Cuatro años sin justicia: el caso de Mariella Baca sigue impune
Cuatro años después de su muerte, el caso de Maricar, como cariñosamente la llamaba su familia,sigue sin resolverse. Su deceso, ocurrido durante un accidente automovilístico, es investigado como un presunto feminicidio. Su familia aún espera justicia, mientras el caso permanece en la impunidad.
Alrededor de las diez de la noche del penúltimo día de enero de 2021, Mariella del Carmen Baca Briones, administradora y anfitriona chiclayana de 32 años, murió luego de que el vehículo de placa M1F-083 en el que viajaba se despistó en la carretera que une los distritos de Pimentel y San José en Lambayeque. En el auto también se encontraban Jonathan Cruz Paico y Carlos Rogelio Mora Ucañay, amigos cercanos de la víctima y sobrevivientes del accidente. Según el parte policial, Mariella falleció instantáneamente debido a un traumatismo craneoencefálico severo.
La fiscalía inicialmente tipificó los hechos como homicidio culposo, pero hoy se investiga un posible feminicidio. Para la familia y amigos de Maricar,existen graves indicios que demostrarían que el responsable de su muerte fue su pareja, Rodrigo Pacheco Bado, un empresario chiclayano dedicado al negocio de las hidroeléctricas y, según señalan, amigo de las familias más influyentes de Chiclayo.
¿De qué huía Mariella?
El viernes 29 de enero de 2021, Rodrigo Pacheco recogió en su camioneta a Maricar Ushiñahua (¿por qué usas aquí este otro apellido y no antes?) para llevarla hasta su casa de playa en Pimentel. Al día siguiente, la pareja organizó un almuerzo con amigos, entre ellos Jonathan Cruz y Carlos Mora.
Pasadas las 11 p.m., y según testigos en aparente estado de ebriedad, Pacheco adoptó una actitud violenta. Según el testimonio de Carlos Mora, el empresario le apuntó con un arma de fuego y le exigió que se retirara de la vivienda. Para entonces, la mayoría de los invitados ya se habían marchado, quedando solo Maricar, Jonathan Cruz, Carlos Mora y el propio Rodrigo Pacheco.
De acuerdo con la declaración de Mora, en ese momento Maricar pidió ayuda, asegurando que su pareja “la quería matar”. Ante la amenaza, decidió huir junto a Jonathan Cruz en la camioneta de Carlos Mora. Sin embargo, poco después advirtieron que un vehículo los seguía: era Pacheco.
En medio de la persecución, Maricar logró comunicarse con su hermano Shouji Ushiñahua para pedir ayuda, pero la llamada se cortó abruptamente. Su familia intentó contactarla en reiteradas ocasiones, sin éxito. Finalmente, Jonathan Cruz atendió el teléfono de Maricar y alertó a su madre, Mariella Briones: “Rodrigo se ha vuelto loco, nos ha perseguido disparando y hemos tenido un accidente”, le dijo.
Cerca de la medianoche, Shouji y su padre, Roger Ushiñahua, salieron en su búsqueda. En el trayecto, Roger asegura haber visto la camioneta de Pacheco circulando por la carretera. Al llegar al lugar del accidente, encontraron a Jonathan Cruz con heridas leves y a Maricar sin vida.
Demoras, contradicciones y llamadas sospechosas
Tres días después del accidente, Rodrigo Pacheco se presentó en la comisaría de (lugar) para rendir su declaración. Ese mismo día, la Policía realizó peritajes a su camioneta. Inicialmente, el empresario había entregado un vehículo que estaba asignado a la empresa donde trabajaba, pero las imágenes de cámaras de seguridad cerca del domicilio de Maricar evidenciaron que aquella noche usó otro automóvil. Ante esta revelación, Pacheco entregó la camioneta correcta, en la que se descubrió que el parachoques había sido pintado recientemente. Para la familia de Maricar, las sospechas sobre Pacheco se intensificaron. Nunca se comunicó con ellos, no les expresó condolencias y tampoco asistió al sepelio.
Desde el inicio del proceso, Mariella del Socorro Baca, madre de Maricar, ha denunciado diversas irregularidades. “He presentado quejas ante Control Interno (de la fiscalía) y la Junta Nacional de Justicia. Le abrieron proceso al fiscal Máximo Medina por no investigar el caso como feminicidio desde el inicio. Pacheco nunca se presentó (a la comisaría), se negó a pasar pericias psicológicas y, en la comisaría de Pimentel, el oficial Calle no quiso recibir mi denuncia. Además, la prueba de absorción atómica se la hicieron cuatro días después”, señala indignada.
Actualmente, la investigación sigue estancada. No se han realizado pericias psicológicas a los involucrados, no se ha analizado el GPS de los vehículos de Pacheco y tampoco se ha levantado el secreto de las comunicaciones del teléfono de Mariella Baca.
