A través de un colectivo conformado por empresarios vinculados a la industria de la madera, dos asesores parlamentarios de Fuerza Popular y un excongresista fujimorista buscan debilitar la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial.
Por Alvaro Meneses
Se hacen llamar la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDSL) y dicen promover una “Amazonía productiva”. Sin embargo, se trata de un grupo de empresarios vinculados a la industria de madera y cercanos al partido de Fuerza Popular, que ejercen lobby en el Congreso y el Gobierno para que se modifique la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en beneficio de sus negocios e intereses económicos, según denuncia la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
Desde sus inicios en agosto de 2020, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto impulsó una agenda en contra de la protección del medio ambiente y los pueblos indígenas. En un principio, se opusieron a que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca proteger a los defensores ambientales de América Latina y garantizar la transparencia, participación y justicia frente a actividades extractivas. Y posteriormente, se pronunciaron en defensa de Tamshi S.A.C, una compañía denunciada por deforestar alrededor de 2 mil hectáreas de bosque en la localidad de Tamshiyacu (Loreto).
No obstante, desde marzo de 2021 el objetivo de esta organización es otro: debilitar la Ley PIACI. Una norma que protege a las poblaciones indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial. Lo que implicaría evadir la Ley Forestal de Fauna Silvestre que prohíbe otorgar concesiones forestales en reservas protegidas o en trámite de serlo. Para ello, las cabezas de la Coordinadora junto a un grupo de operadores fujimoristas han realizado visitas a legisladores en el Congreso y autoridades del Ejecutivo pidiendo cambios a la norma.
SUS MIEMBROS
La cara más visible de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto es la de su presidente Christian Pinasco Montenegro, quien además es gerente en diversas empresas como Perseo Maquinaria y Servicios de Ingeniería SAC, Inversiones e Inmobiliaria Montenegro SAC, Hermes Inversiones y Servicios SAC, Consorcio Vías de Loreto y en CPM Perú Ingeniería y Construcción SAC.
Otro miembro de este grupo es Teodulfo Palomino Ludeña, quien a la par tiene negocios en la industria de la madera. El 23 de setiembre de 2020, según pudo verificar Wayka, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre emitió una resolución que autorizó la renovación de plantas de transformación primaria de productos forestales a la empresa LANC Forest SAC y Teodulfo aparece como representante de esa compañía.
Se trata de una concesión forestal vigente desde 2016, de un área de 5 mil hectáreas, ubicada en el caserío Leoncio Ramírez Castro, en el distrito de Yavari de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, y que se superpone al área de la reserva indígena en trámite Yavarí Mirim.
Teodulfo Palomino, además, postuló en 2018 a la alcaldía del distrito de Yaquerana, en la provincia de Requena. Y en 2020, el Área de Verificación y Control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE inició un procedimiento administrativo sancionador en su contra “por no presentar la información financiera de los aportes/ingresos recibidos y gastos efectuados” durante la campaña electoral.
Otros rostros visibles de la agrupación son José Antonio Soplín Ríos, empresario y exfuncionario de Petroperú S.A, y Salvith Ojanama López, una militante de Fuerza Popular.
En los últimos meses, según fotos de sus redes sociales y los registros de visitas del Parlamento, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto se ha reunido con congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Perú Libre y Somos Perú. En los últimos días, además, han llegado al premier Aníbal Torres y su ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra. El motivo, en todas las reuniones, fue el mismo: debilitar la Ley PIACI.
Detrás de esta organización, sin embargo, Wayka ha identificado un grupo de «operadores fujimoristas» en la sombra.
LOS OPERADORES
El pasado miércoles 18 de mayo, en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto del MINCUL donde se llevaba a cabo una mesa técnica con organizaciones indígenas sobre el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la Ley PIACI, se presentaron varios miembros de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, como Christian Pinasco y José Soplín. Y con ellos llegaron Manuel Noriega Tello y Augusto Cabanillas, ambos asesores del congresista Jorge Morante Figari de la bancada de Fuerza Popular.
