Tengo el calificativo para la delegación fujimorista en Washington y lo dije.

Encaré a la delegación que vino a Washington a pedir una auditoría de las elecciones a la Organización de Estados Americanos (OEA). En una conferencia de prensa, y después de escuchar pacientemente sus presentaciones, les entregué unos folios con la palabra «golpistas». Les dije que era hora de asumirse como tal, ya que quien desconozca los resultados de unos comicios democráticos encaja en esa definición. 

El evento estaba prácticamente vacío. Solo lo cubrió un canal de televisión peruano; los demás eran acompañantes de la delegación, y había algunos académicos, entre los que me incluyo. Estaba claro que ningún medio internacional quería darle voz a unos personajes que, sin pruebas, exigen una auditoría. 

En Estados Unidos la prensa conoce de cerca los peligros que arrastran discursos como el suyo. El 6 de enero pasado, miles de partidarios de Donald Trump asaltaron el Capitolio, convencidos de que la elección les había sido robada. Cinco personas murieron. Esta semana en el Congreso de EE.UU. fue creada una comisión para investigar el incidente y poner punto final a los rumores infundados de fraude electoral que mantienen engañados a millones de estadounidenses. 

En el Perú, las mentiras de los fujimoristas y sus aliados ya desencadenaron episodios de violencia verbal y física. Decenas de simpatizantes de Perú Libre fueron golpeados con palos por partidarios de Fuerza Popular, mientras los primeros se concentraban a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, defendiendo la victoria en las urnas de Pedro Castillo. Incluso la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió un comunicado  asegurando que “se ha registrado un número creciente de ataques verbales contra los partidarios de un candidato, incluyendo mensajes racistas.” 

En el lapso de espera previo a la conferencia, conversé con dos de los expositores, Daniel Córdova, exministro de la Producción, y Oscar Sumar, decano de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Ambos admitieron que aún no tienen evidencia para sus afirmaciones de fraude. «La prensa internacional lo sabe y los desmiente diariamente», les hice saber. 

Y aunque estaban visiblemente incómodos con mis comentarios, continuaron la charla hasta confiarme que su delegación tiene el respaldo de la Cancillería y del embajador del Perú ante la OEA y EEUU, Hugo De Zela. En días anteriores, el diario La República había publicado información en ese tenor. La periodista María Elena Castillo escribió que el embajador De Zela habría sondeado la auditoría electoral con Luis Almagro, secretario general de la OEA, contraviniendo la postura del presidente Francisco Sagasti, quien ha calificado las elecciones de “limpias, tranquilas y ordenadas”.

El reporte del diario La República, añadido a los datos adicionales de Córdova y Sumar, dibuja un panorama alarmante y merecen una respuesta inmediata del Gobierno peruano que vaya más allá de la resolución de El Peruano anunciando que De Zela pasa al retiro a partir de agosto. La referida indisciplina de este embajador resulta muy sensible, pues asume en las próximas horas la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, adquiriendo un gran poder dentro de la organización. 

Cuando me disponía a partir tras mi acalorada interacción con los visitantes en Washington, el congresista electo de Fuerza Popular Hernando Guerra García me amenazó. Me dijo, “tengo tu foto”. Esa frase salida de la boca de una persona con poder y capaz de intentar desconocer la voluntad de más de 8 millones de peruanos, me dejó temblando. Un amigo abogado me lo describió como “intimidación”. 

Al final del día, a todos se nos terminan por caer las caretas. Ni él pudo contener su vena matonesca ni yo pude reprimir mi ímpetu democrático llamándolos por su nombre: golpistas.