En Perú, las mujeres migrantes solo pueden acceder a servicios básicos como salud si tienen una residencia o nacionalidad peruana. Para tramitar los respectivos documentos, ellas tienen que casarse o probar que convivieron con hombres peruanos. Pero si esos hombres son los mismos que las agredieron, ¿cómo sobreviven en un país que supedita su derecho a la identidad a la voluntad de sus victimarios?

Los nombres de las mujeres y menores que aparecen en esta nota fueron cambiados para proteger sus identidades.

Por Nicol León

La firma de su esposo era indispensable para que Carla accediera a la nacionalidad peruana y a servicios básicos como atención de salud. Sin embargo, ese hombre era su victimario.

En 2012, seis años después de que migró de Argentina, ella ya había recolectado casi todos los requisitos para tramitarla.

—Pero uno de los requisitos que te pide el Estado es que tu esposo te firme y él dijo que no quería. Él dijo que no y yo no lo pude obligar. Ahí hubiera empezado a darme cuenta de todo lo que pasaba porque no tenía ningún motivo para negarse —cuenta hoy diez años después de aquel primer y único intento por obtener el documento nacional de identidad.

La negativa de Rafael —hombre peruano de 60 años— fue un episodio violento más de los que él venía cometiendo contra Carla desde 2007, cuando se mudaron juntos en Chiclayo, ciudad ubicada a 15 horas al norte de Lima.

Ambos se habían conocido un año antes, en un grupo de una red social conformado por miembros de una iglesia a la que asistían. Carla se había mudado al campo argentino y Rafael había quedado viudo y con tres hijos adolescentes. En 2006, él buscó a Carla en su ciudad. Conoció a su familia y le propuso mudarse a Chiclayo para casarse y formar una familia. Carla aceptó. Vendió su casa, su carro, sus bienes. Juntó 20 mil dólares y se despidió de su madre.

—Me pagué el pasaje. Vine hasta acá. Obviamente porque pensaba formar una familia. Él era líder en una iglesia. Él trabajaba en la parte administrativa de una iglesia. Se supone que tenía todos los valores morales que lo acreditan para estar en estos lugares —añade.

En febrero de 2007, Carla, con 40 años de edad, quedó embarazada. A partir de ahí, los ataques fueron continuos: insultos, gritos, humillaciones; días sin que Carla pudiera comer mientras lidiaba con un embarazo de alto riesgo.

La violencia doméstica no paró a pesar de que su hijo Luis fue diagnosticado con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

—Fueron años bastante difíciles. La verdad es que yo aguanté muchas cosas pensando que estaba formando una familia. Así que en ese momento no pude hacer mis documentos (para tramitar la nacionalidad). Total, yo seguía con el carné de extranjería. Lo estaba renovando todos los años —menciona.

Carla empezó a reconocer que era víctima de violencia basada en género cuando, en marzo de 2014, su agresor abandonó la casa donde vivía con ella y su hijo, y dejó de dar su firma, necesaria para que ella renovara la residencia por esposa de ciudadano peruano. Se dio cuenta de que estaba atada a la firma de su agresor. Sin su permiso, ella no podía actualizar su carné de extranjería. Sin un carné de extranjería, no podía recibir atención para su salud. Así vivió 8 años, tiempo en que fue acumulando enfermedades como diabetes, psoriasis, síndrome de colón irritable y glaucoma, una lesión en el nervio óptico.

—No aguanto a veces la luz. Me quedo toda la noche despierta lavando, ordenando, haciendo las cosas porque de ahí ya me duelen mucho los ojos. Entonces, casi no duermo. Me faltan un montón de dientes. Tengo un montón de muelas cariadas. Tengo un ganglio enfermo. Tomo metformina para la diabetes, pero no estoy controlada ni tengo una doctora que me esté viendo para ninguno de mis problemas de salud —cuenta mientras permanece en su cama, con los ojos cerrados, una tarde nublada.

Hace poco una amiga la inscribió en el Seguro Integral de Salud (SIS). Pero Carla cuenta que para ir a su cita debe elegir entre comprar la comida del día o cubrir el transporte para acudir al hospital, pues no cuenta con suficiente dinero.

