Comisión de Vivienda aprobó dictamen que amplía plazos para formalizar posesiones informales

Organizaciones ambientales y comunidades campesinas alertan que esta iniciativa podría legitimar a traficantes de tierras. El dictamen aprobado por la comisión de Vivienda del Congreso recoge los proyectos de ley de siete partidos políticos.

Lucero Ascarza

Con nueve votos a favor y cuatro abstenciones, la Comisión de Vivienda del Congreso aprobó el dictamen que reúne diez proyectos para ampliar los plazos de la Ley N° 28687 para titular terrenos ocupados por posesiones informales.

Se tomó en cuenta una iniciativa del 2018 de la excongresista Yesenia Ponce, además de ocho proyectos presentados este año por congresistas de Fuerza Popular (FP), Podemos Perú (PP), Partido Morado (PM), Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP), Alianza por el Progreso (APP) y Somos Perú (SP).

Como Wayka informó en junio, defensores ambientales y comuneros campesinos han planteado cuestionamientos a estos proyectos. El motivo: la problemática del tráfico de tierras y constantes invasiones que sufren ecosistemas frágiles como las lomas de Lima y comunidades campesinas no tituladas.

Durante la sesión de este miércoles, el congresista Mario Quispe (APP) señaló que el texto sustitutorio presente en el dictamen recoge recomendaciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Ante la sugerencia de pedir también la opinión de las municipalidades, Quispe respondió que estas entidades frecuentemente avalan a extorsionadores y probablemente se opondrían al proyecto. «Deben estar preocupados los traficantes de terrenos», comentó.

Por su parte, Angélica Palomino (PM) indicó que habían sido responsables con el proyecto, al colocar restricciones que prevengan el tráfico de terrenos. «He recibido llamadas de colegas que no están de acuerdo con el informe porque hay algunos candados que siguen incomodando», declaró a la comisión. «Tenemos que hacer las cosas bien, me voy a oponer a cualquier organización política u organización criminal que quiera imponer el tráfico de terrenos«. Tanto Palomino como Quispe son autores de los proyectos en el dictamen y el congresista de APP es coordinador el grupo de trabajo sobre el tema.

Además de ellos, votaron a favor del dictamen los congresistas Juan Carlos Oyola (AP), Jorge Vásquez (AP), Matilde Fernández (SP), Aron Espinoza (PP), Geovanni Acate (APP), Mártires Lizana (FP) y Héctor Maquera (UPP).

No hubo votos en contra y solo se abstuvieron de votar los congresistas del Frepap, Luz Cayaguaray y Daniel Oseda; Yvan Quispe (Frente Amplio) y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), quien dijo estar a favor del proyecto pero indicó que era mejor un mayor debate en el Pleno.

Alerta ciudadana

Wayka tuvo acceso al texto sustitutorio aprobado por la comisión de Vivienda, que pone algunos límites para el proceso de formalización. Por ejemplo, las áreas de reserva nacional, las áreas naturales protegidas y los ecosistemas frágiles. Un punto que -en teoría- debería proteger a dichos terrenos de la apropiación informal.

En conversación con este medio, Ascencio Vásquez, presidente de la Red de Lomas del Perú, declaró anteriormente que las normas no han evitado que invasores de terrenos en áreas naturales protegidas consigan constancias de posesión. Por otro lado, existe un precedente de cambios de zonificación impulsados por municipalidades, que avalan la invasión de áreas naturales con fines industriales o residenciales. Un ejemplo es la actual propuesta de cambiar la zonificación del valle de Lurín, lo que es rechazado por colectivos ambientales y de desarrollo urbano.

Vásquez se reunió con el grupo de trabajo de la comisión de Vivienda el 1 de agosto y expresó su desacuerdo en formalizar viviendas inadecuadas. «Cuántos de nuestros asentamientos humanos carecen de servicios, tienen viviendas hacinadas y están construidas con materiales inadecuados, pero sí tienen título de propiedad […] Por eso necesitamos una política de vivienda que promueva la vivienda en zonas seguras, con acceso a servicios y en armonía con nuestras áreas naturales», sostuvo.

Por otro lado, comuneros del norte del país expresaron a Wayka su preocupación por lo que puede significar esta ley para las comunidades campesinas con terrenos en litigio. Entre ellos, está la comunidad San Juan Bautista de Catacaos (Piura) que acusa a una red de empresas vinculadas al Sodalicio de apoderarse de casi 10 mil hectáreas que les pertenecen. Actualmente, dichos terrenos están registrados en SUNARP a nombre de un grupo de empresas y los comuneros temen que estos proyectos de ley legitime a quienes acusan de usurpar sus terrenos.

«La falta de titulación de las comunidades las expone a un despojo», señalaron los comuneros en diálogo con Wayka. Según cifras provistas por CEPES y el Instituto del Bien Común a la Unidad de Protección de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), casi 60% de las comunidades campesinas en el país no cuenta con titulación.

Sobre la titulación de comunidades, de acuerdo a la congresista Angélica Palomino, no se consideró en el dictamen por un tema de autonomía. «Nosotros creemos que tanto las comunidades campesinas como indígenas tienen independencia. Nosotros no podemos decidir sobre predios comunales o predios indígenas, no podemos ir sobre el derecho que ellos tienen», explicó. Sin embargo, sí adelantó que el grupo de trabajo de la comisión de Vivienda hará un estudio más riguroso para atender esa necesidad.

Cabe recordar que el dictamen aprobado recientemente modifica una ley ya existente, y esta incluye en su aplicación a terrenos de comunidades campesinas de la costa. El único cambio a ese artículo sería el plazo para la formalización, que se ha extendido para las posesiones informales hasta el 31 de diciembre de 2015.