El Parlamento publicó documentos no oficiales para concluir que el objetivo de los sicarios fue el taxista y no Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso involucrada en una presunta red de prostitución.
¿Quieren cerrar el caso? A través de las redes sociales, el Congreso de la República se apresuró a atribuir la muerte de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana. Ello pese a que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento.
La conclusión del Legislativo se basa en que Vidal recibió 7 disparos y no falleció inmediatamente, como sí lo hizo José Daniel Vargas Briceño, conductor del taxi que recibió 16 disparos.
“La participación de sicarios y la magnitud del ataque coinciden con un ajuste de cuentas por motivos criminales”, se observa en el que sería el protocolo de necropsia, documento adjuntado por el Congreso que no cuenta con sello, firma o algún distintivo que verifique su autenticidad.

Andrea Vidal Gómez 1 impacto de bala en la cabeza, lo que le causó la muerte según la necropsia del Ministerio Público. Además, 2 disparos en el tórax y 3 en extremidades inferiores.
Por su parte, el taxista Vargas Briceño cuenta con impactos en la cabeza (2), en el cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). La laceración pulmonar, laceración hepática y hemorragia cerebral produjeron su muerte instantánea, refiere la necropsia oficial.
El Congreso se basa en estas pruebas sin considerar el contexto que rodea la muerte de Andrea Vidal para afirmar que la extrabajadora del Parlamento solo sería una víctima colateral del sicariato que buscó matar al conductor del vehículo por cobro de cupos.
“Andrea Vidal ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi”, sostuvieron en sus redes sociales.

En el documento que adjuntan también se pide que se investiguen las actividades a las que se dedicaba José Daniel Vargas Briceño en su país, si tendría antecedentes y revisar información de su celular, trabajo que corresponde a la Fiscalía de la Nación y a la PNP.
Vargas Briceño era un ciudadano venezolano que llegó al Perú hace seis años, con su padre y su hermano. Sus documentos se encontraban en regla; no contaba con antecedentes penales y, según su hermano José Vargas Briceño, no había recibido ninguna amenaza o cobro de cupos hasta el momento.
“El atentado no era contra mi hermano. En la Dirincri revisaron los dos celulares de mi hermano y no encontraron nada. Ningún tipo de amenaza, ningún tipo de problema. Lo que más quisiera es que se sepan los culpables. Es raro por las tantas hipótesis que han dicho y porque las cámaras no funcionaban”, declaró el hermano del taxista asesinado.
La ciudadanía ha mostrado suspicacia en cuanto al comunicado del Congreso, ya que esta institución es la que está siendo investigada por presuntamente tener una red de trata y prostitución que operaba en sus instalaciones.
La principal testigo que conocía sobre los implicados y cómo operaba esta actividad en el Parlamento era Andrea Vidal, contratada por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso.
Saravia tiene vínculos cercanos con Alianza por el Progreso, partido de César Acuña y actualmente es investigado por presunta explotación sexual, colusión y negociación incompatible, aunque ha negado los cargos.
Cabe resaltar que la Fiscalía y el Poder Judicial son las instituciones encargadas de dar el veredicto final sobre la muerte de Vidal y las implicaciones de trabajadores del Congreso y legisladores en este caso. Hasta el momento, no se han pronunciado al respecto.