Tampoco tiene con quién dejar a su hijo. En abril la Policía Nacional impuso una orden para que Rafael no se acerque ni a Carla ni al menor, luego de que intentó golpearla delante de su hijo una tarde en la que fue a dejar la pensión.

—Hay un momento en donde vos terminás estando sola. Después de todo lo que pasaste casada, terminás indocumentada y terminás aislada porque este señor le dice a las personas que me rodean que soy loca y alcohólica. Ellos buscan eso para que no tengas una red de apoyo y puedan seguir agrediéndote impunemente.  Ese hombre no para. Ahora, por ejemplo, volvió a amenazarme con quitarme a mi hijo —dice.

DEPENDEN DE AGRESORES

En el Perú, las mujeres migrantes con hijos peruanos solo pueden acceder a salud y otros servicios básicos si su situación migratoria es regular. Es decir, si cuentan con un tipo de residencia y con un carné de extranjería.

Como madres de niños o niñas peruanas, ellas solo pueden solicitar la calidad migratoria de familiar residente, que en teoría no requiere que ellas presenten las firmas de los padres de sus hijos, algo que la Superintendencia Nacional de Migraciones les pedía hasta antes de 2017, cuando se creó la nueva Ley de Migraciones.

Sin embargo, mujeres migrantes que han intentado tramitar este tipo de residencia aseguran que algunos servidores les siguen solicitando declaraciones juradas con la firma de ellos, a pesar de que son sus agresores. Dicen que lo hacen para corroborar que los padres de los menores tienen conocimiento del trámite.

“Entonces, ya no se pide una firma que acredite el vínculo familiar entre el hombre peruano y la mujer migrante. Ya no le tendrían que pedir al marido que vaya a corroborar que efectivamente son un grupo familiar. Pero una de las funciones de Migraciones también es supervisar todo el trámite y muchas veces piden pruebas adicionales (como la declaración jurada con la firma del esposo)”, explicó la abogada especialista en derecho migratorio Analí Briceño.

Es un proceso que estas mujeres deben seguir cada dos años, pues la calidad migratoria de familiar residente solo tiene vigencia durante ese periodo. En otras palabras, cada dos años, por pedido de Migraciones, corren el riesgo de que les pidan la firma de los agresores.

“Sí se requiere apoyo de parte del hombre para corroborar la unión de hecho como una declaración jurada o la presentación de documentación fotográfica, por ejemplo”, agregó.

Briceño aclaró que las mujeres migrantes con hijos peruanos también pueden solicitar este tipo de residencia presentando la partida de nacimiento del menor. El problema aquí es que, muchas veces, en contextos donde se sobrevive a violencia doméstica, los menores no son firmados por los padres.

“Ahora, de que puede tener problemas al momento de registrar al niño o niña, sí, porque muchas veces los padres, sobre todo cuando hay situaciones de violencia, no quieren ir a sentar a un niño y eso sucede en casos de mujeres peruanas o en caso en de mujeres extranjeras”, señaló.

También podrían solicitar la residencia por vulnerabilidad, para lo que necesitan demostrar que han sido víctimas de violencia basada en género con una denuncia formal puesta ante los operadores de justicia. Pero esta calidad migratoria dura hasta 2 años y, para renovarla, la víctima debe demostrar que sufrió violencia. Es decir, una mujer migrante tiene que narrar una y otra vez lo que sufrió, además de presentar documentos que respalden su testimonio.

Hubo un caso en el que negaron este tipo de residencia a una migrante víctima de violencia porque su esposo, quien la maltrataba física y psicológicamente, ya había fallecido.

Por estas circunstancias, las mujeres migrantes con hijos peruanos, víctimas de violencia de género, aspiran a la nacionalidad peruana. Aseguran que solo así no tendrían que acudir a Migraciones cada cierto tiempo ni tendrían que seguir viviendo con el temor de ser obligadas a depender de los agresores.

