Justicia para Claudia: Sobrevivir a una violación y 13 años de impunidad

Por: Carla Díaz

Durante 13 años, Claudia Pérez ha transitado por el sórdido y deshumanizador camino del sistema de justicia peruano. Ella, una estudiante de Derecho de la universidad Católica, que creía en la defensa y la justicia, se vio confrontada con la tortuosa realidad de estar del otro lado, del lado de ser una víctima de violación sexual, expuesta a nuevas violencias de parte de jueces, fiscales, abogados, sin contar la mirada social que desprecia y excluye. Más aún si su agresor sexual fue un abogado, del estudio jurídico Caro, Cortez y Massa, donde ella realizaba sus prácticas. Solo desde el autoexilio, Claudia pudo continuar la lucha contra la impunidad y desprotección legal que hoy nos narra.

La violación se dio en mayo de 2005 cuando Claudia tenía 24 años y cursaba su último año de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Luego de una reunión con compañeros de trabajo y tomar una bebida, quedó inconsciente  y amaneció en un cuarto de hotel, ensangrentada y semidesnuda, al lado de José Carlos Angulo Portocarrero, su jefe directo en el estudio legal.

La afectación física y emocional fue tan grave que tuvo que ser atendida en el centro médico de la PUCP, donde la ginecóloga Carmen Mere Hernández le practicó una cirugía para suturar sus lesiones. “Me encontraba en un estado tal de perturbación que ni siquiera pude firmar el consentimiento de la operación, lo hizo el personal de salud porque incluso en ese entonces era incapaz de dar consentimiento de nada”, explica Claudia por medio de una videollamada desde el extranjero.

Claudia denunció en julio de 2005 por violación sexual a José Angulo Portocarrero luego de hacer una investigación y recolectar información sobre los hechos ocurridos esa noche. Desde entonces inició una pesadilla para la estudiante. Al hostigamiento de su agresor, se sumó el de los abogados del estudio dirigido por Jorge Massa Carrillo de Albornoz, Luis Felipe Cortez y Carlos Caro. En ese entonces, los tres letrados quienes también eran docentes en la Facultad de Derecho de la PUCP, usaron diversos medios para disuadirla de continuar con la denuncia, según narra en su testimonio.

Catorce años después, su denuncia no ha podido evolucionar más allá de la investigación inicial a cargo del Ministerio Público, a pesar de haber presentado una serie de pruebas contundentes como una cinta de audio donde el denunciado Angulo Portocarrero pide perdón por el daño ocasionado. También los reportes médicos que precisan que existieron relaciones sexuales violentas y dan cuenta de la cirugía menor a la que tuvo que ser sometida para contener la hemorragia debido a las lesiones.

Aun así, para la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima no existían evidencias suficientes para iniciar con una investigación formal contra Angulo Portocarrero por lo que en octubre de 2006 archivó la denuncia. La defensa apeló ante la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima, pero en enero de 2017 se ratificó la decisión ordenando archivar dicha investigación.

Cadena de impunidad

La impunidad que rodea el caso de Claudia es proporcional a la importancia legal de los precedentes que ha generado en su búsqueda de justicia. Luego del archivamiento constante de la Fiscalía y la subvaloración de las pruebas que ofreció, su defensa elevó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que en su sentencia de enero de este año, otorgó un atisbo de justicia, al darle la razón a Claudia: los constantes archivamientos de la  Fiscalía habían sido “arbitrarios e inconstitucionales” y habían vulnerado su derecho al acceso a la justicia.

En su resolución, a la cual tuvo acceso Wayka, los magistrados del Tribunal Constitucional criticaron que la Fiscalía no valoró el testimonio de la denunciante, que tiene un peso principal en las denuncias de violencia sexual según las leyes peruanas vigentes, y que haya sido motivo de sospecha que la denuncia policial se presentara un mes después de ocurrida la violación.

Claudia comenta que al haber acudido al Tribunal Constitucional han creado un precedente respecto a cómo debe comportarse el Ministerio Público en las investigaciones de abuso sexual y la perspectiva de género que debe incluir en estos casos. Sin embargo, en junio de este año, tras la sentencia del TC, la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Gianina Elizabeth Luna Gamarra archivó nuevamente la investigación por los mismos argumentos que los anteriores fallos, los cuales ya han sido rechazados por la instancia máxima del TC.

 

Claudia no se explica el nuevo archivamiento y afirma que es como si el Tribunal Constitucional no le hubiera dado la razón. “Sentaron un precedente y esto yo lo vi como algo positivo y pensé que la fiscal iba a hacer un análisis mucho más detallado de todos los elementos que yo he presentado que son muy difíciles buscar”.

La abogada y especialista en derechos humanos y género, Beatriz Ramírez explicó a Wayka que el caso de Claudia ha sido el único en materia de violencia de género, en este caso de violencia sexual, sobre el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y donde establece que las fiscalías no pueden tener criterios discrecionales y particulares sobre qué casos son llevados a juicio o no, especialmente si se trata de violencia contra las mujeres.

“Es la primera vez que el Tribunal Constitucional señala que inclusive para archivar una denuncia a nivel fiscal en los caso de violencia contra las mujeres, los criterios no pueden ser arbitrarios y deben tener cuidado de que a la hora de valorar la prueba sea conforme a los estándares en delitos sexuales, lo que implica no repetir ciertos estereotipos”, explica Ramírez.

