A mediados del año 2000, poco después de la re-reelección fraudulenta de Alberto Fujimori, se promulgó “Ley de Promoción del Sector Agrario” – Ley N°27360. José Chlimper era entonces ministro de Agricultura y además presidente del directorio de la corporación Agrokasa, una de las más grandes agroexportadoras del país.
Esta ley estableció desde entonces varios beneficios tributarios, entre ellos: reducción del Impuesto a la Renta (de 30% a 15%), exoneración del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, así como del pago de impuestos a las importaciones, fertilizantes agroquímicos y equipos de riego tecnificado. Además, depreciación acelerada de equipos, devolución acelerada del IGV, un descuento adicional si invertían en zonas eriazas y para los agroexportadores de la costa un subsidio adicional de 4% de lo que exporten («drawback»).
Pero no solo eso, la ley también recortaba gravemente los derechos de los trabajadores, como vacaciones (al 50%), CTS y gratificaciones, además de recibir subsidios del Estado al 50% para las contribuciones a Essalud e incluso para cubrir indemnizaciones por despido arbitrario.
José Chlimper cuando fue designado ministro de Agricultura durante el régimen fujimorista.
Millonarios y exclusivos beneficios
Según datos de la Sunat, se estima que el monto de beneficios tributarios para el sector agrario del presente año sería de S/ 4,380 millones, la mayor parte provenientes de empresas agroexportadoras, un subsector que ha multiplicado sus ventas al exterior por 13 en los últimos 18 años, pasando de 394 millones de dólares el año 2000 a 5 mil 114 millones de dólares el 2017.
La pregunta entonces cae de madura: ¿Se justifican estos ingentes recursos perdonados que deja de recaudar el fisco cada año, desde hace casi dos décadas?
Especialistas y dirigentes sindicales consultados por Wayka, e incluso el viceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, señalan que dicha ley ya cumplió su ciclo y que el sector agrario no puede seguir operando bajo una ley que, entre otras falencias, ha sido beneficiaria solo para una pequeña élite de empresas. En oposición distintos gremios empresariales -como Adex o Confiep- reconocen importantes beneficios que dicha ley trajo al país y su economía por lo que apelan por su extensión hasta el 2042. Veamos sus argumentos.
¿Quiénes se han beneficiado con esta Ley?
El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Flores ensayó una respuesta para Wayka: “esto solo beneficia a agroexportadores e importadores del sector agrícola, no al 82% de agricultores del país (…) no hay beneficios para la pequeña agricultura”. David Huaranca, dirigente de la CGTP de Ica, coincide: “[este régimen] les ha originado fuertes ganancias a estas empresas, pero no son compartidas con todos los trabajadores, en especial con las mujeres”.
Por su parte, gremios empresariales como Confiep, Cámara de Comercio de Lima o Adex aseguran que el crecimiento de este sector se vería amenazado en caso no se amplíe la vigencia de dicha norma favorable a sus intereses. Opinión similar fue la que recogimos del director del programa de Políticas y Normatividad Agraria del Ministerio de Agricultura, Fernando Martínez: “el sector agroexportador es visto como una locomotora, y como tal jala a los demás vagones, es decir, para satisfacer la demanda internacional tienen que articularse con los pequeños y medianos productores”, comentó para Wayka.
El viceministro de Promoción y Empleo, Fernando Cuadros, añade cifras reveladoras relacionadas con los principales beneficiarios de la ley fujimorista: las grandes empresas del rubro, donde 15 empresas concentran el 49% de la mano de obra total. Además, señala, en oposición a los grandes gremios empresariales que la ley no consiguió, por ejemplo, reducir la informalidad (8 de cada 10 trabajadores del agro son informales) ni aumentar la productividad (49 veces menor que la productividad minera).
La dirigente de asuntos agrarios de la CGTP, Rosa Elena Gonzáles también ensaya una respuesta: “podríamos decir que ninguno de ellos ha sido beneficiario de esta ley, una ley que se ha perpetuado para beneficio de unos pocos, no de las grandes mayorías”. El economista y profesor de la PUCP, Pedro Francke, no duda en tomar como ejemplo la empresa de la que es importante accionista Chlimper: “su empresa tiene beneficios de más de 30 millones de soles al año, su valor supera los 250 millones de dólares, hay una gran concentración de la riqueza y sin duda son los grandes beneficiarios de estas medidas”.
Pero, ¿qué tipo de empleo genera la agroexportación?
El profesor Francke propone una respuesta: “Ellos aducen que han generado empleo, pero el empleo ha sido de muy baja calidad, sin gratificaciones, sin CTS”. El presidente de la CNA coincide con Francke: “El hermano que trabaja la chacra de un agroexportador solo tiene 15 días de vacaciones y su sueldo no supera el salario mínimo vital, y su CTS está incluido en su salario, es un abuso”.
Trabajadores y trabajadoras del régimen agrario cuentan con derechos laborales recortados.
Un boom agroexportador a costa de derechos
Este subsector, con un contingente laboral de más de 270 mil trabajadores (más del 90% en grandes empresas de más de 100 trabajadores), ha venido operando con un recorte significativo de derechos laborales de sus trabajadores: “por vacaciones reciben 15 días en lugar de 30, su CTS y las 2 gratificaciones anuales se incluyen en el jornal, es decir, se licúan en la mensualidad, se reduce a la mitad lo que tendría que pagar la empresa por despido arbitrario, desprotegiendo al trabajador, y se reduce de 9% a 4% lo que tendría que pagar las empresas por concepto de Essalud sin ninguna justificación”, recuenta el sociólogo y especialista Enrique Fernández-Maldonado.
