Por Álvaro Meneses
Tras quince días varados en la línea fronteriza de Perú y Brasil, ubicada a unos metros del Puente Iñapari de la región Madre de Dios, el cordón policial y militar a cargo del control migratorio fue penetrado por una caravana de cuatrocientos haitianos, entre niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas en sillas de ruedas, que buscaban llegar a Ecuador. El grupo de hitianos finalmente fue reprimido y expulsado del país.
Desde el sur de Brasil, cerca de 450 haitianos partieron de las ciudades de Sao Paulo, Porto Alegre y Santa Catarina y llegaron al Puente Iñaupari hace 15 días. En ese lugar fueron retenidos por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas del Perú hasta la mañana del pasado martes 16 de febrero, cuando la caravana logró ingresar a suelo peruano con el fin de llegar hasta Ecuador y seguir su ruta con destino a México, Canadá o Estados Unidos.
Reportes locales informan que el grupo de haitianos sale de Brasil por la crisis económica de ese país que los ha dejado desempleados y con bajos salarios. Como se recuerda, desde 2012 se intensificó la migración haitiana por su crisis económica agravada por el terremoto de hace 10 años y la pandemia del COVID – 19. Desde Lima, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exhortó al Estado peruano a no hacer uso indebido de la fuerza y garantizar un traslado humanitario.
Sin embargo, pese a la situación en vulnerabilidad del grupo de haitianos, las fuerzas del orden reprimieron con bombas lacrimógenas para posteriormente regresarlos a la línea fronteriza donde estuvieron por 15 días. En ese contexto, el alcalde provincial de Tahuamanu Iñapari, José Abraham Cardozo, solo declaró que se busca “asegurar la seguridad en la frontera”.
Para Marta Castro, coordinadora de investigación de la organización Equilibrium CenDE, este no es un caso aislado y dichas prácticas represivas ponen en riesgo a los refugiados. Hace apenas dos semanas, en la frontera de Tumbes con Ecuador, agentes del Ejército dispararon al aire con el fin de ahuyentar a un grupo de venezolanos que intentaba ingresar al país.
“Este tipo de prácticas son muy improvisadas y populistas, porque en la práctica es imposible controlar la totalidad de la frontera, la porosidad de la frontera hace que sea imposible y que siempre haya pases irregulares. Y la policía no tiene la formación ni herramientas para el control migratorio”, opina Marta Castro para Wayka.
Como se recuerda, desde el Congreso el parlamentario Hipólito Chaiña Contreras (Nueva Constitución) presentó un proyecto de ley que propone la expulsión inmediata de extranjeros indocumentados que además tengan faltas administrativas o procesos penales, así como nuevas medidas restrictivas específicamente contra el ingreso de ciudadanos venezolanos, pese a que los datos oficiales no muestran una relación directa entre la inseguridad ciudadana y la migración venezolana.
De acuerdo a la especialista en temas migratorios, las respuestas represivas en las fronteras y las leyes con mayores restricciones apuntan a criminalizar a los migrantes. “Se está poniendo al mismo nivel a una persona que entra al país por un pase irregular, con alguien que comete un delito. Cruzar la frontera por un pase irregular no está contemplado como un tipo de delito en la ley de migraciones de Perú”, enfatiza Marta Castro.