Hasta el cierre de este reportaje, Joaquín Ramírez se resiste a desocupar los inmuebles a menos que los propietarios le paguen más de S/3 millones por supuestos daños y perjuicios.
Por Alvaro Meneses
El exsecretario y financista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quiere ser alcalde provincial de Cajamarca a toda costa. Sin importar, por ejemplo, que un espacio de su campaña, donde guarda pancartas, camionetas y pinturas para calcar su nombre por los muros de la ciudad, funciona en dos inmuebles que alquiló con engaños, según denuncian sus propietarios a Wayka.pe.
El 13 de julio de 2020, la familia cajamarquina Moncada Cerna firmó un contrato de usufructo para alquilar por 13 años dos de sus inmuebles con la Universidad Técnica de Cajamarca S.A del excongresista fujimorista Osías Ramírez Gamarra, y la empresa Lima Ingeniería y Construcción S.A.C de Joaquín Ramírez, actual candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca con el movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”. Ambas partes se conocieron a través de Albert Cabanillas Malaver, gerente deportivo de UTC.
Junto a su hermano, Joaquín Ramírez alquiló el Lote A2 que cuenta con dos edificaciones de 3 y 4 pisos respectivamente; y la Parcela N° 2 situada al lado, con construcciones de 5 edificios de 3 pisos cada uno. Se trata, en total, de un área de 22 mil metros cuadrados ubicada en el ex Fundo Vista Alegre, cerca al Gran Qhapaq Ñan de Cajamarca y a dos cuadras del Real Plaza de la ciudad.
Sin embargo, dos años después de la firma del contrato, la familia Moncada Cerna denuncia que el exsecretario fujimorista habría incumplido con gran parte de las cláusulas y que además se resiste a desocupar los inmuebles a menos que los propietarios le paguen más de S/3 millones por supuestos daños y perjuicios.
Wayka.pe accedió al contrato de alquiler y cartas notariales enviadas por la familia Moncada donde constan los incumplimientos de Joaquín Ramírez, actual candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca, quien promete desarrollo y progreso para la ciudad, mientras el Ministerio Público en Lima lo investiga por presuntamente lavar dinero del narcotráfico para las campañas electorales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
SIN PALABRA
Según establece el contrato, la familia Moncada aceptó rentar sus inmuebles a los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, dueños de Lima Ingeniería y Construcción S.A.C y la Universidad Técnica de Cajamarca S.A respectivamente, con la exclusiva condición de que se construya un “Proyecto Educativo y Deportivo” con “infraestructura idónea y plataformas virtuales de calidad que garanticen la prestación de un servicio educativo”.
Se trataba, en resumen, de un centro orientado a brindar educación básica regular, superior técnica, superior universitaria y de formación deportiva. Una de las cláusulas del acuerdo incluso precisa que los hermanos Ramírez “bajo ninguna circunstancia podrán dedicar, utilizar o destinar los inmuebles a un fin distinto del pactado en el presente contrato”.
Dos años después, no obstante, en los inmuebles no hay rastro del proyecto educativo prometido, mas solo un pequeño colegio que imparte primaria. En su lugar, según videos y fotos obtenidas por Wayka.pe, las propiedades de la familia Moncada han sido usadas como almacén de decenas de barriles de pinturas, camionetas pick up y mini van usadas para pintar murales con el nombre de Joaquín Ramírez y el logo del movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”.
Así consta también en una carta notarial enviada por la familia Moncada a los hermanos Ramírez el pasado 13 de julio de este año, a la que Wayka tuvo acceso. “A la actualidad, estos (los inmuebles) se usan con fines ajenos al objeto del contrato, esto es, como almacén de campaña del partido político “Cajamarca Siempre Verde” con motivo de la candidatura del representante de la empresa Lima Ingeniería y Construcción SAC (de Joaquín Ramírez)”, dice el documento.
Los hermanos Ramírez, según establece el contrato, también se habían comprometido a otorgar becas en el marco del “Proyecto Educativo y Deportivo” y entradas a los Moncada para los partidos del UTC. Ambos acuerdos, según la carta notarial, tampoco se cumplieron.
Otra carta notarial también da cuenta que los propietarios en reiteradas ocasiones buscaron sin éxito dialogar con Joaquín Ramírez y hasta les restringieron el ingreso a sus inmuebles. Además, desde inicios de 2021, según cuenta la familia Moncada, los hermanos Ramírez no habrían realizado los pagos mensuales de la renta que les corresponde, y hasta la fecha se rehúsan a desocupar los inmuebles.
En estos días, a través de Albert Cabanillas Malaver, gerente deportivo de UTC, la familia Moncada Cerna ha recibido un mutuo disenso; es decir la conformidad de las partes para disolver un contrato, a razón de que se le pague S/3,185,997.44 a los Ramírez para anular el contrato y devolver los inmuebles. Según el detalle revisado por Wayka.pe, S/1,415,888.86 sería para recuperar lo invertido en el supuesto proyecto, y otros S/1,769,998.58 por los gastos relacionados a impuestos, planillas, pago por usufructo, proveedores y servicios.
PELIGROSO ANTECEDENTE
Según denuncia la familia Moncada Cerna, Joaquín y Osías Ramírez también habrían modificado el contrato a sus espaldas para hacerse de sus inmuebles. Se trataría de nuevas cláusulas que aumentan de 13 a 15 años el tiempo de alquiler, que no precisa plazos para el inicio del “Proyecto Educativo y Deportivo”, y que establece que solo los Ramírez pueden anular el contrato. “Queremos que se vayan de nuestra propiedad, ya no queremos nada de ellos”, dice la familia a Wayka.pe.
Para el abogado José Ugaz, exprocurador anticorrupción especializado en derecho penal, se trataría de un presunto caso contra la fe pública. “Si bien parece un problema civil por incumplimiento de contrato, la presunta modificación del contrato a espaldas de los propietarios también podría configurar el delito contra la fe pública, es decir, falsificación. El propietario tendría que demandarlos por desalojo y daños y perjuicios”, opina Ugaz a Wayka.pe.
Un conflicto similar ocurrió en la región La Libertad, donde la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén pidió 6 años de prisión contra Joaquín Ramírez por presuntamente haber adulterado un certificado de posesión de un terreno de más de mil hectáreas. No obstante, justo en la etapa final del caso, el juez a cargo Ernesto Araujo Ramos fue encontrado muerto con una “hemorragia digestiva alta masiva, aspiración y asfixia”, según la necropsia.
Tras la siniestra muerte del magistrado, el caso volvió a foja cero y hasta la fecha, se espera a que el Juzgado de Investigación Preparatoria agende la audiencia para reiniciar el proceso. Por este sospechoso antecedente, los propietarios de los inmuebles que actualmente Joaquín Ramírez usa como local de campaña, temen por sus vidas. Por su lado, el exsecretario fujimorista no ha respondido a las solicitudes de entrevista de este medio digital.