Pero el acceso a la nacionalidad se hace aún más inalcanzable que el acceso a la calidad migratoria de familiar residente. La abogada Briceño aclara que hay dos vías para lograrlo: por unidad familiar o por tiempo de residencia.

“Cuando es por unidad familiar, puede que esté casada con un peruano o que tenga vínculo con un niño o niña peruana. Ahí lo que hace Migraciones es pedir más documentos que corroboren esto. Te piden la partida de matrimonio legalizada o la partida de nacimiento legalizada. Luego, hay un proceso de evaluación, que no es tan grande en los procesos de naturalización por filiación o por vínculo con peruana o peruano, que me parece que son 4 meses de evaluación”, explicó.

Es decir, piden a la mujer que esté casada o, de lo contrario, que demuestre que convivió con un hombre peruano y para esto solicitan firmas y otros trámites que requieren de la participación de los agresores.

La otra vía para obtener la nacionalidad es probar el tiempo de permanencia en el Perú. Briceño advirtió que para esto Migraciones pide que la persona migrante haya residido en el país 2 años, con una calidad migratoria; así como demostrar que gana más de 13 mil dólares anuales. “Eso es más complejo definitivamente y el proceso de evaluación también se tarda más. Puede durar hasta un año”, precisó.

El abogado especialista en derecho migratorio Óscar Blancas, de la Clínica Jurídica Juan Germán Roscio, comentó que si la madre migrante de hijo peruano no tiene una calidad migratoria regular no puede acceder a servicios básicos como salud y tampoco puede trabajar.

“Encontrarse legalmente en el país le permitirá ejercer de manera adecuada la representación de su hijo y adicionalmente le brindará una regularidad migratoria que le dará la oportunidad de tener una condición estable en el país, que le permita velar por el interés superior de su hijo o hija”, aseguró.

HIJOS E HIJAS DESAMPARADAS

Luis pasó los primeros años de su vida internado en hospitales durante largos periodos. Carla, su mamá, cuenta que el menor solía sufrir epilepsias, diarreas y fiebres altas, por lo que fue atendido en Argentina, donde los estudios médicos determinaron que vivía con autismo.

Cuando retornaron a Chiclayo, Luis asistió a clases de estimulación temprana; luego a inicial de 3, 4 y 5 años, y primer grado de primaria.

—Con mucho esfuerzo terminamos ese año porque fue cuando él (Luis) empezó a sufrir crisis epilépticas y tuvimos que darle medicinas, hacerle estudios. Después hizo el curso de verano y empezó el segundo grado. No se adaptó. El papá dejó de pagar y perdió la vacante —recuerda Carla.

Luis tiene 14 años y no ha vuelto a pisar un aula de clases. Mientras tanto su padre, de 60, estudia psicología en la universidad.

Antes de que ingrese al segundo grado, el agresor pidió a Carla que firme una conciliación, en la que él se comprometió a pagar los estudios del menor. Luego, modificó el texto y afirmó que solo solventaría los estudios hasta 2014. Carla, sin asesoría legal, firmó.

—Fue una trampa que él hizo para no hacerse cargo del niño —asegura.

La pensión por alimentos y vivienda para el menor, así como sus medicinas y tratamiento para el autismo, epilepsias, las pagaría aparte.

Desde entonces han transcurrido 8 años y el ex esposo de Carla continúa pagando la misma cantidad de dinero por concepto de pensión. En ocasiones, no lleva las medicinas para su hijo a tiempo, lo que hace que Carla desespere, pues el adolescente corre riesgo de sufrir ataques de epilepsia y reaparezcan las comorbilidades que padeció cuando era niño.

En 2022, Rafael envió una carta notarial a Carla para comunicarle que no puede pagarle la pensión por la orden policial de no acercarse a ella ni a su hijo, luego de que intentara agredirla. Ella piensa que esto es ilógico, pues en anteriores ocasiones cumplió mediante terceras personas.

Carla ayuda a su hijo a leer y escribir en casa, a pesar de los males que padece.

Con el Seguro Social de Salud, ella podría ir al hospital, pero dice que con su hijo es imposible hacer una fila desde las 5:30 de la mañana para obtener una cita médica.

