A un año del estallido social de noviembre de 2020, 27 jóvenes con daños de gravedad reclaman atención de salud, justicia y reparaciones. Han sido incluidos como agraviados en la denuncia fiscal contra 11 efectivos por los presuntos cargos de homicidio, lesiones graves y leves.
Roxana Loarte
Cuatro de 27 jóvenes heridos en las marchas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino, en noviembre de 2020, narran a Wayka cómo ha sido rehacer sus vidas, teniendo daños graves y secuelas. En algunos casos de forma permanente.
Están solos desde que se desactivó la comisión multisectorial creada en el gobierno de Francisco Sagasti. Y recién el último sábado 13 de noviembre, el presidente Pedro Castillo aprobó una resolución para reactivarla. Se han organizado en una asociación de víctimas y familiares para exigir justicia y reparaciones.
De acuerdo a la denuncia fiscal, entre el 10 al 15 de noviembre, se desarrollaron movilizaciones y protestas de la ciudadanía en Lima, donde la Policía Nacional cometió abuso de autoridad y graves violaciones a los derechos humanos.
La investigación alcanza a 11 efectivos policiales por los presuntos delitos de asesinato con alevosía, lesiones graves y leves contra Inti Sotelo, Jack Pintado y 80 personas que han sido incluidas como agraviadas. En paralelo, existe una denuncia constitucional contra Manuel Merino del partido Acción Popular y sus exministros, Antero Flores-Araoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.
Estas son sus historias y testimonios a un año desde que todo en sus vidas cambió.
El activismo como fortaleza
—Yo no puedo subir y bajar escaleras sola. Tiene que ayudarme alguien, porque no he recuperado la movilidad total de mi pie—.
Gloria Alejandro Yañez tiene 27 años y estudia Educación y Derecho. La noche del 12 de noviembre, cuando escapaba de las bombas lacrimógenas, cayó al suelo golpeándose el pie con una de las rampas del Metropolitano. Minutos antes, la Policía había llegado al parque ubicado frente al hotel Sheraton. Los gases lacrimógenos inundaron el lugar al punto de que Gloria ya no podía respirar y tuvo que correr. Una brigada ciudadana logró socorrerla. Ese día se desarrollaba la segunda Marcha Nacional contra el golpe parlamentario.
Un doctor del hospital Dos de Mayo, donde Gloria estuvo internada luego de su operación a causa de la fractura de su pie izquierdo, le ha dicho que este no tendrá una flexión total. Ni siquiera con la rehabilitación. Aun así, las constantes terapias son necesarias. Gloria, de vez en cuando, paga a algunas personas para que vayan a su casa en Puente Piedra y la asistan. Una economía que sale de sus bolsillos.
—Ya siento los dedos, pero hay una parte del pie que no la siento, cuenta Gloria. Ella también dice que pidió su traslado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); pero, desde que ingresó a laborar como docente y la pusieron en planilla, la respuesta de EsSalud ha sido que solo hay terapias virtuales.
Gloria ha recobrado el ánimo desde hace unos meses. Antes, no quería saber nada ni de nadie. Rechazó que la visiten congresistas y políticos en el hospital. Algunas noches tuvo ataques de ansiedad sin poder dormir. La operación le produjo un cuadro de taquicardia y le extrajeron un hueso de la cadera para un autoinjerto. Apenas su padre y su pareja sabían de su condición de salud y fueron el apoyo que necesitaba. Luego, poco a poco asumió su situación. Ahora ella es presidenta de la Asociación de víctimas y familiares de 10 al 14 N, un espacio conformado desde julio de 2021.
—Pero como te digo, ahora apoyar a la asociación, escuchar la situación de otras familias, de otros compañeros como Ñahui, Jon Cordero, me sensibiliza mucho. Entonces es algo que no puedo evitar, evitar dar lo que yo sé, lo que he aprendido para poder lograr algo que tenemos en común todos, que es encontrar justicia, una justa reparación y sobre todo que el gobierno se comprometa y dé garantías a todos los peruanos de la no repetición—, señala.
Gloria sabe que la lucha que emprende no es sencilla. Tampoco confía en las autoridades estales.
