Anoche el pleno del Congreso de la República aprobó, con 82 votos a favor y 23 en contra, la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días en materia financiera, económica, tributaria, anticorrupción, modernización del Estado y de la violencia contra la mujer.
Sobre facultades tributarias
El pedido de facultades tributarias presentado por el primer Villanueva a fines de abril, como parte del paquete de facultades legislativas, era relevante por la muy baja y decreciente recaudación tributaria de los últimos años: 12,9% del PBI el 2017, una de las más bajas tasas de la región. A pesar de ello, las delegaciones aprobadas en esta materia han sido, según diversas fuentes especializadas consultadas, limitadas.
Son dos los principales aspectos que han sido dejados de lado en el dictamen aprobado anoche por el Congreso, según especialistas consultados por Wayka: la implementación de mejoras a las reglas de los contratos de estabilidad tributaria que tienen las empresas mineras, y la revisión del conjunto de exoneraciones tributarias o “gastos financieros” que, como se sabe, bordean los 16 mil millones de soles al año y que favorecen a sectores económicos específicos como la agroexportación, universidades privadas, banca y seguros, instituciones religiosas, entre otros.
“Los contratos de estabilidad tributaria originaron, por ejemplo, que Cerro Verde no pagara regalías entre el 2006 y 2013 con lo que el Estado y la región Arequipa dejaron de recibir aproximadamente 544 millones de dólares”, recuenta el economista e investigador de CooperAcción, César Flores Unzaga.
¿Hay alguna razón que explique esta restricción a legislar sobre los millonarios beneficios tributarios?
Conflictos de intereses congresales
“Claramente se trata de un pacto político entre el gobierno Vizcarra y el fujimorismo”, responde el economista y catedrático de la PUCP, Pedro Francke, a la pregunta sobre las probables causas del recorte significativo en las delegaciones tributarias aprobadas.
Según Francke, estas dilaciones no serían gratuitas sino serían producto de intereses particulares de varios congresistas del actual parlamento: “sectores fujimoristas particularmente interesados, como los agroexportadores del secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, las universidades-negocio con varios fujimoristas interesados como José Luis Elías o los Ramírez así como César y Richard Acuña, verán la manera de hacer que muera por inanición cualquier intento de recortar esos beneficios”.
El camino que seguirían los temas dejados de lado, iría por las respectivas comisiones de Economía y algunas otras relacionadas -como la Agraria respecto al de la ley de promoción agraria-, aunque sin muchas luces para los próximos meses: “el fujimorismo teniendo mayoría y control de estas comisiones, lo que va a hacer es simplemente no agendar o postergar las discusiones, para que las exoneraciones sigan adelante”, proyecta Francke.
¿Sobre qué podrá legislar el ejecutivo?
El Ejecutivo podrá elaborar proyectos legislativos relacionados con la ley del Impuesto a la Renta -aunque no para personas naturales que ganen menos de S/ 2075 mensuales-, así como en evasión y elusión tributaria.
Respecto a la elusión tributaria, es decir, el conjunto de prácticas que realizan grandes empresas para dejar de pagar impuestos de manera ilegal a través de empresas offshore, se levantaría la suspensión de la “cláusula general antielusiva” y en las próximas semanas se tendría que publicar su reglamento, “aunque habría que tener cuidado desde la sociedad civil porque quizá el reglamento tenga un contenido que haga menos efectiva la cláusula antielusiva pues ha recibido muchas críticas del sector empresarial”, advierte Flores Unzaga. Hay que recordar que el Perú es uno de los pocos países de la región que no cuenta con esta cláusula antielusiva activa.
También podrá el ejecutivo proponer la ampliación de beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal y aplicar medidas tributarias recaudatorias a juegos de casino, tragamonedas y juegos en línea, que como recordamos dejaban de pagar -según un estimado del MEF- unos 437 millones de soles.
“Estaremos atentos desde sociedad civil, pues es importante que el nivel de recaudación aumente en el país para poder atender diversas necesidades sociales y retos para el desarrollo que necesita el país”, advierte Flores.