Jueces cuestionan leyes que favorecen al crimen organizado, pero la Corte Suprema les pide acatar normas a pesar de las consecuencias

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió una nueva resolución respecto a las Leyes 32108 y 32138, que han beneficiado a organizaciones criminales. En esta ocasión, se pronunció por la posición de algunos magistrados que han cuestionado dichas normas aprobadas por el Congreso en complicidad del régimen de Dina Boluarte.

El pronunciamiento de la Corte Suprem ha generado cuestionamientos pues parecería dirigido a los jueces de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.

Ambos magistrados, al resolver solicitudes de archivo bajo las nuevas leyes, han señalado problemas en el proceso legislativo. Chávez Tamariz, por ejemplo, afirmó que la Ley 32108 carece de desarrollo en aspectos como la cadena de valor o la economía ilegal, motivo por el cual utiliza la Convención de Palermo para subsanar el vacío legal.

Por su parte, Concepción Carhuancho opinó que la norma parece ser una «ley con nombre propio» impulsada por el congresista Waldemar Cerrón.

A pesar de que estas normas benefician a presuntos delincuentes, la Corte Suprema, encabezada por César San Martín, considera inadmisible que los jueces tomen decisiones basadas en «razones subjetivas particulares». Argumenta que inaplicar estas leyes sin fundamentos constitucionales podría derivar en «activismo judicial».

La resolución, redactada por el juez Manuel Luján y suscrita por los magistrados César San Martín, Iván Sequeiros, Norma Carbajal y Saúl Peña, también reafirma que las leyes cuestionadas deben aplicarse en los procesos penales en curso. Aunque reconocen las «graves consecuencias sociales» derivadas de estas normas, señalan que fueron promulgadas dentro de las facultades “constitucionales” del Congreso.

Es importante mencionar que los jueces no son los únicos que han cuestionado dicha norma, sino también otras entidades que velan por la justicia en el país.

En agosto de este año, la Junta de Fiscales Supremos rechazó de manera unánime la Ley 32108, que modifica el Código Penal y otras leyes relacionadas con el crimen organizado, por considerarla inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo, debilitando la lucha contra las organizaciones criminales al reducir la definición del tipo penal.

Además, anunciaron que el Fiscal de la Nación presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, reafirmando el compromiso con la legalidad y los convenios internacionales ratificados por el Perú.

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