Sin actas ni firmas: la JNJ fuerza el regreso de Patricia Benavides con amenazas de intervención

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) parece dispuesta a imponer, a toda costa, el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación. Incluso si eso significa presionar, hostigar y amenazar a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sin cumplir los procedimientos mínimos de legalidad y transparencia.

La JNJ no solo ha emitido una resolución para reponer a Benavides, destituida en diciembre de 2023 por presuntamente liderar una organización criminal desde la cúpula del Ministerio Público, sino que .

Amenaza sin sustento documental

Desde la notificación de la resolución N° 231-2025-JNJ, Espinoza ha solicitado de manera reiterada a la JNJ la entrega de los documentos esenciales que sustenten la decisión: el acta de la sesión donde se votó la reposición de Benavides, las firmas de todos los consejeros participantes y el registro audiovisual completo de la sesión. Estos requisitos no son pedidos especiales, son obligaciones expresas según la Ley Orgánica de la JNJ y su reglamento interno.

Sin embargo, hasta la fecha, la Junta presidida por Gino Ríos no ha entregado ninguno de estos documentos. En su lugar, han emitido comunicados de prensa que, como ha advertido Espinoza en sus oficios, no tienen ningún efecto jurídico.

A pesar de esta grave omisión, la JNJ ha intensificado la presión. El 23 de junio, la Dirección de Procesos Disciplinarios —encabezada por Magnolia Martínez— dio a Espinoza un plazo de solo un día para entregar el cargo a Benavides, bajo amenaza de solicitar el uso de la “fuerza pública” si no cumplía la orden.

Ante ello, el vocero del Ministerio Público y el exfiscal supremo, Víctor Cubas Villanueva, cuestionó la orden de la JNJ remitida por Martínez Hidalgo, pues aseguró que la referida funcionaria “de tercer o cuarto nivel” no cuenta con “atribuciones ni autoridad para dirigirse al fiscal de la Nación”.

Un procedimiento en la sombra

El consejero de la JNJ, Francisco Távara Córdova, expresidente del Poder Judicial, reveló públicamente que se excusó de participar en la audiencia del 6 de junio donde se escucharon los descargos de Benavides. Según sus declaraciones, tampoco participó en la sesión donde se habría decidido anular la destitución.

El problema es que, hasta ahora, la única resolución notificada está firmada únicamente por Gino Ríos y no contiene detalles claros sobre la fecha, los argumentos discutidos ni las votaciones individuales de los demás consejeros.

Según información recogida por La República, dos consejeros que inicialmente mostraron reservas sobre la reposición de Benavides habrían sido presionados para firmar el acta y la resolución, lo que explicaría el silencio y las evasivas de la JNJ para entregar los documentos solicitados por la Fiscalía.

Uno de los consejeros que participó en la sesión habría confesado en reserva que la resolución que él revisó no hacía referencia a la restitución de Benavides como fiscal de la Nación, sino solo a su reincorporación como fiscal suprema titular.

“A mi me alcanzaron unos documentos en el ascensor, dijeron que era el tema de las Benavides, los revisé y allí no aparecía que regresaba como fiscal de la Nación. Lo que hablamos era que se le reponía como fiscal suprema titular”, reveló el testimonio recogido por La República.

La resistencia institucional del Ministerio Público

Frente a este escenario, la fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos demandan que se cumpla con los procedimientos legales. La Junta, integrada por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Espinoza, ha solicitado a la JNJ que aclare los efectos de la resolución, dado que en octubre de 2024 se eligió de manera válida y por unanimidad a Espinoza como fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027.

En respuesta, la JNJ solo ha insistido en sus amenazas. Por un lado, Magnolia Martínez, actuando como emisaria de la vicepresidenta María Teresa Cabrera, ha enviado sucesivos oficios a Espinoza exigiendo la inmediata reposición de Benavides, y por otro lado, hoy, 24 de junio, la misma JNJ ha enviado un oficio a las Policía Nacional para solicitar su intervención en este caso.

Ante ello, minutos más tarde, la fiscal actuó enviando un oficio al ministro del Interior, Carlos Malaver, que cualquier intervención de la Policía en el Ministerio Público «quebrantaría el orden institucional y constitucional».

Todas estas acciones de la fiscal se complementan con la admisión de la demanda de amparo presentada por la fiscal de la Nación al Poder Judicial contra seis de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que este organismo exigiera la restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

En esta demanda también solicitó el cese inmediato de la vulneración de sus derechos constitucionales, en particular aquellos relacionados con el ejercicio pleno de la función pública, la independencia funcional y el debido proceso.

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