Por su parte Francke hace un estimado de la pérdida que implica por cada trabajador el mantenimiento de este régimen especial: «[cada trabajador] gana en promedio 1400 soles, pero sin derecho a gratificaciones, CTS y con la mitad de vacaciones, ello implica una pérdida de 4,900 soles anuales por cada trabajador en favor de las empresas». Estima adicionalmente el monto que les cubre el Estado en la cobertura sanitaria: 300 millones de soles por año «que terminamos pagando todos los asegurados con desabastecimiento de medicinas, exámenes no disponibles y largas colas de espera por falta de recursos humanos e infraestructura».
El derecho a la sindicalización también es limitado, como comenta el dirigente de la CGTP David Huaranca: “[este régimen especial] ha permitido que haya más fuentes de empleo, pero un empleo casi indigno, los trabajadores no pueden sindicalizarse, solo hay un 4% de sindicalizados”.
Las trabajadoras llevan la peor parte
Estos grandes beneficios al sector no solo no han reducido, sino parecen haber agravado la situación de las trabajadoras del sector.
La dirigente de la CGTP, Rosa Elena Gonzáles describe una realidad más que preocupante: “se esclaviza a trabajadores y trabajadoras, la más pauperizada y la más maltratada es la trabajadora mujer, donde no solo se le recortan derechos sino se les trata casi como esclavas”. Y continúa, “las mujeres que salen embarazadas o tienen que atender a sus hijos simplemente son sacadas (…) [este régimen] debe recortarse, no pedir ampliación, es un insulto para la clase trabajadora, es un insulto para las mujeres del país”, concluye Gonzáles.
Entonces, ¿extender o no estos privilegios hasta el 2042?
Desde el Poder Ejecutivo, diversos congresistas y gremios empresariales se viene promoviendo la extensión de este régimen hasta el 2042. ¿Se justifica esta extensión?
En sentido opuesto a los grandes gremios empresariales y algunos políticos allegados a la industria, diversos especialistas apuntan a que ya no se justifica la aplicación de este régimen. Fernández-Maldonado, por ejemplo, apunta que el crecimiento del sector ya está consolidado: “es un sector que ya no requeriría de este subsidio estatal, ya tienen consolidados mercados”.
El economista Humberto Campodónico coincide en apuntar la necesidad de fijar límites: “¿cuándo se ‘gradúan’? ¿O van a necesitar muletas por siempre? No, pues. El mecanismo tiene que ser temporal y aplicarse sobre todo a los que recién entran».
Carlincatura publicada en La República (05-06-2018)
Hacia dónde apunta el gobierno
El Poder Ejecutivo, sinceró hace pocas semanas, sus intenciones respecto a esta ley, en el pedido de facultades legislativas que hizo al Congreso, solicitando «ampliar la vigencia de los beneficios de la Ley N° 27360». Sin embargo con el paso de las semanas, y frente a diversos cuestionamientos, Vizcarra y sus ministros han venido matizando dicho pedido. En una reciente entrevista televisiva Vizcarra manifestó: “lo que vemos como gobierno es seguir gozando de las ventajas de un régimen agroexportador que ha dado muchos beneficios al Perú (…) pero [viendo] cómo se cubre ese problema que se está generando en Essalud”.
Al cierre de este artículo, se reporta que el gobierno estaría proponiendo la prórroga de la vigencia de esta norma pero con algunas modificaciones, como la eliminación o reducción del subsidio de Essalud así como un tratamiento diferenciado de los beneficios por tipo de empresa del sector. En la Comisión Agraria del Congreso, por su parte, se ha incluido recientemente en el debate iniciativas para una prórroga de diez años (hasta el 2031) como vacaciones completas, reconocimiento de CTS y gratificaciones de fiestas patrias y navidad, además de que la indemnización se incremente de 15 a 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios.
A modo de conclusión: algunas propuestas
Es evidente que la Ley de Promoción del Sector Agrario, después de casi 20 años de funcionamiento, debe ser evaluada, ya que esta supone no solo millonarias exoneraciones tributarias que no cumplen ya con su objetivo promotor, sino el desconocimiento de los derechos de sus trabajadores.
El presidente de la Confederación Nacional Agraria ensaya algunas propuestas: “este régimen debe eliminarse y trabajarse una nueva ley con los propios trabajadores, todos los actores, que beneficie a todos, no solo a un sector”.
Fernández-Maldonado también alcanza recomendaciones: “el Estado podría invertir más en formación y capacitación en el sector, en articulación de cadenas productivas, en acceso al crédito, en facilidades administrativas”. Por su parte, el profesor Francke sugiere: “apoyar a pequeños agricultores de sierra y selva, nuevos productos basados en nuestra biodiversidad, la maca, sacha inchi, aguaymanto, el Estado debe apoyar mucho más con infraestructura y crédito, lo más importante para el sector”.
La pugna pareciera tener aún para rato si el gobierno no toma una posición contundente sobre la eliminación o significativa reducción de estos millonarios beneficios tributarios innecesarios y recorte de derechos laborales a miles de trabajadores y trabajadoras peruanas, que como está claro, no es la mejor vía para que nuestras empresas ganen en productividad y competitividad.