Al final siempre van a guardar sus puestos, van a tratar de cuidarlos, por eso es que no es que me fie tanto. Sé que al final no logremos mucho, emocionalmente también me voy preparando, pero lo que sí quisiera es que se active la multisectorial para que atiendan a los heridos: rehabilitación, cirugía, educación, que es lo más importante. ¿Qué les pueden dar? Educación. Que estudien algo, una carrera que mañana más tarde puedan ejercer, porque, por ejemplo, un compañero que trabajaba en construcción ya no va poder hacerlo… eso es parte de la reparación. [Esta última declaración la hizo antes de que el presidente anunciara la activación de la multisectorial]
Caer y volver a levantarse
Jon Cordero aprendió a vestirse solo y usar un andador como si el tiempo en él se hubiera acelerado cuarenta años más. Lleva un tratamiento llamado cateterismo vesical intermitente; es decir, que cada seis horas se coloca una sonda en la vejiga para vaciar la orina. Su micción, ahora, es la de un hombre anciano con prostatitis, como lo describe Jon.
Tiene apenas 25 años y se prepara para ingresar a Nutrición en la universidad. Es el segundo hijo de cuatro hermanos. Su madre, Verónica Morales, dice que su hijo es una “balanza de emociones”, pero frente a la pantalla, Jon es un joven serio, rockero, que se imagina un día tocar la guitarra y volver a caminar con normalidad.
—Hay momentos en los que yo me veo y no me acepto. El hecho de estar con una lesión que me ha paralizado las piernas, salir a veces se me hace complicado.
El mismo día y noche que asesinaban a Inti y Bryan, Jon se desplomaba entre las calles de Lampa y Piérola. Su caída fue inmediata, pero para él tardo como media hora hasta llegar al suelo. A la par, sintió una sensación extraña de alivio, sin dolor, que a veces se pregunta si así sería morir. Lo dice, mientras recuerda nítidamente ese momento, donde un perdigón metálico de la PNP impactaba con su espalda y le desgarraba parte de la médula espinal.
El traumatismo vertebro medular llevó a Jon a someterse a dos operaciones, convivir con una lesión en la vejiga y a mes y medio en silla de ruedas. Luego, la voluntad de Jon le ayudó a levantarse para caminar, usando un andador y soporte ortopédico. La sensibilidad en la pierna derecha está al 86%, según cuenta, pero en la izquierda es nula.
—Yo me he puesto una meta: tratar de recuperar la pierna en dos años, ya va pasar un año desde el 14 de noviembre. Y mi primer diagnóstico fue que ya no iba a volver a caminar, pero en un año he conseguido bastante. Así que en un año más mi pensamiento es volver a tener la movilidad en la pierna— lo dice con tranquilidad. Diez sesiones al mes en el Instituto Nacional de Rehabilitación son necesarias para Jon. En casa, cada día intenta caminar con un bastón, como se lo ha dejado indicado la doctora del INR.
Pero el daño en la vejiga es todavía un riesgo de secuela. Dentro de seis meses Jon debe hacerse, nuevamente, otro examen de urodinamia. Una evaluación médica que se realiza para conocer el funcionamiento del tracto urinario. Y así, la misma prueba cada seis meses.
—La otra vez fui al [hospital] Loayza y me dijeron que la máquina no está disponible por tiempos Covid. Del INR tampoco. En el caso de los privados, sí hay. Ya hice un examen de urodinamia y fue por cuenta propia— Jon también agrega que un examen así cuesta alrededor de mil soles.
No hay futuro sin reparación
A simple vista, Percy Pérez Shapiama parece un joven común. Tiene una conferencia de prensa en un hotel de Miraflores y se ha levantado a las seis y media de la mañana. Prepara su desayuno, come y luego sale de casa. Entre ese lapso de ida y regreso, no puede consumir nada. Ni una gaseosa, ni un antojo de comida en la calle. Nada. Su horario de almuerzo es exacto: doce y media. A su salida, regresa lo más rápido antes que el hambre le juegue una mala pasada.
—Cada veinte o treinta minutos tengo que estar desechando los líquidos que salen por mi ileostomía que drena en una bolsa… y cambiar la bolsa cada tres a cuatro días— describe Percy, quien tiene 28 años.
Percy vive con una bolsa pegada a la pared abdominal. La ileostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer una abertura en el vientre para que los desechos se expulsen fuera del cuerpo. Se realiza cuando el íleon, parte baja del intestino delgado, no funciona con normalidad.
—Yo estaba listo para operación desde el mes de marzo, febrero marzo, por ahí. Recién ahora, después de un año, recién me van a operar. Tengo dos operaciones de por medio, que se están viendo todavía— una de las operaciones que menciona Percy es de alto riesgo. Los médicos van a intentar “empatar” su intestino grueso con el delgado, como así lo explica.
