Abogados sustentaron la inconstitucionalidad de la Ley Forestal ante el Tribunal Constitucional

Las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Forestal o popularmente llamada ‘Ley Antiforestal’ (Ley 31973) quedaron en espera de la resolución del Tribunal Constitucional (TC). Organizaciones ambientales, abogados y líderes indígenas afirman que esta ley impulsa la deforestación y atenta contra el derecho de pueblos originarios.

El Colegio de Sociólogos del Perú región Lima y Callao, el Gobierno Regional de San Martin y el Colegio de Abogados de Lambayeque sustentaron ante el TC las tres demandas de inconstitucionalidad contra esta cuestionada ley que fue aprobada en enero de 2024 por el Congreso, y su debate duró aproximadamente 10 minutos.

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo en la audiencia que la ley elimina la zonificación forestal que indica los bosques aptos para explotación y también suprime la clasificación de tierras. Según Ruiz, esta medida es preocupante, ya que Perú pierde anualmente 150 mil hectáreas de bosque.

Además, los demandantes argumentaron que la ley no fue sometida a consulta previa, ignorando la opinión de las comunidades indígenas. Esta omisión, advierten, podría poner en riesgo el patrimonio forestal del país, afectando bosques, cabeceras de cuencas y biodiversidad. Líderes de comunidades también expresaron sus preocupaciones durante la sesión.

«Esta modificatoria ya está promoviendo la destrucción de los bosques amazónicos y también pone en peligro la vida de los pueblos indígenas en aislamiento (PIACI). Pero también pone en riesgo la vida de muchos defensores ambientales», señaló el apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP.

Ketty Marcelo, presidenta de la Onamiap, manifestó: «Ya no queremos más destrucción, no queremos actividades ilegales en nuestros territorios, queremos vivir en armonía y respeto a la madre naturaleza».

Por su parte, Ruiz recordó que el artículo 66 de la Constitución establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su uso, razón por la cual considera que la Ley 31973 es inconstitucional.

En defensa de la Ley Antiforestal estuvieron el procurador del Congreso, el presidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera Sostenible, Ledgard Arévalo y el abogado Lucas Ghersi, del Estudio Ghersi Abogados, defensa legal de la empresa de palma aceitera, Ocho Sur P.

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