Además, para la reactivación del lote petrolero el Estado deberá asumir el Plan de Abandono para responder a las operaciones de Pluspetrol Norte que asciende a los 5 mil millones de soles.
El 28 de febrero del presente año se anunció la reactivación del Lote 192 ubicado en Loreto, considerado el lote petrolero más importante del país, mediante un contrato entre las empresas Perupetro y Petroperú que tiene una vigencia de 30 años. Esto ignorando gran parte de los acuerdos del proceso de Consulta Previa con las comunidades y de remediación de la zona por la contaminación petrolera.
Al respecto, durante el 2015, el Estado asumió la obligación de la remediación de las zonas afectadas mediante el “Acta de Lima” y la promulgación de la Ley 30321 que contempla la creación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental. Tras esto, se detectaron 32 sitios en estado crítico que adquirieron prioridad.
Sin embargo, según la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), pese a que se hicieron las licitaciones correspondientes para que diversas empresas realicen Planes de Rehabilitación, el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (PROFONANPE), a cargo desde el 2020, no ha conseguido que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) otorgue los recursos suficientes.
Cabe señalar que las federaciones denuncian además que los derrames de petróleo continúan pese a la inactividad, debido a la falta de mantenimiento y la antigüedad de los ductos, complicando el estado ambiental y sanitario en la zona y poniendo en riesgo a los pobladores.
Plan de Abandono le costará a todos los peruanos
Una exigencia adicional por parte de las comunidades y federaciones indígenas recae en el cumplimiento del Plan de Abandono por Cumplimiento de Contrato de Licencia que será asumido por el Estado a causa del impacto ambiental generado durante las extracciones de petróleo operadas por la empresa Pluspetrol Norte S.A.
Este Plan recoge el conjunto de acciones que debe realizar la empresa operadora para dar por concluida su actividad y abandonar las áreas de extracción previo a su retiro definitivo. Además, busca corregir cualquier condición adversa en el ambiente e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para su nuevo uso.
Según el informe que PROFONANPE envió a PUINAMUDT como parte del cumplimiento de un acuerdo de Consulta Previa, el costo para la aplicación del Plan supera los 5 mil millones de soles. Sin embargo, la empresa planteó responder solo con poco más de 5 millones de dólares y se han desaprobado 3 veces el instrumento de gestión ambiental que presentaron.
Ahora, tras haber desaprobado el instrumento en dos oportunidades al término del contrato, el Estado será el encargado de asumir el diseño e implementación del Plan para la remediación de los sitios afectados debido a lo señalado en el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 039-2014- EM) y su modificatoria (D.S. N° 023-2018-EM).
Tras todo lo mencionado, según lo publicado en la plataforma de PUINAMUDT, la Federación Indígena Quechua del Pastaza, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca de Corrientes y la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos “han advertido reiteradamente durante el 2022, mediante pronunciamientos de sus asambleas, que de no empezar con la remediación de sus territorios ni cumplir con los compromisos suscritos no permitirán el ingreso de ninguna nueva operadora”.
Además, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca de Corrientes ha exigido en un reciente pronunciamiento que los diálogos para la reactivación del loto deben permitir la participación ciudadana y de las federaciones, así como de su equipo técnico.