Por Álvaro Meneses
Fotografías: José Vidal
La muerte de los estudiantes Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez, y la situación de más de cien ciudadanos heridos no quedarán impunes. La Fiscalía buscará acceder al plan operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE) que estuvo a cargo del “control de disturbios”, para dar con los agentes que participaron de la represión policial.
El fiscal Yony Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, ya ha recopilado varias declaraciones de testigos y familiares, videos, historias clínicas e informes policiales de lo ocurrido en las calles de Lima del 10 al 15 de noviembre: una brutal represión policial contra la masiva manifestación que rechazaba a Manuel Merino de Lama y su gabinete.
En ese sentido, el fiscal Soto también busca el plan operativo de la USE-PNP para acceder a “la lista completa de agentes participantes en las acciones, por turnos y fechas, así como nombres de los jefes operativos”. Es decir, para intentar dar con los autores inmediatos del presunto delito de homicidio.

“En cada equipo, la dinámica se repartía entre un grupo de agentes que disparaba los perdigones, y el resto que los cubría con sus escudos. Una vez que la Fiscalía identifique a los equipos que estuvieron en las zonas donde murieron los jóvenes, darán también con el responsable de dicho grupo y hasta con los policías que dispararon”, explican a Wayka fuentes del Ministerio del Interior.
A la par, ya está en pie una denuncia penal contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, el general Jorge Luis Cayas Medina (jefe de Región Policial Lima), Orlando Velasco Mujica (director general de la PNP), por los presuntos delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, lesiones graves que dejaron dos muertos y cientos de heridos en las calles de Lima.
La denuncia fue presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones que la integran, como Demus, el Instituto de Defensa Legal, Fedepaz, Aprodeh, Comisedh, CEAS y Paz Esperanza.