Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, transportistas, trabajadores de mesa redonda y familiares de víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte se han sumado a esta convocatoria.
A pesar del comunicado publicado por el Ministerio del Interior, en el que aseguran que los “gremios de transportistas formales” no acatarán el paro convocado para este miércoles, varios sectores han anunciado que se sumarán a un nuevo paro nacional que se ha convocado para este miércoles 23 de octubre por el Gremio de Transportes del Perú, como protesta ante la ola de extorsión y sicariato que se vive en el país y la respuesta insuficiente del gobierno actual liderado por Dina Boluarte.
El gremio de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde recientemente se realizó una medida de protesta por irregularidades presentadas en las elecciones decanales de la universidad, y en la que se registraron heridos producto del ataque de infiltrados en la medida, es uno de los gremios que ha mostrado su apoyo al paro, y que se sumarán a la protesta convocada para este miércoles.
Además, el gremio de empresarios de Gamarra y Mesa Redonda y la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres del 2022 y 2023, son algunos de los gremios que se han sumado a esta medida de protesta. Además se sabe que gremios de bodegueros, taxistas y mercados también acatarán el paro como apoyo a los pedidos.
Esta nueva convocatoria surge después del rechazo del Congreso de la República a cumplir con la derogatoria de la Ley N° 32108, que favorece al crimen organizado, y el archivamiento de los proyectos de ley sobre terrorismo urbano, que fueron las demandas de los gremios liderados por los transportista que ya se han movilizado en ocasiones anteriores sin respuesta del régimen actual.
Modificaciones en la Ley no son suficientes
Este 20 de octubre se promulgó el nuevo texto con las modificaciones de la Ley 32108, aprobada el 16 de octubre en el Congreso de la República con 81 votos a favor. Esto en medio de opiniones en contra que aseguran que la Ley no soluciona el problema de la criminalidad y la falta de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Dentro de los principales cuestionamientos se encuentran los procedimientos de allanamientos. Inicialmente la Ley estipulaba que el acusado tenía que estar en sobre aviso de dicha acción del Poder Judicial, si bien eso se ha modificado, el texto ahora sostiene que es obligatoria la presencia de un abogado del Ministerio de Justicia durante las diligencias, lo que sigue restringiendo la labor de la justicia, dada la escasez de abogados de oficio.
Además de ello, la ley ha mantenido fuera del concepto de crimen organizado delitos graves como corrupción, tráfico de influencias y colusión simple. Diversos congresistas, entre ellos Ruth Luque, han considerado esta ley como una forma de blindaje para la clase “política investigada”.
Los gremios también exigen el archivamiento del Proyecto de Ley que habla de Terrorismo Urbano, propuesto por el poder Ejecutivo como una de las medidas para enfrentar la ola de criminalidad del país, puesto que no se proponen medidas efectivas con soluciones reales y la norma podría ser criminalizante y vejatoria de derechos.
Línea 111 no es efectiva
Otra de las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo fue la creación de la línea 111, que según menciona el mismo portal del Gobierno, está destinada a “apoyar a las personas víctimas de extorsión, facilita la denuncia y ofrece orientación para salvaguardar la seguridad de los afectados y sus familias”.
Sin embargo, la medida, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 518-2024-MTC, ha presentado deficiencias, y múltiples quejas debido a que no se aceptan las denuncias, ni tampoco se brinda una buena orientación.
Recientemente, un informe de Wayka evidenció que la respuesta de la línea telefónica en mención es hostil, y no cumple con lo prometido por el régimen actual, ya que no se pueden hacer denuncias, y menos mantener el anonimato en la llamada lo que pone en riesgo a las víctimas que son amenazadas de muerte.