“El TC abre en este caso la posibilidad para un montón de mujeres, cuyos casos en la Fiscalía se archivan como si fuera un tema de discreción del Ministerio Público y en este caso la orden ha sido que cuando archivas sin valorar las pruebas y con estereotipos de por medio, esto es indebido y así hayan pasado 13 años desde que se presentó la denuncia, hay que volver a investigar. Esto debería significar un punto de quiebre en cómo la Fiscalía procesa los casos de violencia”, agregó.

Las pruebas

Luego de la violación sexual, Claudia debió hacerse cargo de investigar, recolectar pruebas para redactar ella misma la denuncia penal. Una prueba fundamental fue el examen que realizó en el centro médico de la universidad donde ella estudiaba en pregrado y su presunto agresor en la Maestría de Derecho Penal. Este documento testifica las graves lesiones con las que llegó Claudia a la clínica de la PUCP.

A pesar de esto, según Ramírez, la fiscalía prefirió interpretar que la gravedad de las lesiones se debió a sexo violento consensuado. “No se valoró el testimonio de Claudia que es contundente y persistente, ni el examen médico hecho en la universidad ni el testimonio de la médica que la atendió y se prefirió hacer una interpretación forzada de la norma, es decir, si tienes lesiones como las que ella presentaba, se prefirió creer que fue sexo violento frente al índice de violencia y lesiones que ella presentaba, y todo esto sin que la Fiscalía explique la motivación, del por qué era mejor una hipótesis que la otra”.

Al haber trabajado con Angulo Portocarrero y conocer las influencias que este abogado tenía con ciertos personajes del Ministerio Público y la Policía Nacional, Claudia decidió presentar inicialmente las copias de los audios de las llamadas con Angulo Portocarrero y conservar los originales para cuando iniciara la investigación. Pero la Fiscalía cuestionó este hecho y descalificó estas grabaciones como prueba, aunque la denunciante manifestara que podía entregar el material si se le brindaban las garantías legales.

Según varios letrados penalistas, el tipo de pruebas presentadas en el caso de Claudia, ofrece suficiente evidencia no solo para formalizar denuncia penal contra Angulo Portocarrero por violación, sino para lograr una condena.

Reparación

La historia de Claudia es emblemática a nivel social y legal. Hace 13 años cuando se atrevió a denunciar, mucho antes de que apareciera el primer #NiUnaMenos en América Latina, el silenciamiento sobre las experiencias de violencia sexual era mucho más agresivo y efectivo. La ausencia de un contexto político y social favorable para sancionar la violencia de género puso en una situación de mayor vulnerabilidad a Claudia, quien después de investigar por su cuenta encontró los testimonios de otras estudiantes que afirmaban haber vivido acoso, hostigamiento y diferentes formas de violencia sexual.

“Sé que no soy la única víctima de agresión sexual de algunos de los abogados que se han pronunciado en mi denuncia, quise convencer a las alumnas de poder hacer algo conjunto pero eran tiempos muy distintos, no existían las redes sociales, eran otros tiempos, no habían los colectivos que existen ahora y estas personas tenían mucho temor, así que yo me fui sola”, dice Claudia.

Claudia intentó continuar con su vida, trabajando en la organización de derechos de las mujeres que ahora asume su defensa legal, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, pero el hostigamiento, el desprestigio y las calumnias la revictimizaron hasta que decidió que la única forma de continuar era lejos del país.

“Después de mi denuncia intenté terminar mi carrera, trabajar y ayudar a personas que habían sufrido lo mismo que yo, pero no pude con el tiempo, porque era agredida sobre todo en el Ministerio Público, donde siempre se me insultaba. Ver al abogado, a todos los que me calumniaron, era para mi otra agresión. En un momento no puede soportar la situación, las agresiones seguían degenerándose, los comentarios iban haciéndose más agresivos, entonces yo tomé la decisión de irme y sentí que era la única manera de sentirme segura”, comentó

La historia de Claudia ayudó a movilizar a un grupo de estudiantes y egresadas de la Facultad de Derecho de la PUCP para organizarse en el colectivo “Se acabó el silencio” para exigir que dicha facultad y la universidad asuman una posición institucional frente a las denuncias de violencia sexual de profesores a alumnas, así como entre estudiantes.

“Yo pensé que exponerme era quizá hacer que otras personas como yo que habían sido agredidas pudieran hablar, pero no fue así, fue una época de miedo en la que todo el mundo normalizaba esos comportamientos, pasé en canales, en prensa escrita pero no se logró un movimiento, tuve compañeros que me apoyaron verbalmente, pero ningún apoyo efectivo en el momento de la denuncia”, dice Claudia.

Actualmente, su defensa presentó una nueva apelación que será vista por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima. La Facultad de Derecho de la PUCP y el Ministerio de la Mujer presentaron en agosto de este año los respectivos recursos de amicus curiae para acompañar la investigación y brindar aportes a la Fiscalía sobre cómo debe valorar las pruebas en estos casos de violencia sexual.

Claudia confiesa que ya no se siente sola, como cuando hace 13 años inició la denuncia, y está segura que ella no tiene la culpa. “Denunciar me ha liberado mucho, y ha sido inicio de mi proceso, de recuperación y de comprensión de que yo no tengo la culpa de esto, sino estos estudios que son sistemas que utilizan las herramientas legales para abusar de su poder”.