Desalojo inminente: familias de Morococha claman por reasentamiento digno a minera Chinalco

“Queremos ser reasentados dignamente”, insistieron las familias de la antigua Morococha (Yauli, Junín) quienes lanzaron un llamado urgente de ayuda en una conferencia de prensa realizada este 18 de septiembre. Los ciudadanos denuncian que el Poder Judicial ha ordenado su desalojo en favor de la empresa minera china Chinalco. Entre lágrimas, la representante de las familias, Yolit Alejo advirtió que no se oponen a dejar sus hogares, pero exigen un traslado seguro, sin riesgos para sus hijos y adultos mayores.

El Juzgado Mixto de La Oroya declaró infundada la oposición presentada por estas familias contra la medida cautelar de desalojo, fijada para este viernes 19 de septiembre. Con ello, cinco hogares serán expulsados en un proceso que abogados y organizaciones califican de irregular e inhumano. “Nos dejan a la intemperie, en medio de escombros y sin servicios básicos”, señalaron los afectados.

El proyecto cuprífero Toromocho, operado por la minera Chinalco, implicó el desplazamiento de unas 5 mil personas de Morococha. Sin embargo, un pequeño grupo resistió debido al incumplimiento de compromisos. “Se prometió que los campamentos de trabajadores estarían en la nueva ciudad de Morococha y que habría empleo preferente para los reasentados, pero nada de eso se cumplió”, explicó Edwin Alejandro, ingeniero ambiental de Red Muqui.

Riesgos ambientales y de salud

Las familias advierten que se les pretende enviar a Carhuacoto, una zona con presencia de metales pesados y riesgos ambientales. “Es más peligroso vivir allá que en la antigua Morococha”, alertó Alejo. “Queremos un reasentamiento digno, no una condena a enfermarnos por contaminación.”

El abogado Carlos Castro cuestionó duramente la decisión judicial. “Estamos ante una violación al derecho humano al reasentamiento. La ley 29869 establece que quienes viven en zonas de riesgo no mitigables deben ser trasladados a lugares seguros. El desalojo no es reasentamiento, es destierro”, afirmó.

Castro recordó que la antigua ciudad fue declarada zona de riesgo no mitigable, lo que implica que el terreno no puede ser objeto de acciones judiciales civiles ni transferencias privadas. “Sin embargo, se vendió a Chinalco y ahora el Poder Judicial asume competencias que corresponden al Ejecutivo. Es un precedente nefasto”, advirtió.

Testimonios de resistencia

Uno de los representantes de las familias, Elvis Atachahua, relató la incertidumbre que enfrentan. “Hemos asistido a mesas de diálogo en Huancayo, hemos pedido reunión con el Ministerio de Energía y Minas, pero no hay respuesta. Nos notifican desalojos mientras el Estado guarda silencio.”

Los vecinos también denunciaron hostigamientos. “La minera ha volado dinamita a pocos metros de nuestras casas, presionando para que nos vayamos. Pero no nos han regalado nada, nuestras casas las construimos con nuestro propio esfuerzo”, dijo Atachahua.

“Estamos con las horas contadas”

Durante la conferencia, la desesperación fue evidente. “Hay niños, ancianos, familias enteras que no tienen dónde ir. Pedimos el apoyo de la prensa, de congresistas, de la Defensoría del Pueblo. No nos pueden condenar a la calle”, imploró Alejo. Contó que la empresa les cortó la luz y que muchas familias tuvieron que salir a buscar trabajo lejos para sobrevivir, mientras sus hijos cargan con graves consecuencias en la salud: “mi hijo ha salido con plomo en la sangre y la empresa hace oídos sordos”, denunció.

La ciudadana agregó que cada intento de diálogo con Chinalco fue rechazado y, por el contrario, respondió con hostigamiento y criminalización: “a mí me han denunciado y estuve detenida por la empresa dos días, me han hecho de todo”. Con la voz quebrada, sostuvo que nunca les ofrecieron trabajo, que sus animales y medios de vida fueron afectados, y que lo único que pide ahora es justicia por un reasentamiento digno: “nosotros hemos estado antes que la empresa, ¿qué va a ser de nuestras vidas?”

Organizaciones como la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) del Arzobispado de Huancayo acompañan el caso. “Cada familia tiene una dignidad que no puede ser vulnerada. Lo que hoy enfrentan es una violación flagrante a sus derechos más básicos”, señaló Widmar Ávila, representante de Passdih.

El desalojo ha sido ordenado como medida cautelar, sin sentencia de fondo. “Es irreversible: si se ejecuta, las familias quedarán en la calle y no habrá cómo reparar el daño”, explicó Castro. El riesgo es mayor considerando las condiciones climáticas de la zona: a más de 4.400 metros de altura, los pobladores quedarían expuestos al frío extremo sin refugio alguno. “Es condenarlos a la muerte lenta”, denunció el abogado.

Un Estado presente solo para reprimir

A pesar de la gravedad, el Ejecutivo ha permanecido ausente. “Desde 2021 pedimos la aplicación de la ley de reasentamiento, pero no hubo respuesta. Hoy, en lugar de cumplir con ese deber, se avala el desalojo en favor de una minera”, sostuvieron los pobladores.

Las familias de Morococha solicitan al Ejecutivo detener el desalojo programado y garantizar un reasentamiento justo y digno. “No pedimos favores, pedimos que se cumpla la ley y que se respete nuestra vida”, concluyeron entre lágrimas.

Por: Silvia Bardales Q.

¡Tu apoyo es esencial para que Wayka continúe haciendo periodismo crítico contra la corrupción política y la desinformación de la prensa tradicional!

Nuestra independencia solo es posible porque no recibimos publicidad de empresas, ni financiamiento de políticos ni de ningún gobierno. En cambio, los seguidores como tú son el motor que sostiene nuestro trabajo.

Con tu aporte, defendemos los derechos humanos y la democracia para los peruanos de a pie; enfrentamos a políticos corruptos, empresas abusivas, la violencia contra las mujeres, la depredación ambiental y el racismo.