Pese a su condición, la demora para programar sus operaciones ha sido del Minsa. Según Percy, la reunión de la asociación de heridos con las autoridades de salud, le permitió que vuelvan a considerar su caso. Sin embargo, él gasta S/ 250 semanales para comprar las bolsas de colostomía, polvos para contener la irritación de la piel que suman S/ 100 más. Agregado a eso, también está el alquiler de su casa, comida y demás gastos diarios para alguien que vive solo. Su madre, que reside en Yurimaguas, y amigos de la escuela primaria han podido socorrerlo. La madre de su hijo de 10 años, por su parte, se encarga ahora del niño.
El 12 de noviembre, Percy llegó al centro de Lima cerca de las 8:30 pm y a los quince minutos lo estaban dirigiendo al hospital. En la intersección de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola, un policía le apunta con una escopeta, dispara tres veces; las dos primeras las esquiva, la última le perfora el abdomen. Era su primera marcha ciudadana a la que asistía.
Al igual que Gloria, Percy también es parte de la comisión que preside la asociación de víctimas y heridos. Se ha propuesto luchar por una reparación para todos sus compañeros. Antes de las protestas, él trabajaba como bartender. Ya no podrá hacerlo. Y, aunque su proyecto de vida dependa de las operaciones, le gustaría estudiar administración de empresas internacionales. Pero solo será posible si el Estado decide repararlo.
—¿Cómo me veo? No sé, aún no sé. Porque como te digo la operación es de alto riesgo, y no sé si me pueda dar más adelante, tal vez sí, o tal vez no. No quiero dar falsas esperanzas a nadie, ni tampoco a mí mismo. Te podría responder a esa pregunta después de la operación, pero antes no.
Pasar la página no es justicia
Quiere que lo llamen Lucio y no por su segundo nombre. A veces cuando se reúne con su familia recuerdan los hechos de noviembre como una mala noticia. Prefieren olvidarlo, aunque, la actual coyuntura política los regresa a ese momento.
Lucio Suárez Valle es productor musical y también estudiante de ingeniería ambiental. Tiene 27 años, aunque aparenta menos edad. Ha decido retomar la música, alejarse de la política por un tiempo, pero de ninguna manera abandonar a sus compañeros de la asociación.
—Ahora voy asistir a la concentración que se va hacer en el Centro de Lima para acompañar a mis compañeros en lo que ellos reclaman, en lo que ellos exigen porque algunos han quedado inactivos hasta hoy y no pueden realizar su vida con normalidad—.
La vida de Lucio parece normal. Después de salir del hospital Casimiro Ulloa retomó sus actividades. Asistió el primer mes para sus controles y luego no volvió más. Todavía continúa en un estado de negación, pese a la incertidumbre de su cuerpo.
—Mi caso es bastante incierto, yo tengo tres perdigones incrustados. Uno en la mano, otro en el hombro y otro en la cabeza. En realidad, el de la cabeza, es un riesgo para operarme como dicen los doctores. Y así que de preferencia sería convivir con ello— explica Lucio, luego dice que —el [se refiere a los perdigones] del hombro y la mano los conservo, no los han podido extirpar. Me dijeron que lo iban a retirar después de un tiempo, no ahí mismo, porque el fiscal tenía que estar ahí presente para poder tenerlo en las audiencias como prueba.
Es decir que mientras el proceso de investigación se aplace, Lucio continuará con dos perdigones de plomo en el cuerpo. Sin embargo, el material de metal que reside en su cabeza podría continuar a lo largo de su vida. Tampoco nadie le ha explicado qué secuelas tendrá. La operación es costosa y riesgosa. Los médicos le dijeron que trate de llevar su vida con “normalidad”.
Lucio hasta ahora se sorprende de haber sobrevivido a los tres perdigones de plomo que cayeron sobre él. Lo recuerda como una película. En la noche del 14N se encontraba cerca al Centro Comercial El Hueco en la avenida Abancay cuando recibió los disparos. Buscó a los paramédicos, luego llamó a su hermano que hacía taxi y tras caminar algunas cuadras se desmayó. Un traumatismo encéfalo craneano le hizo perder la noción.
—Siempre pensaba y decía, cómo yo he pasado esa suerte, porque otros compañeros siguen afectados por ese día. Solo me queda exigir lo que ellos también reclaman, justicia para todos. Ha pasado un año y seguimos en las mismas condiciones.
Gloria, Jon, Percy y Lucio no se conocían hasta hace más de un año del estallido. Todos volverían a las calles a marchar si el contexto político los convoca. Por ahora, el pedido de justicia y reparación los anima a diario para continuar con sus vidas, a pesar del daño causado por la violencia estatal y policial que no cesan.