Cusco: Familia de estudiante que denunció acoso sexual en la UAC es amenazada de muerte
“Mi familia ha recibido amenazas de muerte después de que denuncié hostigamientos y delitos contra la libertad sexual en mi universidad”, denunció L.V.H.F., egresada de la Universidad Andina del Cusco (UAC). Desde el extranjero, donde tuvo que huir por temor a represalias, relata que su familia en Cusco está siendo hostigada con mensajes intimidantes como el que recibió su madre: “Por culpa de tu hija te vamos a matar a ti, a tu marido y a tus hijos (…) Su peor error fue haber denunciado, ahí cavó su propia tumba” (mensaje recibido el 4 de julio de 2025).
La ciudadana cusqueña decidió romper el silencio y revelar un sistema de hostigamiento que involucraría a tres docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, señalados por presunto acoso sexual. Mientras tanto, la máxima autoridad de la universidad, la rectora Di Yanira Bravo Gonzales, posterga entrevistas y opta por el silencio institucional, aun cuando la denunciante y su familia enfrentan un riesgo grave.
Los profesores denunciados son Rubén Tito Mariño Loaiza, exdecano y docente nombrado de 70 años; Armando Loaiza Manrique, decano del Colegio de Contadores del Cusco; y Juan Cancio Curiza Carrasco, docente contratado. Según las pruebas de audio y video que registró la denunciante, se muestran propuestas sexuales a la egresada a cambio de notas, cenas y “escapaditas” en hoteles. Una de las grabaciones expone a Cancio ofreciendo apoyo con tesis y grados a la estudiante si accedía a relaciones sexuales: “Espero yo apoyarte con tu tesis, de repente con tu grado… Quiero tener relaciones sexuales, somos grandecitos, allá queda el hotel” (audios de diciembre 2024).
Persecución a estudiantes que protestaron
El escándalo estalló a fines de 2024, cuando un grupo de estudiantes protestó exigiendo la destitución de los implicados. Pero en lugar de recibir respaldo, cinco de ellos fueron sometidos a procesos disciplinarios por el Tribunal de Honor bajo el argumento de “dañar la imagen institucional”. Uno de los estudiantes, Rubén Meza, lo dijo con claridad: “Quienes dañan la imagen de la universidad son los acosadores, nosotros solo hacemos uso de nuestro derecho a la libre expresión”.
En paralelo, la hija de Juan Cancio, también docente en la UAC, habría identificado a los estudiantes del plantón y, según testimonios recogidos por el medio La Última, ejerció represalias psicológicas contra ellos en clases. Este hostigamiento revelaría cómo los vínculos familiares y jerárquicos en la universidad reproducen un ambiente de miedo y vulnerabilidad.
La joven denunciante, sin embargo, ha enfrentado un proceso lleno de obstáculos. “La abogada que a mí se me asignó por parte del CEM de San Jerónimo muchas veces no respondió a mis intentos de comunicación y mis peticiones para acceder a mi carpeta fiscal. Yo pedí un cambio para que se me reconozca mi derecho a una defensa digna, pero no he sido atendida”, relató. La letrada asignada es Yulissa Pacheco Cervantes, de quien espera la denunciante su pronta sustitución por negligencia en la representación legal.
Desde Cusco, una activista de derechos humanos que acompaña el caso señaló: “Hace casi un año, L.V.H.F. denunció a tres docentes por delitos contra la libertad sexual. A pesar de la gravedad, el proceso se ha dilatado de forma alarmante. Ella tuvo que huir del país, no ha podido pasar Cámara Gesell y ahora su familia recibe amenazas. Mientras tanto, este mes se ha permitido el reingreso de uno de los docentes denunciados mediante una medida cautelar, abriendo la puerta a que los otros dos también regresen a dictar clases”.
El retorno de Rubén Mariño, exdecano y con historial de denuncias previas, ha encendido las alertas. La misma activista advierte: “La actual gestión universitaria protege a estos docentes. No es algo nuevo, cuando yo fui estudiante también tenían denuncias que nunca prosperaron”.
La denunciante describe el abandono institucional: “Nunca recibí un mensaje de solidaridad ni respaldo de algún vicerrector, decano o defensor de la universidad. Me duele e indigna que una universidad que presume de calidad académica no pueda garantizar un espacio seguro para sus estudiantes”.
Silencio y omisiones institucionales
El silencio institucional es otra pieza del patrón de impunidad, según denuncian los estudiantes y activistas que acompañan a la denunciante. Aunque la UAC emitió un comunicado oficial en diciembre de 2024 afirmando haber actuado “con firmeza y responsabilidad”, la rectora Bravo Gonzales rechazó dar explicaciones públicas. Tampoco, y hasta el momento de la publicación de esta nota, como Wayka hemos logrado su descargo pese a haberlo solicitado. Como apuntó Tendencia Semanal en 2024, “la extorsión sexual en las universidades del Cusco se ha convertido en un verdadero escándalo, pero la rectora cree suficiente evadir su responsabilidad y, casi cómplice, se esconde”.
Lo más alarmante es que la denuncia ha escalado hacia un riesgo contra la vida. L.V.H.F. reveló que su familia recibió amenazas de muerte tras hacer públicas las acusaciones. Hoy, desde el extranjero, L.V.H.F. lanza un llamado urgente: “Estoy cansada, con miedo, pero con la convicción de que este proceso no puede quedar impune. No más mujeres calladas, no más universidades que protegen su reputación antes que a sus estudiantes. Exijo que la rectora deje de esconderse tras el silencio y que la justicia no dependa de quién tiene más poder”, declaró.
Mientras tanto, Rubén Mariño habría sido repuesto como docente a tiempo completo tras elecciones internas de la facultad, aunque no en su cargo de decano; y Armando Loaiza continuaría figurando como decano en el Colegio de Contadores. Estos hechos evidenciarían una contradicción al discurso de tolerancia cero difundido por la universidad.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han alertado sobre un patrón de represalias contra estudiantes y encubrimiento institucional. La Defensoría del Pueblo y SUNEDU fueron llamadas a intervenir. En palabras de Ítalo Muñoz, uno de los estudiantes sancionados: “Lo único que queremos es justicia, no impunidad. Las sanciones que enfrentamos buscan callarnos”, señaló en diciembre de 2024.
El caso de la UAC expone cómo, en contextos de relaciones de poder académicos, los sistemas disciplinarios y el silencio de las autoridades se convertirían en mecanismos de amedrentamiento y censura contra víctimas y testigos. Con una denunciante bajo amenazas de muerte, una familia en peligro y una rectoría que no ha brindado su descargo hasta el momento de esta publicación, la pregunta se repite con más fuerza: ¿Cuánto más deberá resistir el estudiantado para que el derecho a estudiar sin violencia sea una realidad?
La violencia de género es una crisis persistente en el Perú: según el INEI, en 2023 más del 53,8 % de las mujeres declararon haber sufrido violencia física, psicológica o sexual. En cuanto a violencia familiar, 175 528 denuncias fueron registradas en los primeros nueve meses del año, entre ellas 7 998 denuncias por violencia sexual. Este contexto evidencia que casos como el de L.V.H.F. no son aislados, sino serían parte de una problemática estructural que requiere intervención efectiva y garantías reales para las sobrevivientes.
Canales de ayuda
Si eres testigo o víctima de violencia de género o familiar, puedes recurrir a canales oficiales que brindan orientación, acompañamiento y protección. En Perú, puedes comunicarte gratis con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: funciona 24 horas los 365 días, y brinda consejería legal, psicológica y social para personas afectadas por violencia familiar, sexual o de otro tipo.
Por: Silvia Bardales Q.
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