Redacción Wayka
Desde mediados de 2012, tras participar en las protestas contra la minera Xstrata Tintaya de Glencore, por mejores condiciones de negociación y contaminación ambiental, dirigentes de la provincia de Espinar (Cusco) son perseguidos judicialmente por la Fiscalía por los supuestos delitos de disturbios y fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos. Ocho años después, los comuneros siguen en la mira del Ministerio Público.
Los exdirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de la misma provincia (FUDIE), Sergio Huamaní Hilario y Herbert Huamán; y el exalcalde provincial, Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, asistieron ayer al juicio oral virtual en donde la Fiscalía pide 20 años de cárcel y S/100 mil de reparación civil, luego de haberse postergado por casi ocho años. Este es el segundo juicio contra los dirigentes de Espinar.
Cabe recordar que los mismos personajes fueron enjuiciados por presuntamente haber convocado una definida en Espinar en 2012, pero la Procuraduría huelga Pública Especializada del Ministerio del Interior desestimó el pedido de investigación preventiva de la Fiscalía, y el proceso quedó archivado. Desde entonces, los dirigentes afrontan un nuevo juicio que continúa hasta la fecha.
Persecución selectiva
Las denuncias de la Fiscalía contra dirigentes no han frenado las protestas en la provincia de Espinar. Por el contrario, apenas hace dos meses se desató otra huelga indefinida contra la minera Glencore-Antapaccay por rehusarse a nuevas negociaciones que incluían un bono solidario de mil soles dirigido a las familias de la provincia para contener la crisis económica generada por el estado de emergencia.
En ese entonces, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) registraron a detalle los abusos cometidos por la Policía Nacional y exigieron a la Fiscalía que investigue los hechos. Se reportaron tres comuneros fueron heridos de bala, ocho recibieron impactos de perdigones o bombas lacrimógenas y decenas de torturados durante los enfrentamientos con la PNP.
Una crónica de Wayka pudo confirmar que el policía a cargo de los operativos contra los comuneros que terminaron en torturas fue el coronel Pedro Agustín Vargas Chilón. Sin embargo, hasta donde se conoce, la Fiscalía solo inició investigaciones contra los dirigentes que participaron de las protestas y la cirujana del Hospital de Espinar que confirmó públicamente que atendió heridos de bala, Gloria Cárdenas.
