Los pasivos ambientales de la minería son un riesgo a nivel nacional y Lima no está exenta de la contaminación que se podría desatar si es que continúan las precipitaciones intensas. La capital posee estos materiales tóxicos cerca al río Rímac, su principal fuente de agua. Especialistas señalan que desde hace años el Estado no actúa frente a esta problemática.

Por Jair Sarmiento

Casi 7.000 pasivos ambientales —daños no remediados que fueron producidos por empresas mineras— existen en el Perú y un gran número de estos podrían significar un riesgo contaminante a nivel nacional debido a las lluvias intensas, inundaciones y huaicos que se han manifestado en el país debido al Ciclón Yaku y en un contexto de alerta ante el Fenómeno de El Niño Costero. Este dato es del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Wayka realizó un cruce de información entre el último inventario de pasivos ambientales del 2022 y las provincias expuestas ante los últimos desastres que ha venido reportando el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y pudo conocer que alrededor de más de 4.000 pasivos ambientales son un riesgo ambiental en el Perú en este contexto de lluvias.

Agua de Lima en riesgo

Hay que resaltar que cuando se habla de pasivos ambientales se consideran a relaves, desmontes, bocaminas, etc. Lima posee estos materiales tóxicos cerca a sus fuentes de agua, aunque se piense que los efectos de la minería impacta sólo en provincias o en lugares lejanos.

En la región Lima son más de 600 pasivos que representan un peligro para la ciudad que está sufriendo los estragos de las precipitaciones y activación de las quebradas. De este total hay una considerable cantidad de relaves mineros que podrían colapsar y contaminar el río Rímac.

Edwin Alejandro Berrospi, ingeniero ambiental de la Red Muqui, señaló que los residuos de esta actividad extractiva son un riesgo inminente de contaminación.

“Es un riesgo que en realidad pone en alerta roja a toda Lima, empezando por la población de la provincia de Huarochirí (lugar donde se hallan más desechos mineros en la capital). Este problema del ciclón Yaku demuestra la falta de una planificación de nuestro territorio”, comenta Berrospi.

Para Elizabeth Zamalloa, ingeniería Geoambiental de Cooperacción, en el Perú tenemos triple riesgo: desechos tóxicos cerca a poblados o fuentes de agua, además de la ausencia de una norma que impida esta proximidad, y los movimientos sísmicos. 

“Y si a todo eso le agregamos las precipitaciones fuertes por fenómenos climáticos, se va colmatando, llenando de líquidos, y el material se comporta como un licuado, y ese es el peligro. Se pueden dar avalanchas o huaicos con material altamente tóxico”, indica Zamalloa.

En primer lugar, ambos expertos precisan que hay tres cuencas que abastecen de agua a Lima: Rímac, Chillón y Lurín. Estos tres ríos tienen, a pocos metros, actividad minera legal, ilegal o artesanal, que producen  desechos mineros.

Uno de los casos más preocupante es el de los relaves mineros del cerro Tamboraque, ubicados en el distrito de San Mateo en Huarochirí, los cuales están al borde del río Rímac. Administrados primero por NYRSTAR y hoy por Great Panther Coricancha S.A.

Desde el 2017 se sabe el peligro ambiental que representan estos desechos, por las lluvias intensas que provocó el fenómeno El Niño entre febrero y marzo de ese año y una serie de sismos que se registraron en dicha provincia. Hasta la fecha no han sido trasladados. “Se estima más de 580.000 toneladas de tóxicos, existe ese riesgo latente”, agrega Berrospi.

Por otro lado, según los especialistas, los desbordes ya se han dado y suceden más continuamente, al menos los relaves que están en las cabeceras de la cuenca del río Rímac.

“De hecho tenemos metales pesados en el agua de Lima”, agrega Zamalloa, sin embargo, señala que “si le agregas más contaminantes y tenemos menos agua porque cada vez tenemos menos glaciares, la concentración es lo que preocupa, nos quedaríamos sin agua por un largo periodo”.

En abril del 2022, la rotura de una represa de la mina Huampar, ubicada en el distrito de Huanza en Huarochirí, desató un derrame de relave y aguas residuales, contaminando la flora y fauna, así como el río Santa Eulalia.

Otro caso ocurrió en junio de dicho año cuando se derramaron 35 toneladas de concentrado de zinc en el río Chillón por parte de una empresa que realiza transporte de minerales para la minera Volcan, propiedad de la transnacional Glencore.

Los especialistas señalan que luego de ese suceso, el Estado no ha hecho nada, ni siquiera algún plan de mitigación. En pocas palabras, no se sabe la calidad de agua que está consumiendo Lima.

EXPERTOS RESPONDEN A LÓPEZ ALIAGA

Hace unos días, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteó que una empresa minera se haga cargo del encauzamiento del río Rímac, que sería “más productivo y beneficioso para los vecinos de la capital”, según comentó

Para el experto Edwin Alejandro Berrospi de Red Muqui, el alcalde de Lima no tiene criterio técnico.

“Se requiere de una voluntad política, y la empresa no lo tiene. No he visto en ninguna parte de la zona del Perú que la empresa pueda hacer un encauzamiento, al contrario, se aprovechan de la debilidad del sistema y fiscalización para hacer vertimiento, están botando todo el río, además, ni siquiera pueden controlar sus propios actividades”, explica Berrospi.

Zamalloa también muestra su desacuerdo con las declaraciones de López Aliaga.

“Depositar la confianza a una empresa minera, que tiene otra visión de las cosas…una minera está hecha para extraer mineral con la mayor rentabilidad posible, es una actividad extractiva. El agua pues no es solamente un elemento productivo, es fuente de vida, es alimento, yo no creo que una empresa pueda hacerse responsable de esto, sería una gran irresponsabilidad”, menciona la especialista de Cooperacción.

 EXISTE VACÍO LEGAL 

Para Zamalloa existe un vacío legal, por lo que debería haber una norma en donde se prohíba o se asegure que estos desechos mineros no estén cerca a los ríos o comunidades.

“No tenemos un margen de seguridad que nos diga si los relaves están a tantos kilómetros de un río o de centros poblados, como sí ocurre en el Ecuador o Brasil, no se pueden poner relaves mínimo de 5 kilómetros del próximo centro poblado por el peligro que esto significa o también de la margen de los ríos”, comenta Zamalloa.

Por su parte,  Berrospi opina que se necesita una política de ordenamiento del territorio para gestionar los riesgos de manera integral, con el objetivo de que no demoren en declarar en emergencia a una zona contaminada y que haya una inversión para evitar la afectación económica y de salud pública a los habitantes que viven cerca a estos lugares, los cuales muchas veces son agricultores y ganaderos.