Hemos visto los cambios en el Gabinete y especialmente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a comentar un poco la situación actual y las perspectivas del Ministerio de Trabajo. En primer lugar, debemos señalar que la salida de Sylvia Cáceres resultaba necesaria e imprescindible. Se trata del fin de un ciclo pernicioso que ha reducido el rol de la autoridad de trabajo a niveles anodinos y vacuos. Ni siquiera la ola de desgracias que venían ocurriendo en materia de seguridad laboral logró sacarla de su intensa política de no hacer nada más allá de lo estrictamente necesario.

La pandemia, entre otras cosas, no solamente ha mostrado las desigualdades económicas y sociales, así como la generalizada precariedad laboral existente en nuestra sociedad; también ha dejado constancia de la extrema debilidad del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Uno de los ministerios con menos recursos, con empleados y funcionarios en pésimas condiciones laborales, con las oficinas técnicas desmanteladas y sin una voz clara que defienda su ámbito de actuación.

La ministra Cáceres era muy consciente de todo esto y decidió hacer poco o nada para cambiarlo. Maltrató cuando pudo a diversas direcciones porque pensaban distinto y se resistió todo lo que pudo cuando había que mejorar la fiscalización. Su gestión podría resumirse simplemente en hacer aquello que garantice un día más en el ministerio. La manera en que convirtió el “diálogo social” en cualquier cosa, excepto un mecanismo real de consensos, ha sido probablemente lo que quede de su legado. Se va sin pena ni gloria.

Un ministerio sin fuerza política

En segundo lugar, un signo claro de los tiempos que vivimos es haber convertido un Ministerio de Trabajo en una dependencia de perfil bajo sin peso propio. Antes, el ministro de Trabajo podía ser, a la vez, presidente del Consejo de Ministros o, por lo menos, un cuadro político de peso. Ahora, como vemos, se ha convertido en una suerte de “work and travel” interno para algunos jóvenes profesionales del sector privado.

Antes, los sindicatos eran consultados junto con los empresarios. Ambas partes tenían hasta cierto punto un veto. De esta manera, el gobierno podía disponer de un acuerdo previo que daba al titular de la cartera un margen de acción. Ahora, la debilidad de los gremios de uno y otro lado, los hace prescindibles.

Es cierto también que es una cartera difícil. Los abogados de ambos lados no ven ningún incentivo en asumir un encargo sin mucho respaldo que no tiene, en el corto plazo, posibilidades de buenos resultados. El ministro es bastante joven y tiene efectivamente muy poca experiencia -más allá de los esfuerzos que hagan los que escriben su hoja de vida- en el tema laboral. Nada en la gestión pública.

Los sindicatos a lo largo de la pandemia no han logrado presentar una propuesta consistente y como hace buen tiempo van actuando de manera reactiva. La pandemia esta golpeando el empleo formal, el empleo estable que es precisamente donde sobrevive el sindicalismo, por eso es imprescindible que tengan una voz más clara, más firme y centrada en los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras.

En tercer lugar, el nuevo ministro. Pues, como ya muchos han leído en las redes, es un joven abogado de empresas que hasta hace poco se ufanaba de resolver problemas con sindicatos y ver temas de ceses colectivos. Eso, que indigna a muchos, pues no debería llamar a extrañeza, es precisamente a lo que se dedican los abogados laboralistas que defienden a las empresas. Más allá de los detalles anecdóticos y los rumores que circulan por redes sociales, lo central aquí es el contexto de este nombramiento.

Se trata de una ficha puesta por Pedro Cateriano. El presidente del Consejo de Ministros es un conocido político enfrentado a fujimoristas y apristas; pero también es un convencido del modelo económico que construyeron los fujimoristas y apristas. Son las ambigüedades propias de la política peruana.

Con el nuevo ministro de Trabajo, Cateriano quiere recuperar el respaldo de la CONFIEP y de los grandes grupos empresariales. Veremos si ocurre. Los empresarios han venido pidiendo resultados concretos en materia laboral como ceses colectivos sin fiscalización, despidos a sindicalistas sin fiscalización y facilidades tributarias sin fiscalización. Ya vemos por dónde van.

Cumplir el petitorio de los empresarios es una jugada temeraria por sus imprevisibles consecuencias. ¿Podría desatar una protesta popular como en Chile? A la CONFIEP bien atrincherada en sus cuarteles esto poco le importa, pero al Gobierno tal vez sí. 

Más que la respuesta de las centrales sindicales será el ánimo de las calles -y redes sociales- lo que defina el espacio que tiene el nuevo ministro para hacer sus jugadas. En todo caso, queda claro que la política de sonrisas y fotos de la anterior ministra no da para más.

Finalmente, lo que requiere el mundo laboral es una figura que tenga peso político propio, capaz de articular espacios reales de diálogo. Con compromisos de todos los actores, para ir desarmando el legado institucional dejado por la reforma laboral de 1992. Lamentablemente Martín Ruggiero no es esa figura, sino la mejor expresión de la debilidad institucional del mundo laboral.

Sobre el autor: Carlos Mejía. Investiga temas del mundo laboral, género y organización gremial. Sociólogo (UNMSM) y Magister en Relaciones Laborales (PUCP). Especialidad en Derechos Humanos Laborales por la Universidad de Castilla La Mancha.