Testimonios inconsistentes y llamadas clave
Otro punto que genera incertidumbre es la falta de precisión en las declaraciones de Jonathan Cruz, quien viajaba con Maricar la noche del accidente. Ante la Policía y la Fiscalía, Cruz afirmó que sintió un impacto, pero que perdió el conocimiento de inmediato. No pudo confirmar si realmente eran perseguidos ni asegurar que el vehículo que los seguía era el de Pacheco. Además, con el tiempo, dejó de comunicarse con la familia de Maricar.
Tras el peritaje del teléfono de Pacheco, una serie de llamadas telefónicas realizadas la mañana siguiente del accidente han despertado nuevas sospechas. Se descubrió que Pacheco se comunicó con el comandante PNP Marco Vega Varías, quien en ese entonces prestaba servicio en la Comisaría de Turismo en Lambayeque.
Minutos después, Pacheco llamó a su vecino Wilson Montalvo a las 7:24 a.m., y tres minutos más tarde contactó a Jonathan Cruz. A las 8:13 a.m., Cruz se comunicó con la abogada Mayder Montalvo, quien actualmente es su defensora legal. Para la familia de Maricar, estas llamadas sugieren que Pacheco buscó el contacto de la abogada a través de su vecino, ya que ambos tienen un vínculo familiar.
Primera Sentencia
Tras 11 meses de investigación, en diciembre de 2021, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dirigida por la fiscal provincial Karen Padilla Tenorio, logró que se declarara fundado el pedido de prisión preventiva por seis meses contra Rodrigo Pacheco Bado.A finales de ese año, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo oficializó la orden de captura a nivel nacional. Sin embargo, la medida nunca se ejecutó. Para entonces, Pacheco ya había huido y su defensa presentó una apelación contra la resolución de la fiscal Padilla. La audiencia se llevó a cabo el 1 de febrero de 2022 y, para consternación de la familia de Maricar, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque revocó la prisión preventiva.
Con esta decisión, las órdenes de ubicación y captura contra Pacheco quedaron sin efecto. Los magistrados Ana Sales, Margarita Zapata Cruz y Emiliano Sánchez Bances dispusieron que el imputado cumpliera solo con comparecencia restringida. Entre las condiciones impuestas, debía presentarse ante las autoridades cuando fuera requerido, no acercarse a la familia de la víctima y pagar una caución de 20 mil soles.
La familia de Maricar supo que el abogado de Pacheco era Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial(2017 -2018), hasta que renunció en medio de escándalos de corrupción dentro del sistema judicial. Su presencia en la defensa de Pacheco generó inquietud entre los deudos de Maricar, quienes temen que su influencia retrase el juicio.
«Son cuatro años de tristeza, cuatro años sin poder superar la muerte de mi hija. En todo este tiempo he visto cómo el presunto feminicida ha tenido cuatro abogados para defenderlo, entre ellos el señor Duberlí. Queramos o no, es una persona con mucha influencia, y tal vez eso esté retrasando el juicio oral», sostiene Mariela del Socorro Baca(verificar nombre que sea consistente en toda la nota, tanto por los apellidos como por la doble L), madre de Maricar.
Una lucha incansable
Al cierre de esta edición, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo mantiene pendiente la apertura del juicio. La Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para Pacheco por feminicidio y otros 6 por el delito de lesiones.
En marzo de 2023, la fiscal Karen Padilla Tenorio amplió su acusación e incluyó a Carlos Mora (34). La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Pacheco y 6 años para Mora, a quien acusó de homicidio culposo.
Meses después, el 6 de mayo de 2024, la fiscal Padilla retiró la acusación contra Mora, pero el juez Torres Sánchez ordenó que su decisión fuera revisada por una instancia superior del Ministerio Público. Finalmente, el 4 de agosto, el Poder Judicial resolvió no formular cargos contra Mora.r
Desde el inicio del proceso, la familia de Maricar ha encabezado diversas acciones públicas para visibilizar el caso. Mariela Briones (nombre) se sumó al colectivo nacional Familias Unidas por Justicia: Ni Una Asesinada Más, llevó su denuncia al Congreso y buscó respaldo en organizaciones como la Defensoría del Pueblo, Ni Una Menos y la ONG Manuela Ramos.
«He pasado un vía crucis. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias al apoyo recibido. Si hubiera estado sola, si la prensa no hubiera difundido el caso, estoy segura de que el expediente de mi hija habría sido archivado», sostiene. «Necesitamos que la justicia no avance a paso de tortuga. Nos dicen que tal vez en septiembre, o quizá en 2026. Como Pacheco no está en prisión, su caso no es prioritario», añade en diálogo con Wayka.
