y/o comercialización.
- c) Licencia para la producción, que se otorga exclusivamente a las entidades públicas y laboratorios debidamente registrados y certificados.
Es inevitable preguntarse cómo es que las asociaciones de madres no fueron incluidas en la ley siendo ellas la razón de ser del inicio de un debate serio sobre la materia. A quienes sí incluyó la ley fue a la gran empresa. De un momento a otro, el Estado les abrió un mercado millonario a personas que nunca marcharon por una causa ni fueron intervenidas por la policía ni tienen familiares usando cannabis medicinal.
A pesar de la exclusión de las asociaciones de madres en la ley, existe un argumento muy simple de entender y que es suficiente razón para que grupos como Buscando Esperanza sean incluidos en la norma lo antes posible.
Se trata de lo siguiente: las madres se juntan con cultivadores (los que realmente saben de la materia) y doctores para poder tratar a sus hijos con aceite de cannabis. Tras capacitarse, las madres pueden preparar la medicina de sus hijos. La pregunta es: ¿Qué madre va a preparar un mal producto cuando es para su propio hijo? Ninguna. Por el contrario, va a tratar de hacer el mayor esfuerzo para que el aceite de marihuana cumpla estándares de calidad.
La ley Nº 30681 fue promulgada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en noviembre pasado y aún no tiene reglamento. Es una ley que no recoge el pedido principal: que las asociaciones de madres, que han optado por la marihuana como medicina alternativa para sus hijos, no sean perseguidas por el sistema. El acceso a la salud y calidad de vida no pueden esperar a que los políticos se eduquen sobre el tema. Hoy los efectos paliativos del cannabis son incuestionables y hasta reconocidos por expertos en nuestro país (2).