Mediante acción de amparo, abogado Walter Ayala pretende que se retiren carteles que favorecen candidatura de Keiko Fujimori, pues vulnera principio de igualdad en Elecciones 2021.
Redacción Wayka
El abogado Walter Ayala, exdirector de ética del Colegio de Abogados de Lima, interpuso una acción de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) porque incumplieron con su función al permitir que paneles de la empresa Punto Visual, que favorecen candidatura de Keiko Fujimori, continúen en las calles.
En el documento, explica que ambas entidades electorales no ordenaron el retiro de los avisos publicitarios a pesar de que estos atentan contra el derecho al voto informado de todos los peruanos.
«(Vulnera el derecho) a la no interferencia en la voluntad popular electoral, se vulnera severamente los principios democráticos a la igualdad en la competencia, a la no discriminación, a la transparencia en el financiamiento», explicó.
De admitirse la acción de amparo, el JNE deberá ordenar a la empresa Punto Visual que retire los carteles sesgados a favor de Fujimori. En tanto, también tendrá que instar a la ONPE a que investigue quién financia realmente los anuncios de Punto Visual.
En ese sentido, tendrá que sancionar al responsable, según lo que indica la Ley de Partidos Políticos, pues el grupo político beneficiado con los paneles, en este caso Fuerza Popular, estaría coordinando con el o los financistas para favorecerse mediante los avisos.
EMPRESA HABR´IA MENTIDO
Tras los señalamientos en redes sociales y medios de comunicación contra los avisos publicitarios, la empresa Punto Visual reveló que son ellos los que financian los paneles y que ninguna persona ni empresa les paga por ello.
Sin embargo, para el abogado Ayala, tal versión sería falsa, pues la empresa no estaría en condiciones económicas para poner a disposición sus paneles, ya que pidió financiamiento al programa Reactiva Perú.
«Señor Juez, su despacho debe tener presente que en esta segunda vuelta electoral deben ser dos y no tres los que estén en campaña electoral; sin embargo, con la actuación de este tercer actor ilegitimo (grupo económico de poder) existe un desequilibrio en la igualdad de competencia», sustenta Ayala en su demanda.
