Redacción Wayka
Mediante el Decreto de Urgencia nº 067-2021, publicado hoy en El Peruano, el Poder Ejecutivo a dispuesto un apoyo económico excepcional y único a las familias de los jóvenes fallecidos durante las protestas contra el gobierno de facto de Manuel Merino y el Paro Agrario que se registraron en noviembre y diciembre de 2020, respectivamente.
Como se recuerda, Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron los dos jóvenes asesinados durante las marchas contra el gobierno de facto de Merino. La Fiscalía continúa a la espera de que la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía (DINI) entregue información clave sobre los policías que estarían involucrados en las muertes de ambos.
Mientras que en las protestas del Paro Agrario, perdió la vida Jorge Muñoz tras recibir un impacto de bala proveniente del arma del policía José Hoyos, según un peritaje balístico del Ministerio Público. A pesar de esto, el PNP Hoyos continúa prófugo.
Por otra parte, el policía Víctor Bueno Alva continúa ejerciendo funciones a pesar que una pericia forense determinara que la bala de su arma fue la que mató a Reynaldo Reyes. En el caso del adolescente, no se ha podido encontrar casquillos de bala para determinar la causa de su muerte por lo que su familia también continúa esperando justicia.
El Gobierno especifica que este apoyo económico no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. «Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales del personal de la Policía Nacional del Perú», señala el artículo 2 del decreto.
La entrega del subsidio se estableció luego de la Comisión Multisectorial para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones contra Merino y el Paro Agrario, identificara «una situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran las familias de las personas fallecidas en las referidas movilizaciones».
