Tras casi un mes de retraso, la Comisión Agraria del Congreso de la República, publicó esta semana el dictamen del proyecto de ley que propone modificaciones al régimen especial agrario, promulgado con la Ley N° 27360 -el año 2000- por el entonces ministro de Agricultura fujimorista, empresario agroindustrial y hoy secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper.

Dicho dictamen, que prácticamente no hace mención a las millonarias exoneraciones tributarias por cerca de 4 mil millones de soles con las que se benefician principalmente las grandes agroexportadoras de Ica, Piura y La Libertad, propone extender dicho régimen especial hasta el 31 de diciembre de 2031 (hasta ahora vence el 31 de diciembre de 2021), e incluye algunas modificaciones en derechos laborales, entre ellas:

  1. Pago adicional de Gratificación y CTS (antes incluidas en remuneración diaria);
  2. Aumento de vacaciones de 15 a 30 días;
  3. Aumento de indemnización por despido arbitrario de 15 a 45 jornales por año trabajado (hasta un máximo de 360 jornales, antes era 180), y;
  4. Aumento en la contribución del empleador a Essalud del 4 al 6% (el Estado entonces seguiría subvencionando un 3%).

Sometimos dicho dictamen a la opinión de varios especialistas en temática agraria. A continuación, sus más resaltantes observaciones.

“Ningún cambio de fondo, se mantienen privilegios tributarios”

Especialistas coinciden en que más allá de algunas mejoras menores en derechos laborales, esta propuesta de ampliación es más de lo mismo: “lo que buscan (con este dictamen) es perpetuar un régimen que establece un doble estándar con relación al régimen general de la actividad privada”, comenta con preocupación el sociólogo laboralista y editor de TrabajoDigno.pe, Enrique Fernández-Maldonado.

Coincide, en ese sentido, el investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra: “este es un dictamen que hace algunos pequeños cambios al régimen especial agrario, solo en la parte laboral, aunque con una serie de deficiencias”. Según Zegarra, había propuestas que debieron haberse incluido en este dictamen, “como condicionar estas exoneraciones a la articulación con la pequeña agricultura, o que los beneficios tributarios sean por un período determinado, 4 o 5 años como máximo”.

Y es que, revisando el dictamen publicado, prácticamente no se hace mención a los beneficios tributarios de los que goza el sector desde hace casi dos décadas: “extiende el beneficio (…) del impuesto a la renta a las empresas agrarias e incluye a las del sector acuícola y forestal. Esto reducirá los ingresos tributarios en un contexto en donde aún la sostenibilidad fiscal es un tema crítico para el país”, comenta el investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, Pedro Llanos.

“Gratificaciones y CTS desnaturalizadas”

Otra crítica de los especialistas gira en torno a la distorsión conceptual del monto a pagar por Compensación de Tiempo de Servicios (CTS), incluida en la remuneración diaria: “la CTS está totalmente desnaturalizada, poniendo en la remuneración diaria un concepto que no tiene ningún sentido, la CTS se considera para que el trabajador pueda tener un fondo para cuando es despedido o ya no pueda seguir trabajando y que les permite tener una protección para que puedan seguir buscando trabajo (…) es una burla, es una forma de disfrazar un beneficio hacia el empresario”, expone Zegarra, quien agrega: “además no reconoce otros beneficios del régimen general como la bonificación familiar, el seguro para actividades de trabajo riesgoso y tampoco el seguro de vida”.

Pedro Llanos apunta la crítica a la vulnerabilidad generada por la temporalidad de la actividad: “(…) resulta claramente insuficiente (esta pequeña inclusión de la CTS y gratificaciones), ya que, si bien la agroexportación presenta remuneraciones mensuales elevadas, la estacionalidad de la misma hace que si se comparan los ingresos anualizados, éstos se encuentran muy cerca de la línea de pobreza”.

“Indemnizaciones discriminatorias y sindicalización restringida”

Si bien el dictamen considera una mejora en las indemnizaciones, “sigue siendo menor a la establecida en el régimen de la actividad privada”, señala Fernández Maldonado respecto a lo propuesto por la Comisión Agraria, y añade en modo de alerta, “se mantiene la posibilidad de contratación temporal que es el principal escollo que tienen los trabajadores para sindicalizarse, lo que ha sido observado por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos por considerarlo lesivo a los derechos laborales”.

Estos recortes remanentes de derechos laborales, propuestos con el presente dictamen, Zegarra los cuantifica: “comparando cuánto se ahorra el empresario en este régimen agrario, respecto al régimen general, antes de este dictamen, era un 12% del salario, ahora sería el 8%, es decir el empresario mantiene un ahorro de costos (…) a costa del trabajador bastante significativo”.

Subvención innecesaria que sigue atentando contra Essalud

Según los especialistas consultados, si bien la subvención del Estado a los empresarios respecto a las aportaciones a Essalud se reduce en este dictamen, es injustificable mantenerla.

“Es totalmente inaceptable, no hay ningún sentido que se esté subsidiando a grandes empresarios, (…) en financiar un sistema de salud que es para el conjunto de los trabajadores, con más razón para los trabajadores agrícolas que es un sector muy vulnerable y que tiene serios problemas en los servicios de salud”, comenta Eduardo Zegarra, de Grade.

Y es que, como es de amplio conocimiento, el sistema de salud está más que colapsado, teniendo un forado actual de cerca de 300 millones de soles, reduciéndose con este cambio a 200 millones, según cálculo del economista y catedrático, Pedro Francke quien se pregunta: “¿debemos todos los trabajadores del Perú tener un sistema de salud venido a menos solo para beneficiar a un puñado de agroexportadores, entre los que destaca José Chlimper, secretario general de la fuerza número 1 de la señora K?”.

La única mejora significativa: las vacaciones

Los especialistas coinciden en que lo único indiscutiblemente rescatable de este dictamen, es el período de vacaciones que se equipara al del régimen general, de 15 a 30 días.

Lo que se viene:

Según los especialistas consultados, es muy probable que este dictamen ingrese a ser votado a la Comisión Permanente la semana entrante, lo que sería muy grave pues no habría tiempo ni espacio para el debate necesario: “vamos a ver si el Congreso se aventura a aprobar esta norma antilaboral, antitrabajadores en un contexto donde está siendo fuertemente cuestionado y sin el debido debate político y habiendo tanta evidencia, que no amerita la extensión temporal de este régimen”, comenta Fernández Maldonado.

Por su parte, el profesor Francke tiene claro que “la mayoría fujimorista en el congreso quiere aprobar apresuradamente una ley para seguir favoreciendo a los exportadores agrícolas (…)”; beneficios a grandes exportadores agrícolas “que reciben el 90% de los beneficios de este tipo de legislación, y en lo laboral se siguen ahorrando pagar el 8% del salario mínimo vital de los trabajadores, a costa del sistema de salud y sin comprometerse a un modelo de desarrollo distinto para la agroexportación que incluya a otros actores que deben participar del crecimiento de este sector agroexportador”, comenta el economista Zegarra.

Todas las alertas prendidas. Veremos qué depara la semana. Esperemos que la buena noticia de que se postergará esta propuesta para un debate más amplio y público.

 

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