Defensores ambientales llegan a Lima para exigir protección ante amenazas y criminalización

Por Lucía Castro

En riesgo por defender la vida y la naturaleza. Más de 90 defensores y defensoras de 20 regiones del país se encontraran en Lima del 7 al 9 de julio en el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, un espacio donde exigirán garantías frente a la violencia, el hostigamiento judicial y las amenazas de muerte que enfrentan por proteger sus territorios y recursos naturales.

El encuentro es organizado por la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú bajo los lemas «Perú, te quiero, por eso te defiendo» y «Justicia para Defensores y Defensoras». En esta actividad se busca visibilizar las luchas territoriales y denunciar la creciente criminalización que enfrentan estos líderes y lideresas, que no solo pone en riesgo sus vidas, sino también la de sus familias.

Según Global Witness, el Perú es el sexto país más peligroso del mundo para los defensores ambientales, con más de 50 asesinatos en la última década. La Defensoría del Pueblo ha registrado, solo en lo que va del 2024, al menos 39 casos de amenazas, agresiones físicas y procesos judiciales dirigidos contra estas personas.

La realidad es más crítica en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde al menos 226 defensores ambientales se encuentran en riesgo por enfrentarse a mafias vinculadas a la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico, en territorios donde el Estado se muestra ausente.

Criminalización y casos emblemáticos

Durante el encuentro, los defensores también pondrán sobre la mesa casos representativos de afectaciones a sus derechos. Uno de ellos es el caso de Cotabambas, Apurímac, donde 11 comuneros fueron absueltos tras más de 10 años de un proceso judicial impulsado sin pruebas sólidas. Su único ‘delito’ fue oponerse al proyecto minero Las Bambas que ha dejado graves daños ambientales en la zona.

En Cajamarca, el recuerdo del conflicto contra el proyecto Conga sigue vivo. A pesar de que las protestas contra este proyecto, en 2012, terminaron con cinco personas asesinadas por la represión policial, hasta hoy no hay responsables sancionados. El pasado 1 de julio, el Juzgado Unipersonal de Celendín declaró la prescripción del proceso penal contra los mandos policiales a cargo de la represión, aunque el juez reconoció el uso desproporcionado de la fuerza.

En Chaparrí, Lambayeque, la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, que protege la primera Área de Conservación Privada del país, vive bajo amenaza de mafias que buscan apropiarse de sus tierras. Su presidente, Edivar Carrasco, ha recibido al menos siete amenazas de muerte.

En Cusco, la comunidad de Urinsaya enfrenta una criminalización alarmante. Diez comuneros son acusados por la empresa Las Bambas de secuestro, y la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 30 años de prisión, en un proceso cuestionado por falta de pruebas.

Por una agenda de protección

El III Encuentro Nacional no solo servirá para visibilizar estas historias, sino también para construir propuestas. Durante tres días, los defensores y defensoras debatirán sobre los vacíos legales que los desprotegen y elaborarán una Agenda Nacional 2025-2026 con estrategias para garantizar su seguridad y sus derechos.

Además, sostendrán reuniones con representantes del Ejecutivo, la OACNUDH, la Unión Europea y otros organismos internacionales. El evento culminará el 9 de julio con una conferencia de prensa donde presentarán sus demandas y propuestas para que la defensa de la vida y la naturaleza no siga siendo una sentencia de muerte en el Perú.

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