Presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas anunció que evalúan marcha nacional hacia Lima por retrasos en el proceso judicial e insuficiente apoyo de las autoridades para el acceso a la justicia y reparación de las víctimas.
Por Wilson Chilo, corresponsal en Cusco
El Poder Judicial amplió por cuatro meses la investigación en los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres, en su mayoría indígenas, perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. Las víctimas no solo reclaman celeridad, sino también resolver las deficiencias del sistema de justicia que les impide acceder a la verdad y reparaciones.
Rute Zúñiga Cáceres, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) indicó a Wayka que están coordinando la convocatoria de una asamblea para evaluar acciones frente a las demoras en la investigación. «Ya es demasiado, están pisando nuestros derechos, nos están victimizando. Nosotras nos vamos a organizar en una marcha nacional hacia la ciudad de Lima”, informó.
La presidenta de AMPAEF también cuestionó el papel que viene cumpliendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en su compromiso de acompañamiento y búsqueda de justicia para las sobrevivientes y sus familiares. «No se abastecen, tenemos que gastar nuestro dinero para ir al Cusco, viajar dos a tres horas [para brindar nuestras declaraciones], es dificultoso para las compañeras”, comenta.
SOLO 4 ABOGADOS PARA MÁS DE MIL CASOS
Yudith Conto Cantero del área legal de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) refiere que a nivel nacional hay denuncias penales, carpetas fiscales y procesos en situación de investigación que las víctimas de esterilizaciones forzadas de comunidades alto andinas afrontan con falencias y dificultades.
La abogada indica que desde el Ministerio de Justicia solo se ha destinado para Cusco a 4 defensores que dan asistencia legal a los 1321 casos registrados en la región.
“A lo descrito hay que agregar, que las compañeras no se sienten seguras porque no conocen a su abogado. No conocen qué proceso se está haciendo, no se les da la información ni en qué etapa de investigación están y por qué se recaba su testimonio”, señala.
Según Yudith Conto, las víctimas de esterilizaciones forzadas también desconocen la fecha exacta para sus declaraciones o se les reprograma a última hora. Al respecto, menciona que se ha alcanzado una queja al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) y al Ministerio de Justicia sobre este tema.
FALTA DE ACCESO A INTERNET
A esta problemática también se suma la falta de acceso a internet y a las nuevas tecnologías de comunicación para las denunciantes. Según Conto, las víctimas afrontan dificultades para dar sus declaraciones virtuales y a movilizarse desde sus comunidades hacia la capital de la provincia en búsqueda de conexión internet.
“Esta situación les genera un gasto extra en su economía, son pasajes de ida y vuelta, cubrir su alimentación e incluso algunas tienen que quedarse a dormir en la intemperie o plaza del lugar por los escasos recursos que tienen”, indica.
Así también lo describe Rute Zúñiga sobre las dificultades que afrontan las sobrevivientes. “No tenemos internet adecuado y celulares modernos, nuestras compañeras que son campesinas, no tienen estudios superiores para que ellas puedan manejar el celular y no hay internet para que puedan declarar en sus procesos. Tienen que bajar una a dos horas desde sus comunidades hacia el pueblo para suplicar quien puede dar acceso a internet”, denuncia.
HERIDAS QUE NO CIERRAN
Doris Huayllparimachi Quehuarucho (54) pertenece a la provincia de Anta y es una de las sobrevivientes. Ella tenía 25 años cuando asistió a la posta de su provincia por un resfrío y terminó siendo esterilizada sin su consentimiento. Solo recuerda que le pusieron una bata verde y luego despertó en el Centro de Salud de Anta.
—Cuando desperté me habían cortado, no me avisaron, ni capacitaron en nada, como a animales nos han cargado a cinco mujeres más a la posta, nos han encerrado, las traían en camillas y las metían en un salón, la portera nos encerró con candado. En tiempos de Fujimori era así, nos trataron como animales—, narra.
Su esposo la estuvo buscando y recién a las nueve de la noche la encontró sin poder caminar. Tras el reclamo de su pareja, solo atinaron a decirle «querías que tu esposa esté pariendo como chancho y cuy», cuenta.
Luego de más de veinte años, Doris junto a Rute Zúñiga reclaman que el actual gobierno de Pedro Castillo cumpla con el compromiso que anteriores gestiones no han logrado resolver: una reparación integral para las víctimas a nivel nacional.
