«La empresa Petroperú ha venido acá prácticamente a abusarse de nosotros descuidando su tubería que ellos no la han mantenido, a causa de eso nosotros estamos sufriendo».
César Mozombite, CN Cuninico en referencia al derrame del 2014 (tomado del reportaje de radio Ucumara, marzo de 2021).
«Para nosotros el oleoducto no ha sido un beneficio, sino muerte», Galo Vásquez, CN Cuninico en referencia al derrame del 2022 (tomado de Mongabay Latam).
El 22 de junio del 2014 se derramaron 2358 barriles de petróleo en la quebrada del río Cuninico, parte de la cuenca del río Marañón, ubicada en el distrito de Urarinas, departamento de Loreto.
La impunidad frente a los hechos que contaminan o que degradan los territorios son una muestra de violencia y desprecio a la vida que los territorios impactados sostienen. Sin compensación ambiental (física, biológica y social), reparación, investigación y sanción a las personas o instituciones responsables (en cumplimiento de la normativa), este desprecio institucionalizado por el Estado se convierte en inmunidad a favor del ejercicio de poder de quienes contaminen; menosprecie sobre territorios, cuerpos, ecosistemas y en general, sobre la vida que de manera ignorante no valoran y de manera consciente rechazan.
El derrame se habría iniciado en el kilómetro 41+833 del tramo l del Oleoducto Norperuano. Ocho años después, el 16 de septiembre de este año, se ha producido un nuevo derrame en la misma quebrada (kilómetro 44), de amyor magnitud según manifiestan las personas que habitan el territorio impactado. Este derrame tiñe de negro nuevamente un ecosistema ya afectado y que aún no se recupera. Su territorio es nuevamente violentado por la contaminación, un territorio que aún no muestra rezagos del derrame del 2014 que de manera impune permanecen y afectan la vida de las familias. Hoy con el nuevo impacto estas afectaciones se profundizan.
La vida de las familias de las comunidades nativas en la Amazonía y en particular de la quebrada de Cuninico, se desarrolla alrededor del río, por tanto el agua es el servicio ecosistémico más importante y el que sostiene la vida en la Amazonía. Tanto es así que la Ley de Recursos Hídricos reconoce las aguas amazónicas como un bien público vertebrador de la biodiversidad, fauna, flora y de la vida humana en la Amazonía.
En el derrame del 2014 se identificaron por lo menos seis aspectos que han generado una variación en su bienestar por el acceso al agua contaminada: agua para uso humano (agua para consumo, limpieza personal, limpieza en la vivienda, cocción de alimentos; entre otros), agua para actividades productivas y autoconsumo (crianza de animales menores, agricultura, pesca; entre otras), salud (enfermedades por consumo de agua, salud mental; entre otras), actividades recreativas, relación con el ecosistema, aspectos culturales, y al suelo que afectó su provisión de plantas medicinales y recolección) supusieron una disminución de más del 80% de lo que era su fuente de consumo y venta, principalmente la pesca, antes del impacto. Hoy, con esta nueva contaminación, lo que les trae el oleoducto es la muerte, en palabras del líder indíggena Galo Vásquez.
Los derrames de petróleo han generado «necesidades» que antes no tenían, como el hecho de acceder a mercados y la necesidad por ello la renta para poder suplir el alimento de sus familias. Es difícil para el Estado reconocer el nivel del impacto en la vida de los ciudadanos indígenas, quienes en una encuesta realizada el 2021 mencionaban que deseaban continuar viviendo en sus comunidades en un 98% por los lazos culturales, por la pertenencia a su territorio, por sus costumbres. Sin embargo, la contaminación y sus efectos están presentes en todas sus respuestas referidas al futuro: el 57% del total de familias entrevistadas cree que la CN no funciona a causa de la contaminación (38,5%), la escasez de alimento (28,2%) y la carencia económica (24,8%).
No podemos permitir un Estado ausente, no podemos permitir que noticias como estas no sean un escándalo, muchas veces las personas minimizan los impactos sobre el ecosistema aduciendo que son ellas mismas, las personas que viven allí las que se autocontaminan; sin embargo, en el caso de Cuninico en 2014 se logró acreditar legalmente que fue responsabilidad de Petroperú el derrame, por falta de mantenimiento del oleoducto (R.D. No 0844-2015-OEFA/DFSAI). Lo cierto; además, es que OSINERGMING informó a IDL en agosto del 2021 que Petroperú no ha hecho mantenimiento integral y completo al oleoducto.
¿Qué toca ahora? Dar auxilio inmediato a las comunidades que llevan varios días sin agua, sancionar a los responsables y atender en los aspectos de salud, económicos, sociales a las familiares perjudicadas y ambientales a su territorio. Es prioritario dar mantenimiento integral al Oleoducto Norperuano, que tiene más de 40 años de antigüedad, con un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que tiene casi 30 años (año 1995) y adecuar la gestión integral del mismo con estándares óptimos. De lo contrario, estoy convencida que debe cerrarse la extracción de crudo que tanto daño está causando a las comunidades nativas, al ecosistema a la Amazonía. Y que en 40 años no se ha visto beneficio para las comunidades nativas.
