¿A quiénes protege la Policía? Un informe revela que por más de 20 años, efectivos policiales han prestado servicios como agentes de seguridad privada de empresas extractivas. Ese conflicto de interés resultaría aún más grave en contextos de movilización social y protesta.

Redacción Wayka

Se trata de 138 convenios suscritos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y empresas extractivas entre 1995 y 2018. De ese total, son 29 convenios los que actualmente se encuentran vigentes.

Estos han sido analizados en un informe realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRights International.

Entre las empresas que contrataron a la PNP para recibir servicio de seguridad privada están la Minera Antamina, la Minera Yanacocha, la Minera Las Bambas, Doe Run, Petroperú y Southern.

Las consecuencias

El informe mencionado identifica problemáticas que se derivan de los convenios entre la PNP y las empresas extractivas. Una de ellas es la privatización y mercantilización de la función policial.

«La conducta discrecional de la PNP, que se aroga la capacidad de comercializar sus servicios, es arbitrara y, por tanto, insconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico», se señala.

Además, se precisa que «los convenios representan una actividad empresarial estatal no permitida». Después de todo, como indica el informe, existen numerosas empresas privadas que podrían brindar seguridad a las empresas extractivas.

Las principales víctimas

El mayor impacto de los convenios entre la PNP y las empresas extractivas resulta ser la vulneración a la garantía de los derechos fundamentales. Se trataría de servicio policial comercializado en perjuicio del interés público.

Se resalta en el informe los casos en que existe un contexto de conflictividad social ambiental.

Ahí resultan más afectados quienes «viven en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos, y, de manera particularmente grave, a los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente».

Es así porque, finalmente, el privilegio económico y social de las empresas extractivas les permite obtener mayor seguridad, frente a los pueblos indígenas que frecuentemente se oponen a los proyectos de estas empresas.

Y el Estado, encargado de garantizar la seguridad ciudadana de todos los peruanos, demuestra así su preferencia por las empresas extractivas y sus trabajadores.

Los convenios en cifras

Del total de 138 convenios:

  • 65 convenios tienen duración de un año; 54 convenios tienen duración de dos años y 3 son de vigencia indefinida.
  • 14 convenios establecen renovación automática (en la práctica, es algo recurrente pese a que no figure en el convenio).
  • 78 convenios establecen un número de efectivos policiales entre 2 y 32; mientras que 6 convenios requieren de 50 a 140 efectivos.
  • 27 de los 29 convenios vigentes establecen un pago de $3.12 (S/. 10.54) para los policías.
  • Más del 50 % de convenios especifica que la PNP recibirá un pago aparte del realizado a los efectivos policiales.
  • Entre 2010 y agosto de 2018, la PNP recaudó más de S/ 45 millones por concepto de convenios de servicios policiales extraordinarios.
  • 114 convenios indican que efectivos policiales deben utilizar uniforme del reglamento de su Dirección Policial.
  • 96 convenios establecen que personal policial debe utilizar armamento reglamentario brindado por la PNP.