SIN ACCESO A SALUD

María —adulta mayor costarricense— enfrenta una situación similar a la de Carla. Pasó 35 años sin acceder a salud porque no tenía residencia. Llegó al Perú en 1983 y al poco tiempo su esposo, Juan Augusto Neyra, pastor evangélico de la iglesia Las Asambleas de Dios, desapareció su pasaporte y la agenda donde ella guardaba los teléfonos de sus familiares.

En 2018, luego de protestar frente a la sede principal de Migraciones con otras mujeres migrantes víctimas de violencia basada en género, le entregaron la residencia por vulnerabilidad, pero sería recién tres años después, en 2021, cuando la pudieron afiliar al Seguro Social de Salud (SIS).

Para ese entonces, María aún no sabía que tenía diabetes mellitus, dislipidemia mixta, neuropatía diabética, obesidad tipo 1 y fibrosis pulmonar.

—Tuve una reunión con una congresista que llamó y ahí nomás preguntó. Dijeron “a ella le toca ir al SIS de Villa El Salvador”. Yo dije “¿qué?, ¿tan rápido?”. Y acá yo he ido a tramitar dos o tres veces y nunca han venido ni a visitarme ni a verme. ¿Ves? Hay que tener influencias, sino no puedes tener nada tú. A veces no sé ni cómo entender estas cosas —reclama.

Aún así, con el SIS habilitado, aunque María quisiera, no podía acceder a servicios de salud, pues su carné de extranjería por vulnerabilidad estaba vencido. Durante 2021, insistió para que se lo renueven, pero le respondieron que ya no podían darle la residencia por esa calidad migratoria, pues ella ya no era víctima de violencia, ya que su esposo había fallecido.

Tras hacer una denuncia en medios de comunicación, en marzo de 2022, logró renovarlo. 

Con su nuevo carné de extranjería, aprovechó para acudir al hospital y pedir tratamiento para su diabetes mellitus. Cuenta que le dieron pastillas para dos meses y que debe continuar visitando al médico. Sin embargo, en septiembre de este mismo año otra vez su carné vencerá.

—Para mí fue una gran sorpresa y otra vez me sentí en la calle. Otra vez, de nuevo quieren que vuelva a pasar de nuevo todo el mismo problema, todo el mismo proceso de nuevo— cuenta.

Julio, hijo de María, cuenta que la última vez que renovaron el carné de extranjería de su mamá un funcionario de Migraciones le dijo que, tras el vencimiento, tendrá que seguir los pasos de un video titulado “Cambio de calidad migratoria familiar de residente”.

—Les pregunté por qué solo el carné iba a durar 6 meses. Me dijeron que ellos me dirán qué es lo que tengo que hacer y me mandaron el video. Me dijeron que es sencillo. Yo pienso que lo es para cualquier persona que tiene dinero. Les vengo diciendo que el caso de mi madre es especial. Pero ponen más trabas —narró.

María no quiere quedarse sin carné de extranjería. Dice que lo necesita para continuar su tratamiento para la diabetes.

LEY MACHISTA

A partir de agosto de 2021, cuando el actual Congreso inició funciones, parlamentarios presentaron distintos proyectos de ley contra personas migrantes. Las iniciativas violan el derecho humano al refugio y promueven expulsiones que violan el principio de no devolución. Se alegan situaciones como que los extranjeros beben licor en la vía pública o conducen un transporte motorizado sin licencia.

Inés Agresott, fundadora de la colectiva Mujeres Migrantes Maltratadas, se pregunta por qué los congresistas crean estos proyectos de ley, pero no ayudan a mujeres como Carla y María para que obtengan la nacionalidad peruana.

En un cuaderno anotó los nombres de los 130 parlamentarios. Consiguió sus números de teléfono y pidió una reunión con cada uno. Les explicó la situación de las mujeres migrantes con hijos peruanos, víctimas de violencia basada en género. Pero no entendieron.

Su siguiente paso fue presentar ante la Superintendencia Nacional de Migraciones el proyecto de ley denominado “Ley que modifica la Ley de Nacionalidad para evitar discriminación en procedimientos de naturalización y promover la protección de ascendentes de hijos peruanos y de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género con consecuencias graves”.