El asesor parlamentario Manuel Noriega, en comunicación con Wayka, respondió que no pertenece a la CDL y que asistió a dicha reunión por una invitación que había recibido el congresista Jorge Morante por parte de la legisladora Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento. «Yo asistí en representación del congresista», dijo Noriega.
No obstante, según fuentes de las organizaciones indígenas, ambos serían los «operadores» en la sombra de este grupo y, como muestran las fotos, participan en reuniones de coordinación. El asesor parlamentario Augusto Cabanillas, incluso, aparece en las reuniones de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto con los congresistas José Jerí de Somos Perú y Waldemar Cerrón de Perú Libre llevadas a cabo el pasado jueves 26 de mayo.
Wayka accedió a un video que muestra el momento en el que Manuel Noriega intervino en la reunión del 18 de mayo pasado para poner en duda la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en la reserva indígena en trámite Yavarí Mirim. “Le estamos pidiendo (…) a ver si es que es verdad que hay pueblos (indígenas), pequeños grupos como lo definen, nómades o seminómades, que están andando de un lugar a otro en la Amazonía y que son no contactados o en contacto inicial”, dijo Noriega.
En 2018, cabe recordar, a través del Decreto Supremo N°002-2018-MC el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski reconoció la presencia de pueblos indígenas matsés, matis, korubo y flecheiro en situación de aislamiento ubicados dentro del ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim.
Manuel Noriega, además, fue asesor del Gobierno Regional de Loreto durante el periodo de Elisban Ochoa hasta agosto de 2021, cuando renunció tras conocerse una denuncia periodística que lo acusó de hacer uso indebido de maquinaria para el mantenimiento de una propiedad familiar. Y del 2016 al 2019, Noriega y el actual congresista Jorge Morante fueron asesores del exparlamentario Juan Carlos del Águila Cárdenas.
El excongresista fujimorista también sería otro personaje en la sombra de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto. En una foto a la que Wayka tuvo acceso, en el café Amazon Bistro de la ciudad de Iquitos, se ve a Juan Carlos del Águila con el presidente de la agrupación Christian Pinasco Montenegro, el asesor congresal Augusto Cabanillas, y su hermano Juan Manuel del Águila, actual jefe de la Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en Loreto.
Según su declaración jurada, del 2010 al 2014 Juan Carlos del Águila fue director de Amazonas Trading Perú SAC, una empresa peruana dedicada a la exportación de granos de cacao con más de 9 centros de acopios en el país y que exporta cacao en grano, entero, partido y tostado a Alemania, Suiza, España, Bélgica y Estados Unidos, según sus reportes anuales. El excongresista fujimorista, además, tentará con Fuerza Popular la presidencia del Gobierno Regional de Loreto en el proceso electoral de este año.
El Gobierno Regional de Loreto es un órgano público que sería clave para la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto, porque es la entidad encargada de otorgar concesiones forestales. De acuerdo a información del Ministerio de Cultura, desde octubre de 2015 que entró en vigencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que protege a las PIACI y a las comunidades en proceso de serlo, 43 concesiones forestales otorgadas por el Gobierno Regional de Loreto se ubican en las reservas indígenas Yavarí Tapiche y en Yavarí Mirim (en trámite).
La vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento, cabe recordar, consiste en la falta de inmunidad a los virus y enfermedades ausentes en sus territorios, lo que los hace altamente susceptibles al contagio masivo y la muerte. Ese fue el caso, por ejemplo, del pueblo indígena nahua de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti, ubicada entre Cusco y Ucayali, cuya situación de aislamiento se irrumpió en 1948 con la presencia de madereros en sus bosques. “En solo unos meses la población nahua se redujo casi a la mitad debido a los brotes de infecciones respiratorias a las que no eran inmunes”, apunta el etnobotánico y antropólogo médico Glenn Shepard en su estudio «Farmacognosia y los sentidos en dos sociedades amazónicas».
Frente al peligro en el que se encuentran los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, ORPIO ha denunciado ante la CIDH al Gobierno Regional de Loreto por otorgar concesiones forestales en territorios de reservas indígenas y se ha pronunciado en contra de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto. Según ORPIO, este colectivo busca beneficiar «sus propios negocios e intereses económicos sobre la base de la explotación de los recursos de forma indiscriminada».
