Corte Suprema vuelve a postergar justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual de Manta
“Las mujeres de Manta no pueden seguir suspendiendo sus vidas por la incapacidad del sistema de justicia”, advierte la abogada feminista Cynthia Silva. Su indignación se debe a que por segunda vez, la Corte Suprema de Justicia volvió a cancelar —el mismo día y sin explicación previa— la audiencia decisiva del Caso Manta, uno de los procesos más emblemáticos sobre violencia sexual cometida por militares durante el Conflicto Armado Interno.
La audiencia debía revisar la sentencia que condenó a 10 exmilitares responsables de violaciones sexuales sistemáticas contra niñas, adolescentes y mujeres de la comunidad de Manta (Huancavelica). La primera postergación ocurrió el 17 de julio de 2024; esta nueva suspensión agrava el abandono histórico que enfrentan las sobrevivientes.
Un caso histórico que el Estado debe resolver
El caso Manta es considerado un precedente continental: fue el primer caso colectivo en Sudamérica donde la violencia sexual fue reconocida como delito de lesa humanidad, debido a su carácter sistemático y como parte de una política contrasubversiva discriminatoria del Ejército peruano.
La sentencia del 19 de junio de 2024 estableció que los crímenes no fueron aislados: formaron parte de un patrón de control territorial donde las mujeres mantinas eran tratadas como botín de guerra y sometidas a violaciones reiteradas por parte del personal militar destacado en la Base de Manta.
Sin embargo, un año después, la sentencia continúa sin ejecutarse plenamente.
La indiferencia estatal frente a la violencia sexual
Para las sobrevivientes, el retroceso institucional es evidente. En un país donde, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), el 75,7% de la población tolera algún tipo de violencia contra las mujeres, la falta de reacción ante este caso confirma un problema estructural: la violencia es normalizada, relativizada e invisibilizada, especialmente cuando afecta a mujeres rurales, indígenas y empobrecidas.
La violencia estructural estatal también se evidenció en los años de la violencia política. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el 83% de los casos de violencia sexual durante el conflicto armado fueron perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, las sobrevivientes continúan asumiendo los costos económicos y emocionales de la búsqueda de justicia. Para esta audiencia, viajaron nuevamente desde Huancavelica a Lima, pero la Corte Suprema volvió a dejarlas esperando.
Para las denunciantes y organizaciones de derechos humanos como DEMUS, la dilación judicial no solo humilla a quienes esperan justicia hace décadas: también abre espacio para la impunidad.
Ley de Amnistía y Ley APCI
La lucha de las mujeres de Manta ocurre en un contexto de retrocesos legislativos.La Ley de Amnistía (2025) pretende exculpar a militares y policías involucrados en crímenes cometidos entre 1980 y 2000, desconociendo el derecho a la verdad y la memoria histórica.La nueva Ley APCI 2025 busca sancionar de manera arbitraria a organizaciones que acompañan legalmente casos de violencia sexual, tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes del conflicto, dejándolas en estado de vulnerabilidad frente a la persecución política.
Ambos marcos normativos ponen en riesgo no solo el caso Manta, sino las posibilidades de justicia para miles de víctimas.
Décadas de espera y un sistema que no responde
Para las mujeres de Manta, la suspensión reiterada es un signo de desprecio institucional. La Corte Suprema tenía la obligación de garantizar una audiencia con condiciones dignas, informando con antelación y asegurando la presencia de todas las partes. Nada de eso ocurrió.
La abogada Cynthia Silva lo resume así:
“Exigimos que la Corte Suprema cumpla su rol: dar celeridad, confirmar las condenas, establecer penas proporcionales al daño causado y garantizar reparaciones civiles justas. No pueden seguir postergando la vida de estas mujeres.”Las sobrevivientes del Caso Manta han esperado más de 30 años para que sus agresores enfrenten a la justicia. Hoy exigen tres cosas urgentes: Reprogramación inmediata de la audiencia, con garantías mínimas de respeto. Asimismo, solicitan el cumplimiento de diligencias pendientes que bloquean la ejecución total de la sentencia. Por último, piden las reparaciones integrales y medidas de no repetición, en línea con estándares internacionales.
Por: Silvia Bardales