Así, buscaba que el Estado peruano ya no pida a las mujeres migrantes víctimas de violencia basada en género ganar más de 13 mil dólares anuales como mínimo para obtener la nacionalidad. También pretendía que no se les exija casarse o convivir con los agresores para que les entreguen el documento nacional de identidad.

La propuesta de la colectiva Mujeres Migrantes Maltratadas fue sumar dos causales para adquirir la nacionalidad peruana: ser ascendente de hijo peruano y ser víctima o sobreviviente de violencia basada en género.

“El objetivo es velar por un trato igualitario para los ciudadanos extranjeros que buscan optar por la nacionalización o naturalización por razones de edad o ingresos. Asimismo, promover la protección de los ascendentes de hijo peruano y que las víctimas de violencia familiar puedan optar por la nacionalidad peruana y no sean expulsados bajo ninguna circunstancia del país o sean objeto de formas graves  de discriminación”, se lee en el documento.

El 12 de mayo de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica de Migraciones respondió a este pedido. La Subdirección de Gestión Técnica Migratoria señaló que la Constitución Política peruana, en su artículo 52, asegura que solo pueden adquirir la nacionalidad de los padres las personas nacidas en el extranjero, mas no al revés. Es decir, las madres migrantes no pueden obtener la nacionalidad peruana al demostrar que sus hijos son peruanos.

También aseguraron que no pueden otorgar la nacionalidad peruana a una víctima de violencia basada en género porque esta no las protegería frente a situaciones de vulnerabilidad. Añadieron que ya existen “otras vías directas de protección a los ciudadanos extranjeros víctimas de violencia basada en género”.

“Es falso que no nos protegería. Con la nacionalidad nosotras ya no tendríamos que estar constantemente renovando la residencia, que aún requiere en algunos casos que nos casemos con los agresores o presentemos declaraciones juradas con sus firmas”, respondió Agresott.

Contrario a lo que mencionó Migraciones, la Defensoría del Pueblo en su informe “Violencia basada en género contra mujeres migrantes en el Perú”, publicado en 2021, señala que entidades públicas como Migraciones, Defensa Pública, Policía Nacional y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) carecen de protocolos específicos para atender a mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia basada en género.

Estas entidades tampoco tienen un plan de articulación interinstitucional para recibir denuncias de violencia contra mujeres migrantes y refugiadas, ni realizaron capacitaciones a su personal en 2019 y 2020.

Acerca de los más de 13 mil dólares anuales que piden como sueldo a una mujer migrante para obtener la nacionalidad, respondieron que esta es “la cantidad suficiente para cubrir todos los gastos en los que podría incurrir un ciudadano extranjero”.

Concluyeron la respuesta afirmando que el Congreso es el ente que debería evaluar la solicitud de la colectiva para derogar la Ley de Nacionalidad.

VIVIR SIN IDENTIDAD

En septiembre de 2022 se realizará una de las audiencias finales del proceso de divorcio de Carla y Rafael.

Cuando la separación se concrete, Carla dice que ya no podrá solicitar la calidad migratoria de familiar residente. Se pregunta qué tendrá que hacer para ser regular en el Perú.

—Ahora ya me estoy divorciando. Mi calidad migratoria va a tener que ser diferente, pero ¿a qué calidad migratoria me voy? Porque yo no trabajo, no puedo trabajar porque estoy mal de mis ojos y de mi salud. Cuido todo el día a mi hijo. Aunque trabajara, te piden unos sueldos. Creo que son 4 sueldos mínimos lo mínimo que te piden para registrarte como trabajadora en Perú y te den la residencia laboral. Es una locura —reclama.

También en septiembre de 2022 María se quedará sin la residencia por vulnerabilidad que necesita para tratar su diabetes.

Su hijo y ella se preguntan qué deben hacer para no tener que realizar el mismo trámite cada dos años. Saben que la salida es la nacionalidad, pero también reconocen que es imposible obtener 13 mil dólares en un año.

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.